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Lunes, 26 de diciembre de 2016
Cree que la cooperación antiterrorista internacional es "insuficiente"

La Defensora del Pueblo denuncia que no existe un registro oficial de víctimas del terrorismo y advierte de que los libros de texto se olvidan de ETA

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Noticia clasificada en: Víctimas del terrorismo

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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado en las Cortes el estudio “Los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual”, que realiza 17 recomendaciones al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, para mejorar la defensa de los derechos de las 864 víctimas mortales y de los más de 2.500 heridos por el terrorismo etarra.

 

El documento elaborado por la Defensora del Pueblo explica que la organización terrorista ETA, según datos de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, asesinó a 864 personas, mientras que el número de heridos superaría los 2.500, y denuncia que “no existe, sin embargo, un registro oficial de víctimas del terrorismo (mortales y no mortales), ni un registro completo que vincule víctima con causa judicial, pese a los avances alcanzados en este ámbito”.

 

El informe también destaca que “el número de crímenes no resueltos es aún elevado. Esta realidad agrava la dolorosa situación de los familiares afectados y también de las propias víctimas en el caso de los heridos”.

 

A juicio de la Defensora del Pueblo, “el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los derechos humanos,  que entraña, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ‘tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y de su motivación’, no ha sido satisfecho a todas las víctimas del terrorismo de ETA. Además, “la cooperación internacional, imprescindible para la lucha contra el terrorismo y el derecho a la justicia de las víctimas, es aún insuficiente, incluso en el ámbito de la Unión Europea, pese a los indudables logros alcanzados”.

 

Soledad Becerril también denuncia que “los desterrados por causa del terrorismo de ETA del País Vasco y Navarra carecen del derecho al voto en las elecciones autonómicas, forales y locales" y advierte de que “la cuantía de las indemnizaciones que perciben del Estado las víctimas del terrorismo es diferente en función de la existencia o no de sentencia judicial.

 

Finalmente, la Defensora del Pueblo también destaca que “la educación de los jóvenes es esencial para la comprensión de lo que el terrorismo significa por las futuras generaciones. En los manuales de historia analizados no se explicita la perspectiva ni el pensamiento de las víctimas, así como las consideraciones filosóficas, antropológicas y éticas sobre el terrorismo de ETA”.

 

Las recomendaciones incluidas en el informe se dirigen concretamente a los ministerios del Interior, Asuntos Exteriores y Educación, así como a la Fiscalía General del Estado.

 

Al Ministerio del Interior

 

* Unificar en un solo archivo digitalizado todas las causas judiciales por delitos de Terrorismo, en cooperación con el Ministerio de Justicia.

 

* Crear un Registro Oficial de Víctimas del Terrorismo.

 

* Revisar la actualización de los plazos para el ejercicio de los derechos de las víctimas con el fin de evitar su prescripción.

 

* Reforzar los programas de asistencia psicológica a las víctimas y familiares

 

Al Ministerio de Justicia

 

* Mejorar el acceso de las víctimas a la información sobre las investigaciones judiciales.

 

* Dotar adecuadamente a la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional con los medios personales y materiales necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones.

 

Al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

 

* Establecer un plan de actuación, en colaboración con las asociaciones de víctimas, para dar a conocer internacionalmente el daño causado por el terrorismo.

 

* Reforzar la acción exterior del Estado para lograr las extradiciones solicitadas por España  de terroristas que se encuentran en libertad en algunos países.

 

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

 

* Fomentar en los planes de estudio de ESO y Bachillerato el objetivo general de respeto y consideración a las víctimas del terrorismo, así como -desde una óptica filosófica y moral- el rechazo al terrorismo.

 

A la Fiscalía General del Estado

 

* Continuar las actuaciones procesales iniciadas para intentar la depuración de responsabilidades penales en los atentados terroristas no resueltos.

 

* Profundizar en la aplicación del concepto jurídico de crimen de lesa humanidad al terrorismo de ETA.

 

Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco recibirán un ejemplar íntegro del informe con los envíos de diciembre

 


 

 
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