Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies

Ernesto Ladrón de Guevara
Lunes, 20 de marzo de 2017

La sombra de ETA

[Img #11024]

 

ETA ha comparecido desde sus rescoldos fétidos con el anuncio de la entrega de armas. Pura escenificación esperpéntica y sin valor alguno, ya que, como informa La Tribuna del País Vasco, ni ella conoce dónde tiene guardado su arsenal. ETA, simplemente, es un espectro; y han sido detenidos sus principales artífices, y condenados a prisión, como corresponde hacer con los terroristas.

 

Como se ha repetido por diferentes representantes políticos, ETA debe disolverse y no hacer la pamema de un abandono de armas imposible de verificar, pues ni saben dónde las tienen ni, en su caso, es posible conocer qué armas entregan y cuáles o cuántas conservan. Y, en todo caso, podrían comprar otras en 24 horas. Lo que tienen que hacer es anunciar el final definitivo de su negra y sangrienta existencia, la renuncia a sus objetivos por estar manchados de sangre y ser ilegítimos, y la colaboración con la justicia para aclarar la autoría de los más de trescientos crímenes sin resolver. Mientras no se arrepientan públicamente del daño causado y resarzan a sus víctimas, pidan perdón y colaboren activamente con la justicia, no se puede, moralmente, darles ni crédito ni consideración alguna.  Los encausados y condenados que cumplen prisión por esta causa deben estar dispersos para evitar su agrupamiento y no facilitarles beneficio alguno, porque, simplemente, no muestran contrición por el daño causado ni propósito de la enmienda. Es vomitivo oír al líder de Podemos sus llamamientos para conceder beneficios penitenciarios a terroristas convictos. Podemos no se diferencia en nada de los nacionalistas en su estrategia perversa.

 

He estado en el funeral de Fernando Altuna, hijo de Basilio Altuna, capitán de la Policía Nacional asesinado por ETA pm en 1980, cuyo crimen ni ha sido investigado, ni se conoce a los autores materiales. Esta víctima ha sido ninguneada por una clase política hipócrita e inmoral.

 

Reproduzco unas palabras de Fernando Altuna en la carta a su padre que Francisco López referencia en su sección “Tiempo de recordar” en este mismo medio:
 

“Los sucesores o herederos de KAS ostentan/detentan 1.195 concejales, 117 alcaldías y el ayuntamiento de Pamplona. El asesinato de mi padre, como el de más de otros 300 ciudadanos, no se ha esclarecido al no haber realizado  el estado de derecho su función de “hacer justicia”. Buena parte de la sociedad vasca y española sigue legitimando, hoy, este pasado, tanto los medios empleados por los que te mataron como los fines por los que te asesinaron. No se ha deslegitimado el discurso de los terroristas.”

 

A Fernando Altuna también le han asesinado. Ha muerto como consecuencia de la desesperanza, del hastío y del profundo sufrimiento producido tanto por la pérdida de su padre como por la nula reparación que se ha hecho a la familia. Es vergonzoso que las instituciones vascas hayan dado la espalda a estas víctimas causando un daño añadido a una familia a la que se arrebató su ser querido; un alavés que servía a sus conciudadanos siguiendo y cumpliendo las normas y órdenes de la autoridad competente en cada momento. No solamente quitaron la vida a su padre sino que los conniventes con aquel crimen le difamaron y desacreditaron. La insidia y la bajeza moral han sido la cicuta que ha ido minando la salud y deteriorando físicamente a Fernando Altuna hasta su fallecimiento.

 

Esta semana se ha publicado un estudio presentado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo realizado por los profesores Francisco J. Llera y Rafael Leonisio (UPV/EHU), acerca de “La estrategia del miedo. ETA y la espiral de silencio en el País Vasco”.

 

Realmente, el informe no descubre nada que no supusiéramos, pero tiene la virtualidad de poner unas conclusiones que están soportadas en elementos objetivos y comprobables, en datos estadísticos que le aportan un valor científico. Lo que viene a decir en pocas palabras es que el terrorismo de ETA secuestró las libertades, indujo el miedo en la población, e impidió la democracia, puesto que los propios partidos políticos no nacionalistas no podían presentar planchas electorales  ya que nadie quería figurar en ellas, sobre todo en aquellas localidades controladas socialmente por los acólitos del terror. Nada que no sepamos, pero viene bien que se recuerde y se subrayen las evidencias contrastadas y comprobables en las que se apoyan tales asertos.

 

Por ello hay que trabajar en una doble dirección:  por una parte deslegitimar moralmente a aquellos que se han beneficiado del terror, es decir al mundo nacionalista.  Sobre todo a aquellos que están siguiendo la estela de imposición de políticas al conjunto de la población, sin que tengan el soporte jurídico que proporcione fuero legal a esas prácticas antidemocráticas, como es una política lingüística y un nepotismo que produce fuertes desigualdades en las oportunidades de acceso a los bienes culturales, de empleo laboral y del ejercicio de los derechos civiles. Es el caso de Navarra, donde se gobierna para el secesionismo, a espaldas de la mayoría de la población que no es nacionalista ni separatista.

 

Y por otra parte trabajar en la dirección de la memoria y el recuerdo de lo sucedido en los años de plomo y fuego, de las múltiples víctimas del terrorismo, de la dignidad y la justicia, y del esclarecimiento de todos los crímenes aún sin aclarar. Hay que frenar los intentos de lavar la basura de los años de terror, de disolver en el olvido las complicidades o pasividades ante las actitudes mafiosas, de confundir a la población con cortinas de humo, de impedir que las nuevas generaciones conozcan lo que ha ocurrido y la cara genocida del mundo etarra.


Hay que  llevar a sus autores ante la justicia para que paguen sus penas. Mientras eso no ocurra no podemos hablar de la superación de la etapa del terror. Se ha de  obligar a resarcir a las víctimas y reconocer institucionalmente  la fuerza moral y la dignidad de las mismas. Solamente así evitaremos que otros como Fernando Altuna mueran hundidos en la desesperación por la injusticia de un Estado que les ha abandonado.

Acceda para comentar como usuario Acceda para comentar como usuario
¡Deje su comentario!
Normas de Participación
Esta es la opinión de los lectores, no la nuestra.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
La Tribuna • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2017 • Todos los derechos reservados
Powered by FolioePress