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Sábado, 11 de febrero de 2017 | Leída 33 veces
Chivatazo policial al aparato de extorsión de ETA

Víctimas del terrorismo de ETA piden reabrir el "caso Faisán"

Noticia clasificada en: PSE-PSOE ´Terrorismo ETA

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Según informa el diario "El Mundo", la acusación popular en el caso Faisán, que fue ejercida en su momento por la asociación de víctimas de ETA Dignidad y Justicia, ha elevado un escrito a la Audiencia Nacional solicitando la reapertura del caso.

 

La letrada de la asociación, Vanessa de Santiago, entiende que las revelaciones hechas por el ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, dan pie a realizar nuevas diligencias sobre el caso ante la posibilidad de avanzar en la identificación del responsable político que dio la orden de dar un soplo a la banda en un bar de Irún.

 

La solicitud de Dignidad y Justicia se produce después de que Pino reconociera en una entrevista que se ha realizado un chequeo a las investigaciones sobre el chivatazo policial al aparato de extorsión de ETA, que se produjo en 2006 durante las negociaciones de Zapatero con la organización terrorista. Pino aseguró que se había hecho un informe sobre estas investigaciones llevadas a cabo por un reducido grupo de agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.

Según "El Mundo", en el escrito elevado ayer al Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional (que se encargó en su día de investigar esta causa), Dignidad y Justicia reclama que se reabra el caso y se cite a declarar a Eugenio Pino para conocer los datos aportados sobre este nuevo informe. Asimismo, solicita que el juzgado reclame al Ministerio del Interior el documento original elaborado por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, creada por Pino y ahora disuelta por el nuevo jefe operativo de la Policía, Florentino Villabona.

 

La acusación popular recuerda que el caso fue juzgado en cuanto a los autores materiales del chivatazo en el bar Faisán de Irún. Fueron condenados por la Audiencia Nacional, en sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, el que fuera jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros, por revelación de secretos.

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