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Equipo de Investigación de La Tribuna del País Vasco
Jueves, 7 de abril de 2016
“Caso De Miguel”, “Caso Noticias”, Bilbao Air…

Así es la corrupción que envuelve al PNV

Mil días lleva el lehendakari nacionalista Iñigo Urkullu al frente del Gobierno vasco y, al parecer, las principales acciones de su Ejecutivo a lo largo de este tiempo pueden resumirse en un pequeño documento de “Power Point” y en un pequeño vídeo propagandístico, tal y como los que él mismo ha presentado rodeado por una guardia pretoriana de varios centenares de cargos públicos nombrados a dedo. Y no le falta razón al presidente vasco. Realmente, la legislatura de Íñigo Urkullu puede resumirse en apenas un puñado de titulares: más recursos destinados para la imposición del euskera a los ciudadanos vascos, más recursos dirigidos a la fabricación de una falsaria memoria histórica que dibuja un pasado en el que “todos” los ciudadanos de Euskadi fuimos responsables de un terrorismo difuso de ETA cuyas víctimas se diluyen en un mar de victimizaciones que se extiende hasta la Guerra Civil y más allá y, sobre todo, más recursos para extender las redes del poder nacionalista a todos los rincones del entramado institucional autonómico.

 

Este último empeño, que persigue mantener la gigantesca maquinaria de poder ideológico y político que es el PNV con el apoyo de los recursos públicos, supone, como no podía ser de otra manera, la aparición de no pocos escándalos políticos, económicos y empresariales que afectan al núcleo duro del mundo nacionalista vasco.

 

Uno de los más sonados de estos escándalos es el que se conoce como el “caso Noticias”, en el que están implicados varios altos cargos del Gobierno de Iñigo Urkullu. Éstos, presuntamente, habrían pagado al Grupo Noticias, propietario, entre otros, de “Noticias de Guipúzcoa”, “Deia” y “Onda Vasca” y afín al mundo nacionalista vasco, una cantidad cercana a los 250.000 euros por publicar noticias políticamente favorables al PNV. Entre éstas, informaciones contrarias a la “Ley Wert”. Recientemente, el director de Servicios del Departamento de Educación, Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, José Manuel Bujanda, se ha sumado a la lista de investigados (antes, “imputados”) judicialmente por este caso. La jueza responsable de la investigación, María Eneida Arbaizar, acusa a Bujanda de “unos hechos constitutivos aparentemente de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación”.

 

Bujanda se une así al ex director de Comunicación de Urkullu, Iñaki Bernardo, y a los también directores de servicios de los departamentos de Administración Pública y Justicia, y Empleo y Políticas Sociales, Juan María Zubeldia e Iñaki Arrizabalaga, respectivamente, que también están investigados por esta causa.

 

[Img #8522]Por otro lado, el conocido como “caso De Miguel”, una trama de cobro de comisiones ilegales dirigida presuntamente por el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, se dilucidará próximamente en un juicio. La Fiscalía de Álava pide 54 años y 9 meses de cárcel para de Miguel, a quien acusa de una decena de delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Además, el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha solicitado la apertura de juicio contra un total de 26 personas, entre ellas, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también ex miembros del PNV alavés.

 

El juez Roberto Ramos culminó en su momento la instrucción del “caso De Miguel”, el mayor sumario por presunta corrupción instruido en el País Vasco hasta la fecha, afirmando que había quedado "indiciariamente acreditada" la existencia de "una trama organizada" en torno a Alfredo De Miguel para obtener irregularmente contratos y adjudicaciones de diferentes administraciones y de entes públicos gobernados por el PNV. Ahora, la Fiscalía ha insistido en esa idea y asegura que De Miguel ideó en una fecha "indeterminada", pero anterior a 2005, la creación de un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo para "obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas". El fiscal jefe de Álava dice que para ello se aprovechó de las "responsabilidades políticas y/o administrativas" que tenía por su pertenencia al PNV y que contó con la "ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados", "algunos de los cuales también tenían responsabilidades políticas”.

 

[Img #8524]Recientemente, el PP ha instado a la Fiscalía del País Vasco a abrir una investigación de oficio sobre la adjudicación de 200 contratos públicos por un importe superior a 65 millones de euros que se han concedido en los últimos años a empresas relacionadas con la familia del exconsejero de Interior y expresidente del Parlamento vasco por el PNV, Juan María Atutxa.

 

En concreto, el Partido Popular denuncia que distintas administraciones públicas han adjudicado contratos por importe de 40 millones de euros a las constructoras Ekin y Eraiketak, en las que, según los datos aportados por el secretario general del PP de Vizcaya, Javier Ruiz, han figurado como administradores en distintas etapas dos hermanos y dos sobrinos de Atutxa.

 

A estas adjudicaciones hay que añadir las recibidas por valor de 25 millones de euros por la consultora Ingeplan Consulting, en la que figura como presidente uno de los hijos de Juan María Atutxa y otro como secretario y consejero, mientras que hasta 2013 estaba también registrado como apoderado solidario el actual presidente del Puerto de Bilbao, también hijo del exconsejero vasco, Asier Atutxa.

 

El tercero de los casos denunciados hace referencia a las adjudicaciones de contratos por tres millones de euros a la empresa de arquitectura Arkigest e IAZ, que, según ha indicado el PP, tiene como administrador único a uno de los hijos de Atutxa y contó como apoderado hasta 2013 con el presidente del Puerto.

 

"El grueso" de estas adjudicaciones al entorno empresarial del ex consejero peneuvista, Juan María Atuxa, se realizó en distintas etapas, desde los años noventa del pasado siglo, por parte del Gobierno vasco, la Diputación foral de Vizcaya, diversos ayuntamientos y consorcios, fundamentalmente gobernados por el PNV.

 

[Img #8521]La oposición también ha denunciado la concesión por parte de la Diputación Foral de Vizcaya y del Gobierno vasco, ambos organismos en manos del PNV, de ayudas públicas por importe de más de dos millones de euros a una empresa que acumulaba pérdidas por valor de casi 600.000 euros y que estaba presidida por el ex lehendakari nacionalista, José Antonio Ardanza. La empresa en cuestión, Idoki Technologies S.L., se dedicaba al diseño, la producción y la comercialización de productos para el autocuidado de la salud, principalmente productos de cosmética naturales.

 

Esta empresa, además, ha recibido a lo largo de los años ayudas públicas por parte de la Diputación Foral de Vizcaya por un importe aproximado de 354.378 euros, y por parte del Gobierno vasco de 1,46 millones de euros.  Además, se da la circunstancia de que Seed Capital, sociedad de capital riesgo participada en un 51% por la Diputación vizcaína, compró en 2010 un 23,37% de las acciones de la empresa y en el año 2011 concedió un préstamo participativo por un plazo de siete años y dos de carencia por importe de 150.000 euros. Entre los órganos sociales de esta mercantil figura como presidente y consejero el exlehendakari José Antonio Ardanza, como administradora, secretaria y consejera su hija Nagore Ardanza, y también como consejero Seed Capital.

 

Ayudas públicas para empresas de cargos del PNV

 

[Img #8523]La empresa Alaiki, que en los últimos años ha recibido adjudicaciones de las instituciones nacionalistas vascas por un valor superior a los cinco millones de euros, mantiene en sus cargos directivos a diferentes cargos electos del PNV en Vizcaya. Entre éstos, destacan algunos como el miembro de la ejecutiva del PNV de Vizcaya, Gotzon Bilbao, y Arkaitz Uribe, hermano del alcalde de Galdácano, y el alcalde de Basauri, Andoni Busquets.

 

Bilbao Air: 600.000 euros en restaurantes y viajes

 

Hace unos días, se discutía en el Parlamento de Vitoria los gastos de la sociedad pública Bilbao Air, impulsada por el PNV para, presuntamente, promocionar el aeropuerto de Bilbao, y que cuenta con un único empleado: su director general, el antiguo europarlamentario nacionalista Jon Gangoiti.

 

Bilbao Air ha tenido diversos “problemas” con las tarjetas bancarias que ha utilizado Gangoiti desde 2001, tanto que la oposición ha pedido la “disolución urgente” de la compañía. En los años que lleva en funcionamiento, la empresa y su único empleado ha dilapidado 600.000 euros en restaurantes de lujo, hoteles, viajes y regalos.

 

 

 

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