Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies

Ernesto Ladrón de Guevara
Lunes, 8 de agosto de 2016 | Leída 92 veces

Parálisis institucional ante la asonada nacionalista

Noticia clasificada en: Secesionismo en Cataluña

[Img #9452]

 

Es inconcebible la parálisis del Estado ante el golpe independentista contra el núcleo del Estado de Derecho. Tenemos un gobierno débil y en funciones, más debilitado por la irresponsabilidad del llamado constitucionalismo y sus partidos, hasta no hace mucho vertebradores de la democracia, que fragmentan la unidad de acción para salvarla.

 

Una mayoría del Parlamento catalán ha decidido hacer tabla rasa de la razón de Estado, hacer un corte de mangas al entramado jurídico y a las instituciones que lo salvaguardan, y seguir, en clara rebeldía, su camino hacia la subversión. La acción criminal de los nacionalistas que se han volcado hacia el independentismo para salvar los trastos tras la corrupción rampante y el embargo de sedes por las deudas generadas por dicha corrupción y sus efectos, hurtando la acción de la justicia, debe ser castigada. La impunidad acabará con los restos del sistema democrático y con la igualdad entre los españoles ante la ley. No es admisible el “laisser faire, laisser paser” tan característico del marianismo, y mucho menos la complicidad complaciente de los socialistas, que siempre han actuado como fenicios en un mercado persa en busca de apoyos de legislatura.

 

Este desacato al Tribunal Constitucional, expresado con claridad meridiana por los líderes nacionalistas y los representantes institucionales, no es de recibo. Ha de tener respuesta judicial y la acción de los poderes del Estado aplicando el artículo 155 de la Constitución que dice que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.  Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”  

 

Es decir que el Gobierno de España tiene todos los recursos que quiera poner en marcha para reconducir la situación, y si no lo hace es culpable por omisión. Lo que no puede admitirse, esté el gobierno en funciones o no, es una rebelión de una parte del Estado que tiene entre sus funciones la de representar a éste en su comunidad autónoma.

 

Existe la visión de que los nacionalistas pretenden eso precisamente, el conflicto, para definirse en contra de un enemigo creado artificialmente para reafirmar su identidad y tener un motivo para enervar a las masas aborregadas. Es posible. Pero ello no debe llevar a la conclusión de que hay que dejarles campar por sus respetos, pues ello conduce a una escalada imprevisible de incremento de la acción sediciosa para buscar un umbral de aguante en quienes deben velar por la estabilidad institucional y el ejercicio del cumplimiento de la ley de su observancia. Sabemos cómo empiezan estas cosas, pero no cómo acaban.

 


 

 
Acceda para comentar como usuario Acceda para comentar como usuario
¡Deje su comentario!
Normas de Participación
Esta es la opinión de los lectores, no la nuestra.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
La Tribuna • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2017 • Todos los derechos reservados
Powered by FolioePress