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David R.
Viernes, 25 de agosto de 2017
España no roba a los catalanes; financia su deuda

Cataluña, en quiebra técnica

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Noticia clasificada en: Cataluña Secesionismo en Cataluña

[Img #12054]"España nos roba”. Esta frase se ha convertido en un tópico, que desde hace demasiados años habita las mentes de muchos catalanes, y es tremendamente falsa.

 

No solo los ciudadanos españoles no robamos a los ciudadanos catalanes, sino que somos sus acreedores, porque los catalanes deben mucho dinero al resto de los españoles.

 

Me explico brevemente y a continuación pongo un ejemplo de economía doméstica, la del Sr. Menos.

 

La deuda pública de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que es la forma de obtener recursos para poder pagar gastos por encima de sus ingresos, es una cantidad de dinero de obligada consignación en los presupuestos anuales y se obtiene mediante emisión de títulos valores que se comercializan en los mercados financieros en forma de bonos. Como cualquier deuda incorpora la obligación de una devolución que consta de un principal y unos intereses, porque para que te presten, tú prometes devolver el dinero con intereses.

 

Esa deuda no para de crecer y es de 75.000 millones de euros en el primer trimestre de este año. Solo en los doce últimos meses (interanual) ha crecido en 3.000 millones, y algunos dicen que eso convierte a los catalanes en los ciudadanos más endeudados de España, pero eso apreciación es superficial y oculta la realidad, porque esa deuda la compartimos todos.

 

La actual calificación de esa deuda, por parte de las tres principales agencias de rating del mundo: Moody's, S&P y Fitch (que son las únicas que califican regiones del planeta) es muy inferior a la categoría de "bono basura", que en la jerga financiera son aquellos emitidos por entidades o instituciones con poca solvencia y prestigio, y por tanto son de alto riesgo, bonos que normalmente compensan su elevado riesgo prometiendo muy altas rentabilidades, o sea, pagando unos tipos de interés tremendos.

 

Las tres agencias mencionadas califican los bonos de Cataluña (según sus respectivas tablas) como Ba3-, BB-, y BB-, en los tres casos identifican la deuda como de "altamente especulativa", a la altura de países como Angola, Bangladesh, Bolivia o El Salvador. Llevan bajando la calificación desde el año 2011 (cuando estaba en grado A) y amenazan con seguir bajándola. Destacan la incertidumbre que generan los planes soberanistas y la más que dudosa capacidad de Cataluña para devolver esa deuda.

 

Como consecuencia, los inversores internacionales y nacionales, las entidades financieras y los particulares hace años que decidieron dejar de comprar esa deuda, aunque ciertamente su rentabilidad (interés) ya supera el 3,3%, y lo hicieron porque no se creen que algún día puedan pagarla; que es lo que le paso a Grecia. Cataluña está en quiebra técnica porque no puede hacer frente a sus obligaciones y parecen ser los únicos en no enterarse.

 

Esto no se está explicando con suficiente claridad, tengo la sensación de que muchísimos catalanes lo ignoran o no quieren verlo.

 

¿Quién sostiene la deuda?, pues el Estado español, que ya es tenedor de más del 70% del total; o sea los españoles, entre otros usted y yo. El total de esa deuda no hay que dividirla entre 7.500.000 millones de catalanes, porque un 70% nos toca a todos los demás.

 

Pero lo más grave es que esa deuda no la pueden devolver con las actuales calificaciones porque no encuentran financiación externa en ningún rincón del mundo; y hasta el más optimista de los economistas calcula que como mucho, a partir del momento de la implementación de una utópica independencia, la falta de liquidez de Cataluña la llevaría en tres meses a un impago total de facturas, incluidas las de la luz de las farolas. Algo parecido, pero más lentamente, ocurriría si el Gobierno decidiese cerrar el grifo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), mecanismo con el que todos los meses los españoles inyectamos ingentes cantidades de dinero a Cataluña, para evitar el desastre.

 

Pongo un ejemplo sencillo; una persona (se llama Sr. Menos y no es un "chaval") está pagando una hipoteca y lleva un tren de vida "a tope". Un buen día, la tarjeta de crédito deja de darle dinero; sorprendido, se percata que tiene unos números rojos muy voluminosos en su cuenta corriente, su situación es de tal gravedad que su banco le ha mandado una carta, que como andaba de juerga no había leído. En la carta, el banco le comunica que esta harto de él y que no le presta más dinero; de paso le recuerda lo que debe.


El Sr. Menos, enfadado, busca financiación en otras entidades, pero como éstas comparten datos, se encuentra con todas las puertas cerradas y ninguna le presta dinero. Y además son tan "malos" que le han apuntado contra su voluntad en una "lista negra" internacional.
 

El Sr. Menos les dice que está dispuesto a pagar los intereses que sean necesarios, pero los bancos no se lo creen, no se creen que sea capaz de pagar, ni el corto ni en el largo plazo. El Sr. Menos pide ayuda a familiares y amigos, a los que ya debe dinero de favores anteriores,  estos le dicen que no, de hecho le reprochan que se haya gastado su dinero en absurdas juergas.

 

Desesperado, descubre que está en quiebra, no sabe qué hacer. Se convierte en un ser más mentiroso de lo que ya era, capaz de venderse al mejor postor o traicionar al mejor amigo. Pero como su soberbia es descomunal, no reconoce sus propios errores y culpa a los demás de sus desgracias.

 

No contaré el final de la historia... seguro que conocen algún caso parecido.

 

La filosofía que subyace a la administración de la economía que llevaban a la práctica nuestras abuelas y nuestras madres es la misma que la de cualquier empresa pequeña o grande, la de cualquier ayuntamiento, Comunidad Autónoma o Estado. La diferencia está en el volumen de las cifras que se manejan, en el desglose del balance, en la complejidad del conjunto, y en la correcta o incorrecta gestión de ese capital que determina la capacidad de endeudamiento. Y en que nuestras abuelas y madres no tenían especiales conocimientos matemáticos ni financieros, pero tenían sentido común y sabían perfectamente el significado de los términos ingresos y gastos.

 

Cuando el sueño independentista se desvanezca, el problema de la deuda pública de Cataluña permanecerá, y estará en manos de futuros políticos la difícil y lenta recalificación de la misma. Porque como es sabido, las deudas se heredan, salvo que se renuncie a la herencia, o ésta se acepte a "efectos de inventario".

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