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David R.
Viernes, 3 de febrero de 2017 | Leída 74 veces

100 personas, 100 preguntas

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su frenética primera semana de mandato, nos ha mostrado firmas de órdenes ejecutivas de gran importancia, que no sorpresas, porque se está ajustando a lo que prometió en su campaña electoral.

 

Pero también ha hecho declaraciones de calado. Una de ellas, muy relevante, es la que realizó ante un auditorio especial: la cúpula de la CIA en su sede principal de Langley (Estado de Virginia); en esa intervención, Trump reiteró que la tortura a los detenidos "funciona" y que dejará la decisión final de tan delicada cuestión en manos de su recién nombrado Secretario de Defensa, el general retirado James Mattis, que en principio se opone a la tortura como método por considerarla "poco productiva".

 

El revuelo ha sido enorme en algunos sectores de la sociedad, movilizada a través de algunos medios de comunicación, que en el caso de Trump se encuentran en una situación conocida y novedosa, porqué él, en la misma comparecencia, en el mismo lugar y ante el mismo auditorio, también dijo que "todos ustedes saben que estoy en guerra con los medios de comunicación", que según él, "están entre lo más deshonroso de la humanidad".

 

He llevado a cabo un pequeño experimento, que ha consistido en realizar la misma pregunta a 100 ciudadanos de diferentes lugares, sexo, edades, profesiones y condición social, aleatoriamente y sin ninguna pretensión de realizar una encuesta. La pregunta siempre ha sido la misma: partiendo de la base de que legalizar la tortura en los procedimientos de interrogatorio a los detenidos por la comisión de crimines muy graves es una barbaridad, y que regular la presión que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad pueden ejercer en esos interrogatorios puede ser un tema muy polémico, ¿le parece que se podrían dar casos excepcionales?

 

Puse el ejemplo (que todos tenemos en la cabeza) de un asesino confeso, que estando cumpliendo condena se niega a decir donde está el cadáver de su víctima, para infinito desasosiego de las personas directamente afectadas.

 

La respuesta casi unánime es que sí, que en determinados casos habría que presionar en los interrogatorios para obtener la información requerida. De las 100 personas preguntadas, únicamente cuatro me contestaron que "bajo ningún concepto", y a esas cuatro personas les hice una segunda pregunta: ¿Y si un caso como el referido te pasase a ti?. Ante mi asombro, tres de ellas no contestaron y quisieron cambiar de conversación, y la cuarta me explicó que se tomaría la justicia por su mano. Por cierto, como suele ocurrir, la respuesta no es la misma si se produce en público o en privado, y antes de contestar miran a ver quién está escuchando, de la misma manera que algunas personas se incorporan espontáneamente a la conversación.

 

Más allá del cinismo que puede subyacer a pensamientos tan volátiles, que cambian de blanco a negro en función de si le ocurre a otro o me ocurre a mí, creo que la cuestión no está presente en el panorama político, pero sí en la sociedad, y que de la misma manera que no es un elemento que exista en ninguno de los programas electorales de los actuales partidos políticos españoles, será cuestión de tiempo que alguno lo sintetice.

 

Donald Trump lleva tiempo incorporando este elemento en su discurso, y ha sido elegido Presidente de la primer potencia del planeta, y Estados Unidos no es una dictadura, como no lo es Israel, cuyo Parlamento (Knesset) hace mucho tiempo que reguló esta cuestión, aunque en este caso hay que recordar que ellos se consideran en estado de guerra casi desde el día siguiente a su fundación, en 1948.

 

Sospecho que el día que este elemento entre en nuestra arena política pueden aflorar sorpresas sociológicas. El CIS nunca nos ha hecho estas preguntas.

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