Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies
www.latribunadelpaisvasco.com
Viernes, 2 de junio de 2017
Manifiesto

Una amenaza para la historia

Guardar en Mis Noticias.

Es urgente la intervención de los responsables institucionales para detener la destrucción masiva en Euskadi de documentos civiles, penales y sociales sobre atentados de los últimos cincuenta años.

[Img #11517]

 

EI pasado mes de marzo el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Instituto Valentín de Foronda celebraron una jornada para analizar la importancia de los archivos para la investigación del fenómeno terrorista en España. En ella diferentes especialistas discutieron sobre la localización y las condiciones de acceso a los fondos generados por las administraciones civil, militar y judicial desde 1960 a nuestros días. Carmen Alba, excoordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, describió cómo ha recuperado las causas judiciales sobre asesinatos, dispersas en diversos archivos. Y nos alertó de un grave problema que ha detectado durante sus trabajos de recopilación: en Euskadi se han destruido expedientes judiciales sobre atentados y otras actividades terroristas.

 

La suerte de este tipo de documentación se regula por el Real Decreto 937/2003. La norma creó una serie de Juntas de Expurgo, de ámbito autonómico, encargadas de seleccionar los expedientes a eliminar por haber finalizado, prescrito o caducado. Ahora bien, deben conservarse permanentemente aquellos que la administración competente en materia de patrimonio cultural reclame por su valor histórico. En nuestro caso el organismo responsable es la Junta de Expurgo de Expedientes Judiciales de Euskadi, creada en 2004. Según noticias publicadas en prensa, al año siguiente ya había destruido más de setenta toneladas de documentación de los ámbitos civil, penal, social y contencioso-administrativo. La última orden de expurgo se publicó el pasado 14 de diciembre. Juanfer Calderín señaló en su libro “Agujeros del sistema” (2015) que varios casos de sumarios habían sido destruidos en Euskadi. Destacaba la causa por el asesinato del periodista José María Portell por parte de ETA en 1978, que había sido eliminada el 23 de octubre de 2008. Tal documentación es irremplazable: sin ella, la investigación histórica es casi imposible.

 

Desconocemos casi por completo el funcionamiento de la junta, de la que, significativamente, no forma parte ningún historiador. Aunque el Departamento de Cultura del Gobierno vasco está representado dentro del organismo, no parece que haya actuado diligentemente para impedir estas destrucciones irreparables. No tener en cuenta la relevancia de la documentación judicial parece una temeridad.

 

La documentación judicial es, probablemente, la más rica de las que se conservan en los archivos históricos. Su utilización es indispensable para escribir la historia de cualquier época. Si se confirma la destrucción masiva de expedientes judiciales generados en Euskadi en los últimos cincuenta años, se limitará la posibilidad de hacer historia de manera rigurosa, ya que nos faltarán documentos con la que sostenerla. Por el contrario, se dará alas a la literatura panfletaria, la escrita por los propagandistas que no consultan ni archivos ni bibliotecas.

 

Con todo, lo peor de esta noticia es que, si una parte de las fuentes judiciales ha sido destruida, será imposible lograr un conocimiento exacto de las páginas más oscuras de la historia reciente de Euskadi. Se habrá privado, así, tanto a nosotros como a las generaciones futuras, del derecho a la verdad. Por todo lo dicho, los historiadores firmantes reclamamos la urgente intervención de los responsables institucionales en la materia para detener la eliminación de las fuentes judiciales, así como para elaborar un catálogo completo de la documentación indebidamente suprimida.

 

Firman este Manifiesto: SANTOS JULIA, ANTONIO ELORZA, MANUEL MONTERO, LUIS CASTELLS, JOSÉ LUIS DE LA GRANJA, ANTONIO RIVERA, SANTIAGO DE PABLO, JAVIER UGARTE, LUIS M. JIMÉNEZ DE ABERASTURI, PILAR PÉREZ-FUENTES, TXEMA PORTILLO, JOSEFINA MARTINEZ ALVAREZ, JOSÉ ANTONIO PÉREZ, MATTEO RE, GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA FERNANDO MOLINA, PEDRO BARRUSO, RAÚL LÓPEZ ROMO, JAVIER GÓMEZ, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, SARA HIDALGO, DAMIÁN ALBERTO GONZÁLEZ, NIALL CULLEN, JORGE MARCO Y LUIS ARIAS GONZÁLEZ

Acceda para comentar como usuario Acceda para comentar como usuario
¡Deje su comentario!
Normas de Participación
Esta es la opinión de los lectores, no la nuestra.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
La Tribuna • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2017 • Todos los derechos reservados
Powered by FolioePress