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Lunes, 13 de febrero de 2017 | Leída 62 veces
Navarra / Comunicado de las víctimas del terrorismo

11 de Febrero de 2017: ¿Día de la Memoria de las Víctimas de ETA?

Noticia clasificada en: Navarra Víctimas del terrorismo

[Img #10764]El pasado 17 de marzo de 2015, la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento navarro aprobó una declaración institucional, con votos favorables de UPN, SN y PP y en contra de Bildu-Nafarroa, Aralar-Nabai e I-E.

 

Aquel día había comparecido una víctima de la banda terrorista ETA, Daniel Portero, en representación de una asociación de víctimas, "Dignidad y Justicia", y pedía el amparo que la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas contempla para abordar por los Estados democráticos los actos de terrorismo, comprendidos tales como limpieza nacional y crímenes contra la humanidad.

 

En este contexto, elevada por la Comisión de Peticiones, se adoptó la declaración institucional del siguiente tenor:

 

I. El Parlamento de Navarra reconoce y condena la “limpieza nacional”, los crímenes contra la humanidad y actos de genocidio cometidos por la izquierda abertzale y su brazo armado, ETA, en territorio del País Vasco y Navarra y de solidaridad con todas sus víctimas.

 

II. El Parlamento de Navarra proclama el 11 de febrero Día en memoria de los desplazados forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la Humanidad, como forma de que talescrímenes puedan ser olvidados y prevenir así que nunca más puedan volver a repetirse.”

 

Pese a aquella declaración, no ha habido en lo sucesivo convocatoria oficial.

 

Por este motivo, el pasado 11 de febrero, varias asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA, hicieorn público el siguiente comunicado:

 


 

 

COMUNICADO

 

Hoy, 11 de febrero, Día de la Memoria, varias plataformas ciudadanas hemos venido ante este monumento a las víctimas del terrorismo para mostrar nuestra admiración por su lección de principios ciudadanos, humanidad y coraje.

 

Las víctimas siempre han respondido con la base firme de las libertades democráticas que tomaron carta de naturaleza con la Constitución española. Si hoy podemos decir que ETA está derrotada, lo es porque la respuesta a la violencia terrorista fue el Estado de Derecho. La sociedad española no respondió con violencia, como ETA deseaba.

 

Los terroristas sí que mataron por odio político para imponer su totalitarismo. Siempre pretendieron, en su larga historia de violencia terrorista, subvertir la democracia con el mito del conflicto vasco como agente impulsor. Los etarras, a partir de su “guerra imaginaria”, crearon una sangrienta realidad prolongada durante décadas con terribles atentados y técnicas mafiosas de secuestro, extorsión, amenaza y propaganda para doblegar y atemorizar a los ciudadanos y sus instituciones.

 

Ningún estamento del Estado estuvo libre de su acción criminal: los militares, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los jueces y fiscales, los cargos públicos y políticos y, por supuesto, la sociedad civil, miles de ciudadanos de a pie, sufrieron en sus carnes el zarpazo de ETA. Había que sembrar miedo y muerte y daba ya igual que los asesinados fueran niños, profesores universitarios, personas señaladas con un simple “algo habrá hecho”, empresarios que no se sometieron a su chantaje, inmigrantes que tuvieron la desafortunada idea de dormir en sus coches en la T4.

 

Así, después más de 52 años de terrible historia, se alcanzó el macabro registro de un total de casi novecientas personas asesinadas, con cara, con nombre, con familia, con amigos. A muchos miles de personas más, ETA obligó a escapar de sus amenazas y dejar su tierra y su trabajo para buscar un lugar más seguro donde trataron de rehacer forzadamente sus vidas.

 

A todas los ciudadanos que han sufrido el injusto ataque de ETA y que perdieron la vida o les cambió la vida, les debemos cada 11 de febrero, el Día de la Memoria, un merecido homenaje por la lección de humanidad que nos han dado a lo largo de todos estos años. NUNCA, NINGUNA VÍCTIMA HA RESPONDIDO CON VIOLENCIA. Su perdón generoso ha sido explícito en muchísimos actos y su lema dignidad, justicia y verdad les ha acompañado todos estos años.

 

Los demócratas recordamos con tristeza que en esta etapa histórica hubo excepciones que mancharon el buen camino. Durante unos aciagos años, grupos de organizaciones extremistas y ultras utilizaron instrumentos del Estado para luchar violentamente y de forma ilegítima contra el terrorismo de ETA. Todos ellos fueron detenidos, juzgados y condenados por funcionarios públicos, con las
mismas herramientas legales con las que se juzgó a los terroristas.

 

Por ello, de ningún modo estos execrables asesinatos y actos violentos pueden empañar la actitud y la respuesta, dentro de las normas del estado de derecho, del colectivo de Fuerzas y Seguridad del Estado, con el que toda la sociedad tiene una deuda de gratitud por su enorme trabajo y espíritu de servicio para librar a la sociedad española del azote terrorista.

 

En este sentido, la convocatoria del Gobierno de Navarra del próximo 18 de febrero nos parece un error y, lo que es peor, a tenor de lo sucedido esta semana en el Parlamento, revela una insensibilidad intencionada, evidente y continua del actual Gobierno Foral con las víctimas de ETA y los funcionarios públicos. Y es que pese a quien pese, ETA es una criminal banda terrorista, pendiente de disolución y recuperación de las armas utilizadas, derrotada solo por la fuerza de la ley y la razón.

 

Sin embargo, conviene tener muy presente que hay jóvenes en Navarra que hoy siguen siendo adoctrinados para vivir en el odio político y en ese totalitarismo que asimila como anti vasco a aquel que no es nacionalista y además identifica, en una sorprendente asociación, lo español como fascista. Los insultos en las redes sociales o las agresiones de Alsasua son síntomas muy preocupantes de una violencia moral, asociada a la política, que no es ninguna invención de los medios de comunicación. Los ciudadanos navarros no podemos callarnos y es necesario que denunciemos esta amarga realidad.

 

Tanto las instituciones públicas como los partidos políticos, tienen el deber de favorecer la educación en la tolerancia y el respeto, ya que la cultura del odio político fue la gasolina que bastó para cometer 900 asesinatos y para sembrar el terror entre miles de ciudadanos durante décadas.

 

Pamplona, 11 de febrero de 2017

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