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Domingo, 29 de octubre de 2017
Vergüenza en la UE

Bélgica, hasta ahora refugio europeo de terroristas, quiere ser también refugio de golpistas como Puigdemont

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El ministro belga de Inmigración y nacionalista flamenco, Theo Francken, ha afirmado que su país podría conceder “asilo político” al presidente cesado del Gobierno catalán, el golpista Carles Puigdemont, si así lo pidiera éste y ante la posibilidad de que no recibiera "un juicio justo" en el caso de ser detenido por su insistencia en seguir adelante con el proceso de independencia de Cataluña, declarado ilegal por las autoridades judiciales españolas.


"No es algo irreal, bien mirado", ha declarado Francken en una entrevista a la cadena belga VTM. "Se está hablando ya de una pena de cárcel (para Puigdemont). Quedaría por ver hasta qué punto sería justo ese juicio", ha añadido el ministro, siempre sobre la hipótesis de que Puigdemont decidiera huir a Bélgica, uno de los pocos países de la Unión Europea que puede conceder asilo a los ciudadanos del propio bloque europeo. Francken también ha escrito en su cuenta de Twitter que  Puigdemont "puede solicitar asilo político".


"Está claro que esto nos pondría en una difícil situación diplomática con el Gobierno español", ha reconocido Francken, "pero es posible, por ley, solicitar asilo en Bélgica; una solicitud que, como todas las demás solicitudes de asilo, será examinada de manera objetiva, correcta e independiente, como les gustaría a los españoles que sucediera".


No es de extrañar esta querencia de Bélgica por aceptar en su territorio a políticos golpistas, teniendo en cuenta también el interés y el empeño que pone Bruselas en convertirse en un refugio para terroristas. Hace apenas unos meses, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) calificaba de bochornoso que Bélgica insistiera en presentarse como un refugio de terroristas huidos al negarse a extraditar a la etarra Natividad Jáuregui, perseguida en España por asesinar de un tiro en la cabeza a Ramón Romeo en marzo de 1981 en Bilbao. De hecho, el Tribunal de Casación, última instancia de recurso en Bélgica, respaldó en ese momento la decisión de un juzgado de Apelaciones de Gante de no ejecutar una nueva orden europea de detención contra la etarra. Las víctimas del terrorismo ya advirtieron entonces que la actitud de la Justicia belga suponía un evidente peligro para la lucha contra el terrorismo en Europa.

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