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Ernesto Ladrón de Guevara
Lunes, 31 de octubre de 2016 | Leída 262 veces
Documentos con historia

La Declaración de Estrasburgo (II)

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Hace unos días narré la visita a Estrasburgo para denunciar la connivencia de los nacionalistas con ETA en el Pacto de Lizarra cuyo acuerdo tenía como objeto romper la movilización de los demócratas contra la extorsión y el terrorismo tras el asesinato de Miguel Angel Blanco. Nadie duda, a día de hoy, que hubo un antes y un después tras Miguel Angel Blanco. Eso asustó mucho a los nacionalistas, pero no solamente a éstos, que se emplearon en desactivar esa reacción de indignación colectiva que movilizó a millones de personas en España.


En ese sentido, nuestra Declaración, elaborada con sufrimiento por un grupo de personas del Foro Ermua, bajo el auspicio, coordinación y representación de Vidal de Nicolás, fue clave. Esa Declaración fue un diagnóstico y una denuncia al mismo tiempo que acertó de pleno; y que hasta ahora no ha sido rebatida con argumentos, mientras que sí fueron descalificados sus redactores y proponentes, poniéndoles la etiqueta de exaltados con el perjuicio que eso conllevaba en aquellos tiempos. Y lo hicieron personas que moralmente tenían el deber de ponerse codo con codo con nosotros defendiendo aquellos postulados.


Es precisamente ahora, que se pretende con acierto realizar el relato de esa triste etapa de violencia y terrorismo, con el empeño de algunos en deconstruir la memoria para echar un tupido velo sobre lo que realmente ocurrió con el terrorismo y sus consecuencias y concomitancias, cuando más se necesita recuperar este tipo de documentos que crearon la base doctrinal para acabar con aquel disparate y poner las bases para el pluralismo social y político, la libertad y la democracia.


Acaba de fallecer Vidal de Nicolás y es en su recuerdo y memoria la evocación de aquel manifiesto, que es ya un documento histórico pero de gran valor descriptivo y predictivo. Merece la pena leerlo de forma meditada y detenida.


Los que hoy tienen miedo a que ETA o el nacionalismo tergiversen el relato del terrorismo en el país vaso y creen que ese relato democrático está por escribir pueden leer este texto que se  hizo público en 2000. El relato democrático está ya hecho, tiene 16 años.


Declaración ante el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Informe
 

Foro Ermua - 01/02/2000
 

El neonazismo y la violencia política en el País Vasco. (España)

 

CUESTIÓN INTRODUCTORIA
 

Voz de alarma sobre el fenómeno antidemocrático que busca hoy refugio en las minorías étnicas y lingüísticas de Europa. El cáncer nazi-fascista extirpado con el final de la II Guerra Mundial amenaza hoy con hacer metástasis en las reclamaciones secesionistas de las minorías étnicas y lingüísticas en la Unión Europea cuando éstas anteponen sus aspiraciones a las libertades del ciudadano y sus irrenunciables derechos democráticos. Ese nazismo ya no es el de las grandes naciones hechas sino el de las que se pretenden hacer y para ello sacrifican al individuo por el grupo y la ideología. Igualmente ese nacional- socialismo explota un victimismo tanto o más peligroso que aquel que sirvió de coartada al nazismo histórico porque al tratarse de minorías resulta más creíble. Y es más peligroso que el de la ultraderecha austríaca porque éste último responde al modelo clásico y reconocible y es, además, un nazismo todavía virtual en el sentido de que aún no ha producido víctimas como lo ha hecho el de ETA. Es preciso, hoy más que nunca, dar la voz de alarma en el Parlamento Europeo porque ese neofascismo, que utiliza la llamada Europa de los pueblos para negar y sabotear la Europa de los ciudadanos, constituye la gran amenaza a la construcción europea en los próximos años. Lanzamos esta voz de alarma desde la experiencia de la ciudadanía del País Vasco.


INFORME
 

1. Consideraciones en torno a un proceso de deterioro en las libertades. El caso del País Vasco.
 

El secuestro y posterior asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel Blanco, un joven concejal del municipio vasco de Ermua, conmovió profundamente a la sociedad vasca y española. Durante varios días millones de personas de toda España salieron a la calle a manifestar su indignación y repulsa por un crimen que a muchos les recordaba los fusilamientos de la dictadura de Franco. Aquel movimiento no sólo era el repudio de un cruel asesinato, sino también la defensa de la democracia y el rechazo de la ideología fascista de ETA. Era además una advertencia a aquellos que desde el nacionalismo vasco buscaban justificaciones políticas a los crímenes terroristas. A pesar de la repulsa social, ETA continuó asesinando: concejales del Partido Popular, ciudadanos civiles y policías morían víctimas de los atentados más cobardes.
 

Y, sin embargo, los partidos y las autoridades nacionalistas del País Vasco con responsabilidades ejecutivas en los órganos de autogobierno de la Comunidad Autónoma olvidaron muy pronto aquella advertencia. No tardaron mucho tiempo en defender la misma reivindicación con la que los terroristas justificaron su crimen: el traslado de los presos condenados por terrorismo desde otras cárceles españolas a las prisiones del País Vasco. El presidente del Gobierno Vasco llegó incluso más lejos, al proponer una negociación con la banda criminal sin exigir ninguna condición previa, ni siquiera la deposición de las armas.
 

Mientras tanto, grupos nazis de apoyo a ETA y a Herri Batasuna (HB), partido al que se considera su brazo político, tomaban las calles del País Vasco. De nuevo eran frecuentes los incendios de las propiedades y bienes de militantes de los partidos políticos no nacionalistas, y se repetían los asaltos y atentados contra las sedes de esos partidos y contra ciudadanos que habían intentado expresarse libremente denunciando tanta barbarie. Sin embargo, la Policía Autónoma Vasca, cuyo mando supremo corresponde al Gobierno Vasco, no actuaba con la prontitud y eficacia que debe exigirse en la represión de esos actos contra la libertad. El miedo y la inseguridad cundían entre los ciudadanos no nacionalistas; sentimientos inducidos y ya arraigados en todos los demócratas vascos durante años de terror nazi y de instrumentalización del poder por los partidos nacionalistas piadosamente llamados moderados.
 

En estas circunstancias de una sociedad amordazada y temerosa, un grupo de ciudadanos vascos se agruparon en lo que dieron en llamar FORO ERMUA, con el objetivo de presentar públicamente una declaración que con el título de Manifiesto por la democracia en Euskadi fue firmada por todos ellos. Aquel texto fundacional decía lo que el miedo había impedido reconocer: calificaba como fascista al movimiento dirigido por ETA y su brazo político Herri Batasuna, y señalaba la responsabilidad de los representantes políticos e institucionales vascos en el deterioro de la democracia. La denuncia no se limitaba a señalar la inhibición de quienes deben velar por la libertad y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, sino que también advertía de "la colaboración de las instituciones que nos representan con quienes sustentan y alientan el fascismo". Manifestaba además su oposición a cualquier clase de negociación política con los terroristas. En aquel documento se decía que "los proyectos políticos deben validarse mediante el sufragio de los ciudadanos y debatirse en el Parlamento", que "una cesión al chantaje de las armas significaría la quiebra de la legitimidad democrática, y que sólo los argumentos y los votos son fuerzas persuasivas y decisorias" legítimas. Por último finalizaba con un llamamiento a la sociedad vasca a comprometerse "en la defensa de la democracia y del libre ejercicio de la palabra".
Hoy, casi dos años después de aquel manifiesto, en el País Vasco la democracia continúa deteriorándose. En amplios sectores de la población existe miedo a ser víctimas de la represión que los terroristas ejercen sobre quienes disienten de los objetivos nacionalistas, y temor a ser discriminados por un poder político que, estando en manos de los partidos nacionalistas, margina a quienes no colaboran con su proyecto de construcción nacional vasca.

 

2. España es una Nación Democrática y el País Vasco goza de una amplísima autonomía.


Hay gentes que, desde Europa, han percibido al nacionalismo y al terrorismo vascos como expresiones de un movimiento de liberación nacional propio de los viejos contextos colonialistas. Este esquemático criterio ignora la historia de España desde hace cinco siglos, y encubre la realidad de un país, el vasco, que goza constitucionalmente y afirma instituciones ampliamente democráticas equiparada a las del resto de los países que conforman la comunidad europea. España es una Nación Democrática y un Estado de Derecho. No podría ser de otro modo, pues la democracia de los Estados miembros es una condición fundamental de pertenencia a la Unión Europea desde que el artículo 6.1 del Tratado de la Unión (TUE), de acuerdo con la reforma de Tratado de Amsterdam, así lo estableció. La democracia de las Naciones que forman la Unión se erige, por tanto, en su principio fundacional y constitutivo. El artículo 7 del TUE vela por el cumplimiento de esta condición, al prever sanciones para los Estados miembros que violen los principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho contenidos en el artículo 6.1.


Hace ya más de 20 años que los españoles fuimos capaces de superar un largo período de dictadura dotándonos de una Constitución que garantiza la libertad del individuo, la igualdad y el pluralismo político, permite la convivencia democrática en nuestra sociedad, asegura el imperio de la ley y protege a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus culturas y tradiciones, así como en el uso de sus lenguas e instituciones específicas. El artículo 2º de nuestra Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran y componen la nación española. En un régimen de libertad garantizado por su Constitución, España se ha organizado como un Estado integrado por 17 regiones y nacionalidades autónomas que gozan de un amplísimo autogobierno. Cada una de esas Comunidades Autónomas se organizan institucionalmente mediante una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal, un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, y un Presidente elegido por la Asamblea Legislativa. La norma institucional básica del País Vasco es su Estatuto de Autonomía. En él se regulan las amplias competencias de que goza la Comunidad Autónoma.
 

El País Vasco tiene una policía totalmente independiente de los otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: el mando supremo del cuerpo y el reclutamiento de efectivos dependen del Gobierno Vasco. La región dispone de su propia Hacienda Autónoma, puede regular dentro de su territorio el régimen tributario y aporta a la Nación un cupo global en concepto de compensación por aquellas cargas del Estado que no asume la Comunidad Autónoma. La educación, la sanidad, entre otras muchas competencias, están en manos de las autoridades regionales que tienen incluso capacidad para legislar sobre estas materias y disponen de un cuerpo propio de funcionarios con unas retribuciones muy superiores a las de otras regiones españolas. Existe, además, una radio y televisión públicas vascas dependientes exclusivamente del Gobierno Autónomo. A pesar de que el español es la lengua mayoritaria de la región, el Estatuto declara a la lengua vasca (eusquera o vascuence) como la lengua propia del Pueblo Vasco, otorgando al español únicamente el rango de lengua cooficial. Los nacionalistas vascos no aceptan la autonomía y usan la coacción para crear una nación independiente con territorios de España y Francia: La Declaración de Estella.
 

3. Los nacionalistas vascos contribuyeron a la elaboración del Estatuto, lo sancionaron dándole su apoyo en referéndum, y desde su entrada en vigor han ejercido el poder y la representación institucional en el País Vasco. Sin embargo, ahora han hecho suyo el programa de ETA e intentan obtener nuevas ventajas políticas ofreciendo a cambio el cese definitivo del terror. Para ello han suscrito un acuerdo al que denominan Declaración de Estella. Consiste en la propuesta de un trueque: soberanía nacional vasca a cambio de paz. Pero quien asume esta oferta no es ETA sino los partidos nacionalistas en su conjunto, incluidos los que gobiernan las instituciones. Es un proyecto estratégico nacionalista cuya verdadera naturaleza reside en el hecho de que ETA es la amenaza implícita que subyace en la propuesta, pues la no aceptación de los términos del ofrecimiento implica la reanudación de su terror.
 

De hecho, desde el primer día del alto el fuego, ETA no ha cesado en reforzar su logística, reorganizar sus efectivos y recabar información acerca de eventuales víctimas. El Partido Nacionalista Vasco, que gobierna en el País Vasco desde hace 20 años, siempre ha ocultado a sus electores su proyecto político independentista. Incluso como partícipe del Pacto de Estella continúa escondiéndolo, puesto que el acuerdo suscrito, en el que no se menciona a ETA, aparece desdibujado por un lenguaje disfrazado de neutralidad. Sin embargo bajo esta apariencia de imparcialidad puede descubrirse un intento de embarcar a toda la sociedad vasca en un disimulado proceso constituyente. El texto implica a España y Francia en la resolución de tres cuestiones a las que denomina "territorialidad, sujeto de decisión y soberanía política"; es decir: referéndum de autodeterminación y construcción de una nación soberana con territorios de ambas naciones.
 

Pero lo más grave es que la Declaración de Estella no es sólo un pacto para la acción política sustentado en la violencia subyacente de un grupo terrorista, sino que es también el programa de gobierno del actual ejecutivo vasco. El poder en el País Vasco lo ejerce una coalición de dos partidos nacionalistas firmantes del documento, los cuales han suscrito un acuerdo de gobierno con Herri Batasuna (HB), el tercer partido del frente nacionalista de Estella. Herri Batasuna es un partido que no condena la violencia terrorista ni la violencia fascista que emana de sus propias bases. Es muy grave que en el seno de la Unión Europea exista un Gobierno que se apoye en un partido que propugna la violencia política cómo método. Se comprende así el hecho aberrante para cualquier observador democrático, de que desde las más altas instancias institucionales del País Vasco se postule un "diálogo sin límites" con los terroristas, a quienes ni siquiera se les pide que depongan definitivamente las armas. Cuando gobernantes democráticamente elegidos se comportan de ese modo, están incumpliendo su más importante mandato: defender la democracia.
 

4. El contencioso vasco es una falacia.
 

Los representantes institucionales vascos, con el presidente de su Gobierno a la cabeza, identifican a toda la sociedad vasca con su ideología nacionalista. Su punto de partida es el de la existencia de lo que denominan el contencioso vasco: "un conflicto histórico de origen y naturaleza política en el que se ven implicados el Estado español y el Estado Francés", según define la Declaración de Estella. Una idea que implica que todo ciudadano vasco, por el hecho de serlo, debe sentirse comprometido por ese supuesto enfrentamiento heredado. Pero, por el contrario, el contencioso no puede presentarse como un conflicto entre el País Vasco, España y Francia, pues la sociedad vasca es políticamente plural y no se siente, ni siquiera mayoritariamente, partícipe de ese conflicto. El contencioso vasco, por tanto, no puede representar una lucha por la democracia ni por el autogobierno, pues ambas condiciones políticas ya existen en el País Vasco, sino que es un eufemismo que encubre la verdadera naturaleza del proyecto independentista de crear una nación soberana por medio del terror colectivo y la coerción social.
 

5. En el País Vasco no existe un enfrentamiento entre dos nacionalismos: la paz sólo consiste en la desaparición de ETA. Desde el alto el fuego de ETA, hasta el momento actual en que se ha reanudado la estrategia del terror, el Gobierno Vasco y los firmantes de Estella han entendido el cese del terrorismo como un "proceso de paz" desarrollado por el establecimiento de acuerdos entre dos facciones. Es una idea falaz que surge de la identificación de la violencia vasca con el conflicto nacionalista de Irlanda del Norte: un enfrentamiento entre dos nacionalismos en el que ambos contendientes deben renunciar a la violencia. Pero en el País Vasco la violencia es unilateral: es practicada únicamente por los terroristas de ETA y por las fuerzas de choque fascistas que le apoyan en la calle.
En los años 80, el contraterrorismo policial de los GAL no encontró el menor amparo entre la población no nacionalista; razón por la cual fracasó, al no lograr el entramado social necesario para su subsistencia. Por el contrario, la persistencia de ETA no podría explicarse sin los poderosos apoyos que encuentra en el seno de la comunidad nacionalista. Puesto que no estamos ni ante dos terrorismos ni ante dos nacionalismos enfrentados, la paz democrática no puede consistir en otra cosa que en la desaparición de ETA y de su unilateral violencia política. En el País Vasco no existe un enfrentamiento entre dos nacionalismos, un nacionalismo vasco y un supuesto nacionalismo español, sino una división de la sociedad vasca en dos segmentos, asimétricos en su caracterización política. Los no nacionalistas no constituyen un grupo o una comunidad estructurada, sino una sociedad plural adscrita genéricamente a modelos demoliberales y que acepta la democracia representativa como la mejor forma de gobierno. Su voto se distribuye en el espectro natural que abarca desde la derecha liberal hasta la izquierda socialdemócrata. Todos aceptan la Constitución española y, aún sin ser necesariamente autonomistas, el Estatuto de Autonomía del País Vasco como garantía de la democracia y marco legal de convivencia.

 

Es, en definitiva, una sociedad democrática en la que los ciudadanos, independientemente de su adscripción a la derecha o a la izquierda, o ser más o menos partidarios del liberalismo económico o del estado social, coinciden en considerar la libertad individual como un bien supremo. La sociedad nacionalista, por el contrario, se adscribe a modelos comunitarios en los que priman los valores culturales patrios frente a la libertad individual. En su interior conviven tendencias más conservadoras con otras que propugnan radicales cambios sociales, pero por encima de esas diferencias los nacionalistas aspiran a la unificación de toda la sociedad bajo el signo de la identidad común. El propio presidente del Gobierno Vasco demanda de todos los partidos de la Comunidad Autónoma lo que él denomina "un sentimiento de pertenencia común". Para los nacionalistas la nación representa un patrimonio lingüístico, cultural, incluso racial, que todos los ciudadanos tienen la obligación de perpetuar. De este modo definen a los vascos como un pueblo étnicamente distinto a los españoles y a los franceses, que tiene, por tanto, un derecho inmanente a la soberanía nacional.
 

En las declaraciones nacionalistas no faltan tampoco referencias raciales; en 1996, en un importante documento del PNV, el partido mayoritario del nacionalismo y supuestamente el más moderado, al que pertenece el presidente del Gobierno Vasco, se dice literalmente: "Somos el pueblo más antiguo, el más autóctono con características craneales, hematológicas y biológicas singulares...... Somos la Nación más nación de Europa.....". Los nacionalistas subordinan la democracia a la consecución de la unidad política y cultural de la patria vasca. Su proyecto etnicista incluye la recuperación de fórmulas tradicionales y predemocráticas de organización política a las que consideran como genuinamente vascas. En el mismo texto que hemos referido más arriba puede leerse: "Somos un pueblo pequeño, penetrado y rodeado por gentes ajenas a nuestras preocupaciones, empeñadas en tenernos en sus esquemas conceptuales y culturales, en sus estructuras económicas y políticas". Esta búsqueda de formulas políticas genuinas la han materializado recientemente en lo que denominan Asamblea de Municipios: una agrupación de concejales nacionalistas de los ayuntamientos del País Vasco español, de Navarra y del País Vasco francés, que pretende substituir insidiosamente a las instituciones representativas vigentes e iniciar un proceso soberanista.
 

6. La enseñanza pública en el País Vasco es utilizada para el adoctrinamiento político.
La política cultural del Gobierno Vasco puede entenderse a la luz del principio que en 1995 un alto dirigente del Partido Nacionalista Vasco recordaba a sus seguidores: "primero hacer pueblo, luego la independencia". Los responsables de educación del Gobierno Vasco defienden abiertamente la idea de que la enseñanza debe cumplir la función de transmitir los "valores vascos". El vehículo más eficaz que emplean con ese objetivo es la enseñanza de la lengua vasca, pues el principio que rige en la concepción nacionalista de la transmisión del vascuence, no es el de ofrecer a los niños un patrimonio cultural que les sirva para su desarrollo personal como individuos libres, sino el de incorporarlos activamente a la recuperación de la identidad vasca.

 

Desde las instituciones vascas se practica una política cultural y educativa que prima exclusivamente a la cultura vasca frente a otros modelos que puedan ser libremente elegidos por los ciudadanos. Bajo la denominación de normalización lingüística se ha instaurado un régimen educativo tendente a transformar una realidad sociolingüística en la que el idioma español es la lengua mayoritaria. El estudio del vascuence es obligatorio para todos los niños, independientemente de cual sea su lengua materna, y de las lenguas modernas y clásicas que elijan para su curriculum. La educación pública en los grados básico y medio, que hace unos años se impartía en español, ha sido mayoritariamente sustituida por el vascuence. Para ello han debido improvisarse profesores capaces de expresarse en vascuence, y cientos de profesores con largos años de servicios han sido desplazados o se han visto obligados a emigrar a otras comunidades autónomas de España.
El conocimiento de la lengua vasca, independientemente de su empleo real, se considera un mérito preferente para el acceso a puestos de trabajo públicos: funcionarios, policías, médicos, jueces, etc. Para evitar estas discriminaciones los padres buscan para sus hijos una enseñanza en lengua vasca, a pesar de que el idioma hablado por la familia sea el español. Las nefastas consecuencias pedagógicas de este sistema, que reaen precisamente sobre las clases sociales con menos recursos, son sistemáticamente despreciadas por los responsables de educación. El Gobierno Vasco es quien establece las directrices de esta política lingüística que cuenta con el apoyo activo de los grupos violentos que contribuyen a su implantación mediante formas diversas de acción directa: alteraciones del orden en la universidad, carteles en las calles calificando de analfabetos a los niños y jóvenes que estudian el bachillerato en español o amenazas a los jueces que no hablan vascuence.

 

7. Violencia política y déficit democrático en el País Vasco.
 

No existe una causa objetiva que pueda explicar la existencia de violencia política en el País Vasco, pues no puede decirse que surja como consecuencia ni de una supuesta opresión nacional, ni del enfrentamiento de facciones rivales. Por el contrario, sí puede afirmarse que tiene causas ideológicas, que es el resultado de un débil asentamiento de la cultura democrática, minada por veinte años de hegemonía cultural e institucional del nacionalismo. El rechazo del terrorismo en el seno de la sociedad nacionalista, cuando se produce, no va acompañado de una condena moral de la violencia. A partir de la tregua de ETA la condena de los actos violentos desde medios nacionalistas no se hace desde principios éticos y democráticos, sino porque, según expresión acuñada, "perjudica el proceso de paz y sólo beneficia al Gobierno de Madrid".
 

La Iglesia Católica Vasca, y en especial alguno de sus obispos, manifiestan a menudo su dolor por el sufrimiento de los presos condenados por terrorismo y olvidan sistemáticamente el sufrimiento de las víctimas y la asistencia a sus familias. Ayuntamientos de mayoría nacionalista han homenajeado a terroristas abatidos en enfrentamientos con la policía. En este ambiente de grave deterioro moral se puede entender que en un juicio celebrado en 1997, un jurado popular declarara inocente al acusado, un simpatizante de HB, convicto de un doble asesinato perpetrado a sangre fría en las personas de dos policías.
 

También desde los partidos nacionalistas que gobiernan en el País Vasco la condena de la violencia ha estado imbuida de ambigüedad y comprensión hacia sus ejecutores. Desde las propias instituciones vascas se presenta a los terroristas condenados por los tribunales como víctimas de un sistema penal que los mantiene alejados de sus familias. La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, de mayoría nacionalista, ha asumido como propia la reivindicación del acercamiento de todos los terroristas a las prisiones vascas. Esa misma Comisión ha desatendido permanentemente las demandas de los familiares de las víctimas del terrorismo a las que se les niega el reconocimiento público de su sufrimiento. Un diputado elegido por figurar en las listas del partido nacionalista radical Herri Batasuna, de quien se sabe que fue el jefe de ETA durante uno de sus períodos más sanguinarios, es miembro de esa Comisión de Derechos Humanos.
 

Recientemente el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco ha denunciado ante la Dirección General 1 de la Unión Europea, la solicitud en concepto de ayuda económica cursada por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco para elaborar un estudio sobre asistencia a los presos de ETA y a sus víctimas: un ejemplo de como nuestros representantes institucionales, asimilando los verdugos a las víctimas, intentan desviar la responsabilidad de la violencia hacia el Estado que coarta, según ellos, las justas aspiraciones del País Vasco a su soberanía. Más recientemente, este mismo colectivo que reúne a familiares de víctimas del terrorismo, sistemáticamente despreciado por las autoridades vascas, se ha visto obligado a demandar del Parlamento Europeo una condena explícita de los partidos que constituyen el Gobierno de la Comunidad Autónoma.
 

Es evidente que en estas condiciones, aunque las instituciones del País Vasco son democráticas, el ejercicio de la democracia se encuentra gravemente impedido. La sociedad vasca está atenazada por el chantaje de ETA que amenaza con volver a matar si sus demandas políticas no son satisfechas, y por la violencia cotidiana ejercida en la calle contra cargos públicos no nacionalistas, militantes de partidos constitucionalistas, policías, jueces, profesores y otros ciudadanos. Sólo en el período comprendido entre el 17 de septiembre de 1998, día en el que ETA declaró su tregua indefinida, hasta el 31 de octubre de 1999, en el País Vasco y Navarra -Comunidad Autónoma vecina que los nacionalistas incluyen en su proyecto de un País Vasco independiente y soberano- se han producido 727 incidentes violentos; es decir, casi dos acciones violentas cada día. Una ofensiva de los nacionalistas radicales cuyas acciones, en el más genuino estilo de fuerzas de choque fascistas, tienen como principal objetivo a los dos partidos políticos no nacionalistas: el Partido Popular del País Vasco y el Partido Socialista de Euskadi (PSOE). En 299 ocasiones las acciones han sido ejercidas directamente contra las personas. Los más afectados han sido los cargos públicos; sobre ellos han recaído 134 incidentes violentos; los políticos y miembros de partidos se han visto afectados en 76 ocasiones. Entre 511 acciones contabilizadas ejercidas contras los bienes de las personas, se incluyen asaltos contra las sedes de los partidos políticos no nacionalistas, viviendas y vehículos particulares, pequeños comercios, oficinas bancarias, instalaciones eléctricas, medios de transporte público, ferrocarriles, dependencias policiales y militares y mobiliario urbano. Carteles y pintadas amenazantes contra las personas cubren las paredes de nuestros pueblos y ciudades.
 

Como consecuencia de todo esto la libertad de expresión se encuentra gravemente coartada. Reina el temor entre las personas no nacionalistas: ser elegido concejal o diputado por un partido constitucionalista, o simplemente ser militante o figurar en sus candidaturas a las elecciones, comporta un riesgo que puede pagarse con la vida. Expresar públicamente las discrepancias con el terrorismo, con la ideología nacionalista, o, incluso, ser crítico con la política lingüística del Gobierno Vasco que prima al vascuence y discrimina al español, entraña graves riesgos. Es una violencia que recuerda a la de los viejos pogroms del este de Europa hasta en la pasividad de las autoridades. Durante el mes de enero las agresiones han aumentado hasta alcanzar el número de 2,6 acciones diarias, sin que la policía vasca (Ertzaintza) a las órdenes de autoridades nacionalistas haya efectuado una sola detención. Un ejemplo muy reciente puede ilustrar la actitud, en ocasiones cínica, de las autoridades nacionalistas. Los comerciantes de Guecho -una conurbación con más de 80.000 habitantes-, después de que fueran obligados a cerrar sus comercios por las amenazas y agresiones sufridas durante una huelga convocada por el brazo político de ETA en favor de los terroristas presos, se dirigió al alcalde nacionalista demandando protección. El alcalde les ha negado la ayuda solicitada argumentando que el problema de la violencia hay que resolverlo "con prudencia y tacto, sin crear conflictos mayores" (sic), aunque, no obstante, ha pedido a los comerciantes que "se hagan fuertes" (sic) ante los piquetes y "tomen medidas valientes y atrevidas" (sic). Es decir: no sólo se niega protección a los ciudadanos sino que incluso se les anima al enfrentamiento.
 

Los nacionalistas y el Gobierno Vasco cuya representación ostentan, subestiman la realidad social del terror y la violencia. Dirigentes del PNV han calificado las acciones fascistas en la calle como "chiquilladas", y para los actos que atemorizan e incendian las propiedades de las personas sin llegar a matarlas han encontrado el eufemístico calificativo de "violencia de baja intensidad".
 

Recientemente el Consejero de Interior del Gobierno Vasco, responsable máximo de la policía, ha sido sometido a una moción de censura a propuesta del Partido Popular por haber cuestionado la pertinencia de la detención en territorio francés de una peligrosa terrorista. Desde las filas nacionalistas también se llegó a cuestionar la conveniencia de la detención de los terroristas que robaron varias toneladas de dinamita en la Bretaña francesa. En cada ocasión en que la ruptura de la tregua se hacía más probable, representantes institucionales vascos y sus partidos acusaban al Gobierno de España de "inmovilismo" y de "no dar los pasos suficientes en el proceso de paz". Los nacionalistas ya han dado su gran paso: han formulado las condiciones del diálogo, la gestión de las negociaciones se la confían a los terroristas, pues ven en ellos los mejores defensores de su propio proyecto político.
 

La reciente consumación de las amenazas de ETA con el asesinato en Madrid del teniente coronel Blanco García, ha sido la terrible confirmación del carácter ilusorio y antidemocrático de tal proyecto. Herri Batasuna, el brazo político de los terroristas, no ha condenado el asesinato, sin embargo el ejecutivo vasco, a pesar de las reiteradas llamadas que desde los partidos no nacionalistas se han hecho instándole a romper su pacto con ese partido, aún mantiene con él su colaboración de gobierno. Reacción europea frente a la falta de democracia que se vive en Euskadi. La vulneración de los derechos humanos es permanente en el País Vasco y los ciudadanos no encuentran el amparo institucional propio de un Estado de Derecho. Euskadi se ha dotado a través de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de instituciones democráticas. El problema no reside por lo tanto en el sistema sino en los responsables políticos que lo controlan y en la dejación que hacen de sus funciones en favor del objetivo independentista quienes gobiernan tales instituciones. El Departamento de Interior y la Policía autonómica (Ertzaintza) no garantizan el orden público y desde instituciones como el Gobierno Vasco y las Juntas Generales se deslegitiman explícita y abiertamente las detenciones a presuntos terroristas llevadas a cabo por el Ministerio del Interior del Ejecutivo central y las Fuerzas de Seguridad del Estado que dependen de este último.
 

De este modo se produce un peligroso vacío de poder al ceder el Gobierno central competencias en materias como la seguridad policial y al no ser ejercidas tales competencias por el Gobierno autonómico, que, usa frente al primero el eficaz argumento de la no injerencia como cualquier Estado soberano aunque sin serlo en ningún momento. De este modo también, se da la grotesca paradoja de que el nacionalismo antidemocrático vasco puede actuar aún más impunemente que el neonazismo austríaco al verse protegido, frente a cualquier correctivo de la Unión Europea, por el Estado democrático español del que, por otra parte reniega permanentemente. Denunciamos este absurdo propiciado por el auge agresivo de los nacionalismos etnicistas y minoritarios en Europa y por el temor de los Estados soberanos a fomentarlos socialmente y legitimarlos políticamente con el mero cumplimiento de la legalidad.
 

Foro Ermua - 01/02/2000

 


 

Declaración ante el Parlamento Europeo de Estrasburgo.
 

Foro Ermua - 01/02/2000
 

Conclusiones de la Declaración ante el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Por lo dicho y ante la más alta institución de la Unión Europea, el Foro Ermua, solemne y firmemente, declara:
 

CONCLUSIONES
 

Dadas las circunstancias que acabamos de describir, y a modo de conclusión el FORO ERMUA quiere llamar la atención acerca de los tres hechos siguientes:
 

1-LA LIBERTAD ESTÁ REPRIMIDA POR LA AMENAZA Y EL CHANTAJE POLÍTICO DE ETA.
 

Los asesinatos de ETA y su permanente amenaza recaen sobre los ciudadanos, especialmente sobre las personas no nacionalistas. Es el castigo que los terroristas imponen a una sociedad democrática que no les ha concedido ni la victoria política ni los cambios institucionales que ellos exigían. Desde el anuncio de la falsa tregua la violencia callejera -versión vasca de los viejos pogroms- lejos de disminuir ha aumentado, sin que la policía autónoma, cuyo mando supremo corresponde al Gobierno Vasco, intente siquiera darle una respuesta adecuada. La violencia callejera de los ultra-patriotas vascos tolerada por sus aliados nacionalistas cumple así una función esencial para el mantenimiento de la hegemonía política e ideológica nacionalista: atemorizar y coartar la libertad de expresión de los no nacionalistas.
 

2-EL NACIONALISMO ES RESPONSABLE DEL DETERIORO DE LA DEMOCRACIA.
 

Con el pacto de Estella el nacionalismo ha abandonado su tradicional ambigüedad hacia la violencia y se ha decantado por una alianza política con quienes la practican. El llamado nacionalismo democrático no sólo adopta los fines de ETA y de su brazo político, sino que acepta sus medios violentos y antidemocráticos. El PNV y EA no propugnan la violencia dentro de sus filas, pero la consienten en sus aliados. El nacionalismo en su conjunto ha contraído la terrible responsabilidad de apoyar y legitimar a un importante segmento de la sociedad vasca que aspira a la homogeneidad étnica, y cuyo recurso político más aspirado y coreado multitudinariamente es la violencia y el miedo.
 

3-EL EJERCICIO NACIONALISTA DEL PODER HA DESPRESTIGIADO A LAS INSTITUCIONES AUTONÓMICAS.
 

Las promesas del Presidente del Gobierno Vasco de romper su alianza de gobierno con el brazo político de ETA si no cesaba la violencia política, no han sido más que palabras vacías, cuyo incumplimiento compromete gravemente la confianza que los ciudadanos vascos podamos tener en nuestras instituciones y su presidente. Los partidos que gobiernan en el País Vasco se mantienen en el poder gracias al apoyo parlamentario del brazo político de ETA. El precio impuesto en la oferta de ese apoyo consiste en asumir un "proyecto de construcción nacional" que refleja las aspiraciones de ETA y no las del conjunto de la sociedad vasca. La permisividad con el fascismo callejero ilustra perfectamente el carácter antidemocrático de esta alianza nacionalista. El actual Gobierno Vasco no puede, por tanto, recabar la lealtad de los ciudadanos hacia unas instituciones que él mismo ha subvertido, pues al ponerlas al servicio de un proyecto político totalitario las ha vaciado de su sentido democrático.
 

PETICIONES
 

1-Pedimos que el Parlamento Europeo condene la política del Gobierno Vasco incluida tanto por el Pacto de Estella como por el Pacto de Legislatura con EH.
 

2-Solicitamos el amparo moral y explícito de la Unión Europea ante la falta de libertades públicas en el País Vasco.
 

3-Solicitamos al Parlamento y a la Comisión Europea que insten al Gobierno Vasco a que haga valer los derechos y libertades de la ciudadanía vasca protegidos en la Constitución Española y recogidos en el Tratado de la Unión Europea, así como avalen explícitamente al Gobierno de España a hacer cumplir la legalidad en todo su territorio.
 

Foro Ermua - 01/02/2000

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2 Comentarios
Joaquín
Fecha: Lunes, 31 de octubre de 2016 a las 19:11
Magnífico recordatorio de un hecho que fue histórico en los anales políticos del País Vasco. Enhorabuena al autor.
José Luis
Fecha: Lunes, 31 de octubre de 2016 a las 17:32
Le falta poco para estar completo. Se entiende la preocupación que causaba, este pequeño grupo de personas comprometidas con la libertad, al grupúsculo de iluminados que bien sacudía el nogal o bien recogían las nueces. Si existe el infierno, allí sufran eternamente todos ellos y su nogal.

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