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Ernesto Ladrón de Guevara
Lunes, 13 de febrero de 2017 | Leída 92 veces

Sobre héroes y miserables

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Dice el refranero español, que está cuajado de asertos basados en esa antropología cultural basada en las vivencias de lo cotidiano, que “Haga el hombre lo que debe, y venga lo que viniere”, para exhortar al cumplimiento del deber por encima de todo, pues como decía Quevedo “La última villanía del ánimo es temer su obligación”.

 

En momentos convulsos pocos son los que tienen la fortaleza moral y el espíritu suficiente para vencer la tendencia a doblegarse ante las fuerzas de un entorno que invita a ponerse de rodillas y someterse a actos tiránicos y ajenos a las normas de convivencia. Pocos son los elegidos a testimoniar, con su comportamiento leal a las leyes, el ejercicio de una ciudadanía responsable. Pocos son los que arriesgan su bienestar para salvar aspectos esenciales del funcionamiento de nuestras sociedades y dar continuidad a lo que da sentido a nuestra coexistencia en paz y libertad; a la defensa de la verdad, o  al bien común. En definitiva, pocos hacen frente a la aberración, al chantaje, a la extorsión o al ilícito penal. Pocos se enfrentan a  quienes hacen un claro abuso de su situación de prevalencia y limitan derechos a ciudadanos que ejercen su individualidad y criterio propio;  para no ser colaboradores necesarios de atropellos al Estado de Derecho.  Los vascos de la resistencia al totalitarismo amparado durante décadas por el nacionalismo sabemos mucho de lo que estoy diciendo, y hemos pagado caro nuestra posición de enfrentamiento a ETA. Al menos yo puedo contarlo. Otros ya no están para escribirlo.

 

En esta ocasión la héroe se llama Dolores Agenjo, directora de un Instituto de Hospitalet -actualmente jubilada- que se negó a ser cómplice de una actuación ilegítima y contraria a la Constitución Española y a la expresa suspensión por el Tribunal Constitucional  de la bananera consulta con cajas de cartón que intentó Mas el 4 de noviembre de 2014.

 

Dolores Agenjo solicitó, como debe hacer un funcionario que no quiere ser cómplice de órdenes ilícitas, un escrito de su superiora jerárquica en el que se le ordenara, como se le había hecho de forma telefónica en cinco ocasiones, la entrega de las llaves de su centro para realizar una consulta ilegal, suspendida de forma expresa por quienes tienen la capacidad y competencia para ello. Con ello Dolores Agenjo ejercía su obligación de “desobediencia debida” para no participar como colaboradora activa de un delito de sus superiores. Y lo hizo, además,  para tener la prueba documental que le permitiera acudir a los órganos adecuados que eran la Delegación del Gobierno en Cataluña y la Alta Inspección de Educación, a los efectos de la denuncia correspondiente. Y, además, fue leal con sus superiores, pues podía haberlo ocultado y haber actuado sin advertencia, pero se lo expresó debidamente, anunciando que iba a acudir a dichas instancias.

 

Independientemente de su carácter de funcionaria, y por ello subordinada de los órganos de dirección y gestión del Departamento de Educación catalán, ella estaba obligada al cumplimiento de las leyes, y lo que hizo no era un derecho, fue una obligación. Que no lo hicieran otros directores no le eximía a ella del cumplimiento de sus deberes como funcionaria pública.  Su actuación ha sido impecable, por tanto.

 

Dolores, igualmente, está ejerciendo una obligación de testificar los hechos para que  los órganos jurisdicciones competentes en los ámbitos de la justicia cumplan su papel de juzgar si los hechos fueron constitutivos de algún delito, como parece, a la luz de la razón, que lo son. También es un deber cívico de los ciudadanos de bien, cumplidores de nuestra obligación de acatar las leyes y potenciar el funcionamiento democrático de nuestras sociedades. Ello implica ser respetuosos con el marco jurídico y no ser cómplices de quienes quieren transgredirlo; ser leales con el marco constitucional y evitar los atropellos a los derechos de las personas, entre  otros los que tratan de impedir que el resto de los españoles seamos consultados sobre el futuro de España. La hipotética secesión de Cataluña afecta a todos los españoles, y por ello todos debemos ser partícipes de lo que suceda a nuestra nación común.

 

Sin embargo, Dolores Agenjo está siendo objeto de una avalancha de insultos e injurias, de todo punto inaceptables, en una campaña de acoso personal que no tiene razón de ser en una sociedad que se califique de democrática, donde se respeten el pluralismo social y los derechos individuales. Pero a estas alturas es de todo punto indubitable que en Cataluña se ha esquilmado todo atisbo de pluralismo y se ha convertido al nacionalismo en un Régimen. En el mismo    el que se opone a los atropellos se convierte en un apestado. Sucede en todas las dictaduras, aunque sean de apariencia democrática.

 

Por eso Dolores es ya una referencia de bonhomía y de ciudadanía que ejerce sus obligaciones. Y para mí es una héroe pues no es fácil hacerlo sin pagar un alto precio en forma de exclusión y de agravios personales.

 

El Estado debería amparar a esta persona, no solamente por haber ejercido sus obligaciones como funcionaria del Estado, ya que por el hecho de serlo lo es también del Estado, ya que esa Comunidad es fragmento de Estado y sus gobernantes representantes ordinarios del mismo por ley, sino que, también, por haber defendido en su puesto de trabajo el Derecho Constitucional y haber sobrepuesto sus actuaciones a la ley y al Derecho Administrativo, habiendo solicitado que le cursaran la orden de forma conveniente y haberse negado a cumplir órdenes antijurídicas. Por otra parte, por las capacidades y responsabilidades atribuidas al cargo de directora por ser la máxima representante de la comunidad educativa de su Centro. Y, finalmente, como testigo, tiene derecho a la protección ya que es, por esa condición, colaboradora  de la justicia, para que ésta cumpla su función, con total independencia de poderes ajenos y de presiones ilegítimas como la que sucedió el día del juicio a Mas con la movilización de miles de personas en un ejemplo deleznable de lo que no debe ser un Estado de Derecho, es decir, en un intento de coacción a la independencia de los jueces.

 

Pero tratar que el Gobierno de Rajoy ampare a los ciudadanos que dan ejemplo de comportamiento cívico es como exigir a un jilguero que rebuzne. Para Rajoy solamente tienen interlocución quienes tratan de vulnerar las normas. En  lugar de perseguirles o de dar una respuesta proporcional a sus despropósitos les da dinero.

 

Ya es hora de que la Constitución prevalezca, y también es hora de acabar con los tiranos aunque éstos tengan tras de sí una masa social aborregada.

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1 Comentario
Ramiro
Fecha: Lunes, 13 de febrero de 2017 a las 16:37
Yo me descubro ante esta SEÑORA, y digo SEÑORA con mayúsculas, y quiero hacerle llegar el testimonio de mi afecto, gratitud y admiración.

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