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Raúl González Zorrilla. Director de La Tribuna del País Vasco
Martes, 11 de julio de 2017
20 años del asesinato de Miguel Angel Blanco

Tiempos de manos blancas

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Miguel Ángel Blanco Garrido nació en la localidad vizcaína de Ermua en 1968. Aquel mismo año, la banda terrorista ETA se dio a conocer públicamente cometiendo dos crímenes que, con el paso del tiempo, serían considerados como los primeros atentados mortales llevados a cabo por la organización criminal: el del miembro de la Guardia Civil José Pardines Arcay, tiroteado en Villabona (Guipúzcoa) el 7 de junio de 1968, y el de Melitón Manzanas González, Inspector-Jefe de la Policía asesinado el 2 de agosto del mismo año en la ciudad fronteriza de Irún.

 

Aunque fuera de un modo intuitivo, muchos hombres y mujeres vislumbraron entre las sombras de aquel trágico 12 de julio de 1997 que el joven concejal del Partido Popular asesinado tres días después de ser raptado a escasos metros de su domicilio, bien podía haber sido el hijo de cualquier familia vasca de la mayoría que no comulga con el ideario fanático de los criminales. Esta certeza atroz, junto con el convencimiento de que el objetivo de ETA con aquel acto de absoluta crueldad era aterrorizar a una sociedad cohesionada alrededor del Pacto de Ajuria Enea, pero inmutable ante el goteo incesante de crímenes cometidos por los terroristas, provocó que cientos de miles de manifestantes se echaran a las calles impulsados por una necesidad visceral de mostrar su repulsa ante la ignominia y como única forma de liberar pacíficamente su cólera e indignación.


Las movilizaciones de protesta por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que se extendieron por todos los rincones de España, pero que en el País Vasco tuvieron una trascendencia especial, alumbraron unos días memorables y momentos mágicos en los que una voz unánime pareció tomar las riendas de los acontecimientos para fundir a instituciones y ciudadanos en una comunión que solamente se produce en escasas ocasiones a lo largo de la historia. Aquellos instantes imperecederos, cargados de símbolos bellos y rebosantes de solidaridad, convulsionaron la vida colectiva y tuvieron la fuerza necesaria para voltear las prioridades políticas y sociales de Euskadi. De este modo, la unidad política frente al terrorismo, la eficacia policial, la firmeza judicial y, especialmente, la máxima protección de los derechos democráticos de los vascos no nacionalistas pasaron a convertirse en las prioridades inmediatas de una sociedad que, hasta entonces, se había mostrado demasiado displicente ante la aberración moral que significa la sistemática utilización de la violencia como eficaz y precisa herramienta de limpieza ideológica.


El nuevo directorio de urgencias colectivas, impulsado en un primer momento por un grupo de intelectuales agrupado bajo el nombre de “Foro de Ermua”, demostró poseer la capacidad suficiente para arrancar a la sociedad vasca de los territorios banales en los que se encontraba instalada, allí donde los atentados terroristas no tenían ninguna repercusión para la cotidianeidad de la mayoría de los ciudadanos. Pero, además, la nueva ubicación del interés sociopolítico de la opinión pública colocó a los vascos dentro de un marco histórico diferente en el que los crímenes pasaban a tener responsables conocidos, donde los cómplices poseían nombres y apellidos, y en el que acordar, colaborar, concertar o convenir actuaciones y estrategias con los terroristas o con los adláteres políticos de éstos comenzaba a implicar consecuencias negativas.

 

En esencia, lo que rápidamente pasó a conocerse como el “espíritu de Ermua” significó convertir en algo públicamente evidente aquello que lo mucho padecido en Euskadi había ido generado de un modo latente: consistía, por supuesto, en demandar firmemente la depuración de todas y cada una de las responsabilidades asociadas a los crímenes terroristas, en reinstalar el imperio de la ley, en recuperar la presencia del Estado en Euskadi y en denunciar cómo la red de legitimación de la violencia se había extendido hasta los ámbitos más insospechados de la comunidad autónoma, pero, sobre todo, se trataba de evidenciar públicamente las muchas miserias que la sociedad había generado, y seguía generando, para no ver, no escuchar y no recordar el mísero legado moral que tantos años de asesinatos impunes habían dejado en Euskadi.
 


El espíritu de Ermua constituyó un disolvente único y vigoroso para licuar la atonía y la inconsecuencia con la que muchos vascos, gravemente afectados por la indolencia y la desidia, contemplaban los permanentes ataques físicos, las persecuciones, las amenazas y las extorsiones sufridas por muchos de sus vecinos. Este movimiento surgido de la ira popular más inmediata también situó en el primer plano de la política vasca una serie de argumentos que, por primera vez desde la Transición, ya no respondían al ideario primordial del mundo nacionalista, sino que, fundamentalmente, hacían referencia a las demandas, las exigencias y las necesidades de los hombres y mujeres más próximos a los planteamientos de los partidos estatales, vascos todos ellos que, hasta entonces, apenas habían contado con plataformas públicas desde las que presentar su legítima visión del país que habitaban.


El escritor y periodista Iñaki Ezquerra, que vivió muy de cerca aquellos momentos y que fue uno de los iniciadores de aquel incipiente movimiento posteriormente definido como constitucionalista, relata muy gráficamente lo que supuso la explosión social de Ermua: “Aquello significó la reanudación de esa transición democrática que en Euskadi llevaba años paralizada, la recu peración de la calle para la sociedad democrática vasca y algo aún más importante: la recuperación de la voz. Hasta aquel momento en que en la plaza de Ermua se tuvo noticia de que el concejal del PP había recibido un par de tiros en la nuca, las manifestaciones contra la violencia habían sido tradicionalmente organizadas por los grupos pacifistas y se habían venido desarrollando siempre en un silencio entre resignado y místico, taciturno y pudoroso, como si pedir el fin del terrorismo fuera algo que reportara una misteriosa y fantástica suerte de culpabilidad, como si hubiera que hacerlo con una obligada tristeza. Era ese un silencio estudiado y diseñado con detenimiento, que apelaba a Ghandi y a Jesucristo, a la paz y al perdón, pero no a la justicia y al derecho democrático, a la sensibilidad laica y a la herencia ilustrada, a la Constitución y al Estado de Derecho. Lo que sucedió en Ermua aquel sábado fue, simplemente, que la ciudadanía recuperó la palabra. Esa palabra que nunca debió perder porque es la esencia de la democracia y de la paz misma. De lo que se trataba no era de reclamar una paz cualquiera, una paz del silencio gesticulante y de la mordaza, como la franquista. Se trataba de pasar del gesto por la paz a la palabra por la democracia”.


Así fue cómo desde los espacios sociopolíticos que nacieron al ritmo de los nuevos aires que surgían de Ermua se comenzó a reivindicar, por ejemplo, el derecho de todos los ciudadanos a vivir en libertad, la necesidad de que el Gobierno vasco potenciara, definitivamente, la actividad de la Ertzaintza contra el terrorismo, la urgencia de que el brazo político de ETA comenzara a hacerse penalmente responsable de su obsesiva apuesta por legitimar la violencia, el deber de trabajar institucionalmente para proteger a la víctimas del horror o la obligación colectiva de recuperar la ínfima calidad de la democracia vasca. Este dietario de valores se contraponía a otros, relacionados con la demanda de un mayor nivel de autogobierno, con la presunta necesidad de entablar un diálogo con ETA o con la exigencia permanente de acercar a los presos terroristas a cárceles próximas al País Vasco, que entonces, y a pesar de la influencia moderadora manada desde el Pacto de Ajuria Enea, eran los que básicamente preocupaban al mundo del nacionalismo vasco en general, y al PNV en particular.


Esta alteración radical en el orden de las prioridades colectivas y la cólera provocada por las múltiples acciones delictivas que la organización terrorista llevó a cabo a lo largo de 1997 y 1998 (quince asesinatos, incluido el de Miguel Ángel Blanco, más los secuestros del empresario José Maria Aldaya y del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara) parecían despertar a muchos vascos del paradisíaco ensueño en el que las lisonjas y los vapores del pensamiento débil les había sumido y, consecuentemente, llevaron al PNV a temer gravemente por su imperecedera hegemonía en una región en la que la idílica contemplación nacionalista de la realidad comenzaba a resquebrajarse  por la frenética y sanguinaria actividad de ETA.


Ante esta situación, el Partido Nacionalista Vasco, en vez de sumar sus recursos y su potencial movilizador al vendaval que, por fin, se levantaba para, de una vez por todas, terminar social y políticamente con la organización terrorista, dio un giro radical a la trayectoria de relativa moderación que había emprendido en 1986 con la rúbrica de su acuerdo de Gobierno con el Partido Socialista de Euskadi, y en 1988, con la firma del Pacto de Ajuria Enea, y pasó a liderar una estrategia no destinada a certificar que los valores de la libertad, la paz y la seguridad alcanzaran a todos los vascos, sino exclusivamente diseñada para que los preceptos básicos nacionalistas no se vieran arrollados por una marea que amenazaba con arrastrar al sumidero de la historia no solamente a los terroristas de ETA, sino también a todos aquellos que por querencia propia se encontraran próximos al ámbito ideológico y de actuación de la organización criminal.


De este modo, el 12 de septiembre de 1998, el PNV, dirigido con más firmeza y temeridad que nunca por Xabier Arzalluz y Joseba Eguibar, aprobaba junto con ETA y otras formaciones nacionalistas el compromiso conocido como Acuerdo de Estella o Pacto de Lizarra que, como primera e inmediata consecuencia, provocó una declaración unilateral de tregua por parte de la organización terrorista. Este alto fuego “unilateral” provocó inmediatamente que las urgencias nacionalistas de algunos vascos se convirtieran en el gran eje sobre el que habría de girar la vida en común y el desarrollo futuro de todos los vascos.


Cuando se rubricó este pacto infame en Estella, la localidad navarra que le dio nombre, habían transcurrido, exactamente, 14 meses desde que el etarra Francisco Javier García Gaztelu asesinara con dos disparos en la nuca a Miguel Ángel Blanco Garrido.

 

(*) Extracto del libro "Terrorismo y Posmodernidad" (Ediciones Editilde), de Raúl González Zorrilla, director de La Tribuna del País Vasco.


 

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1 Comentario
antonio mancera.CIRCULO AHUMADA.
Fecha: Sábado, 15 de julio de 2017 a las 11:38
Quiero recordar a mis amigos de la LA TRIBUNA DEL PAIS VASCO,que ayer día 14 de Julio se cumplían 31 años de la masacre cometida por ETA en la Plaza de la República Dominicana de Madrid,donde perdieron la vida 12 jovencísimos guardias civiles y nadie,nadie les ha dedicado un minuto dre silencio en su recuerdo.ELLOS TAMBIEN SON VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ETA.
Saludos.

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