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Carlos X. Blanco
Miércoles, 20 de septiembre de 2017

Suspender a un alumno ya resulta un acto heroico

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El sistema educativo español, como todos los demás subsistemas de nuestro Estado, es intrínsecamente corrupto o prevaricador. Lo es, precisamente, a partir de 1990, fecha de promulgación de la LOGSE, una ley (durante años largos la hemos denominado simplemente  "la Reforma") que, en general, ha sido equivalente al paso de Atila: nos dejó convertidos en un erial cultural y formativo. Ahora, como saben muy bien padres, alumnos y docentes, padecemos una LOMCE que, en lo esencial, consagra que España sea un Estado-basura en todos los terrenos que inmediatamente colindan con la enseñanza. Es responsable de la escasa estabilidad de la institución familiar, la poca calidad del empleo y la productividad, los bajos niveles de conciencia crítica e inmunidad de la gente ante la manipulación, etc. La nueva ley, la LOMCE, es todavía peor. El aspecto en que la LOMCE actual consagra e incluso potencia de manera inusitada el carácter corrupto del sistema es el aspecto de la evaluación.


Efectivamente, en todos los terrenos de la administración, dentro de un Estado eficaz y transparente, existe la posibilidad de formular quejas y reclamaciones. En Educación esto también debe ser así. Sin embargo, bastaría con encuestar al azar a los docentes, de manera anónima y sin temor a represalias, para saber qué opinan éstos con respecto a la hipertrofia de reclamaciones de nota (y, recientemente, de otro tipo, como son quejas burocráticas o intromisiones a la libertad de cátedra). El número de reclamaciones no ha hecho otra cosa que aumentar, y los docentes más veteranos guardan la impresión de que éste aumento parece exponencial con el paso de los años.

 

Los profesores más jóvenes, en cambio, lo dan ya por normal. Las reclamaciones de notas pueden ser de dos tipos, ambos no incompatibles: reclamaciones registradas en el propio centro, o presentadas ante el servicio de inspección. Muchas veces el resultado es favorable al padre o al alumno que las presenta. Y que sea sí en tal número de ocasiones es sumamente sospechoso. Da la sensación de que en Educación se ha aplicado a rajatabla aquel lema comercial americano de "el cliente siempre tiene la razón", como parte del gran engaño mercantilista en que gira el mundo desde hace siglos, pero mucho más desde 1945: el consumidor satisfecho como fantasma creado por el vendedor de humo, ideología barata y manipulaciones. Hoy es el Estado, y no sólo una firma comercial, el que se dedica a engañar a ese padre y a ese alumno querulantes. Se quejan de las notas, censuran al profesor, todo lo ven "injusto" sin el más mínimo de autocrítica hacia las negligencias de los padres (no haber dado sopapos a tiempo, no supervisar tareas, etc.) y de los niños (no haber dado, realmente, "ni golpe" durante un año…). Basta con firmar un papelito, que las propias Jefaturas de Estudios o Secretarías facilitan, y, "zas", asignatura aprobada, a pasar de curso. Mucha gente desconoce que un simple "defecto de forma" sirve para que un Departamento didáctico o, más frecuentemente, un inspector, le dé el aprobado injustamente a un alumno.


Y ¿cómo puede incurrir en "defecto de forma" un profesor? ¿Tan inútil o negligente es el docente como para no corregir bien el examen, no poner la nota correcta, equivocarse en las "medias" de las notas? No vayan a pensar. Este tipo de situaciones son muy poco frecuentes, y el docente que se equivoca de manera tan trivial no tiene problemas a la hora de rectificar los resultados, y con gusto lo hace si con ello el alumno sale beneficiado. Pero, desde la LOGSE, los "defectos de forma" suelen provenir de recovecos en la legislación (frondosa e inabarcable) o de la propia Programación de la asignatura que, confeccionada conforme con aquella selva normativa, al menos en intención, también suele ser abstrusa e impracticable.


Los "reformadores" de aquella famosa LOGSE tuvieron la disparatada idea de que ya no debían existir "temarios" de asignaturas elaborados por un Ministerio para toda España, exigiendo a los profesores, como se hacía antes, el cumplimiento de los mismos en todo el territorio nacional. Esto, tan anticuado al parecer, proporcionaba una homogeneidad de contenidos e igualdad en derechos, en todo lo referente a la formación de todos los jóvenes según su edad. En lugar de eso, los reformistas han puesto a ejércitos de pedagogos a innovar. Y cuando un pedagogo "innova", échense ustedes a temblar. Los currículos (las cosas que hay que estudiar y dominar) se alambicaron increíblemente en los llamados "niveles de concreción": nivel estatal, nivel autonómico, nivel de centro. De tal manera que la homogeneidad entre lo que estudia un chico de Sestao, de Mósteles, de Badalona o de Dos Hermanas no la reconoce ni el Espíritu Santo. Pero es que dentro del propio pueblo, en dos centros diferentes, puede haber Programaciones de la misma asignatura muy diferentes para cada curso.


Esto no tiene pies ni cabeza, y todo el tinglado de las "Programaciones" sirvió, en realidad, para crear desigualdades que claman al cielo.  Cuando un padre tiene una formación, o bien jurídica o bien docente, o está asistido por personas que son juristas o docentes muy duchos en el bosque normativo, entonces presenta la reclamación sabiendo que, en caso de ser desestimada, no va a perder dinero ni nadie le va "a coger manía" y, en el peor de los casos el niño se queda con la nota que ya tenía. En cambio, otros niños que no tienen padrinos ni defensores leguleyos se tienen que conformar con la nota. La nota ya no es objetiva, depende de quién tenga fuerza para regatear o entrar en el capítulo de las amenazas y cambalaches. Pero la LOGSE, esa gran Ventana de Reclamaciones, normalmente empezó a dar razón sistemáticamente a los padres reclamantes. Por muchas razones concurrentes, pero destacaré dos:


Ante defectos de forma la administración (los inspectores) quitan la razón a los profesores porque éstos, a final de cuentas "ya cobran" y les están sometidos jerárquicamente. Los padres, ante la administración educativa, son un elemento "externo" que puede sacar los colores a la propia administración por algún punto supuestamente incumplido en la jungla normativa: el siguiente escalón, tras tumbar o humillar al profesor o al centro viene el escalón de la propia administración (inspección), y al sistema no le interesa en absoluto que el anillo defensivo más interior de la fortaleza sea acometido desde fuera. Darle la razón al padre querulante o leguleyo ahorra muchos papeleos y quebraderos de cabeza a la élite o al "anillo central". Queman a los soldados, pero los generales se protegen en retaguardia.


Otra razón estriba en que hay necesidad de inflar el número de aprobados, la "mejora de resultados" y las cifras de alumnos que titulan o pasan de curso.
 

El desastre educativo español lleva décadas disimulándose por medio de maquillajes estadísticos y cifras abultadas que nunca reflejan la verdadera ruina de nuestro nivel cultural y profesional, y que ya se está viendo incluso en nuestros líderes políticos. Personajes como Sánchez, Iglesias, Garzón, etc. podrán ser profesores universitarios (algo que, antaño, representaba ser "élite")  y, generacionalmente, podrán ser ajenos a la LOGSE, pero reflejan ya un hundimiento de la cultura, una despoblación de gente capaz e ilustrada. Concedo que este hundimiento ya había comenzado antes de 1990, pero la LOGSE y leyes ulteriores lo aceleraron.


Tan reprensible, por prevaricador, sería dar un aprobado injustamente a un alumno ("regalar", como decimos los docentes), como suspender a un alumno que no se lo merece. No hay diferencia, moralmente hablando. Sin embargo, el primer caso de inmoralidad es el que se ha generalizado desde la LOGSE.
 

La mayoría de los docentes que no compartieron nunca el espíritu logsiano aprendieron de sus propios maestros, de sus padres y de toda una tradición educativa una ley fundamental. Observaron que aprender requiere esfuerzo, que el esfuerzo se premia y la pereza, la desidia y la desobediencia se castigan. Sin embargo, la Ingeniería Social implantada bajo régimen socialista, y toda una plétora de pedagogos y teóricos de la educación (Marchesi, Coll y Cía), invirtieron los términos y crearon, bajo decreto, las condiciones para que suspender a un alumno fuera un asunto cada vez más difícil. En primer lugar, las presiones. ¿Cuántos docentes no nos hemos visto obligados a explicar a todo tipo de gente?

 

Explicaciones incluso en los casos en que, en un examen final, a modo de "último recurso" para poder recuperar la asignatura, un suspenso es un suspenso porque no llega al mínimo de cinco puntos sobre diez. Que un chico con un uno, un dos, un tres o un cuatro, malgastadas ya todas las anteriores oportunidades para aprobar y recuperar, no merece un aprobado de cinco "por su cara bonita". Sin embargo, el profesor ha de sudar dando explicaciones ante unos hechos tan obvios: ante la junta de evaluación (los demás profesores de ese alumno), ante el tutor, ante el equipo directivo del centro, ante los padres (que no siempre acuden con el mejor humor), ante el inspector…


Evidencia de la degeneración de la profesión docente es que muchas veces el aprobado regalado se concede incluso ante las mismas presiones de los demás profesores. Un alumno vago, que además puede ser un poco maleante, si no titula o no pasa de curso "por culpa de tal o cual profesor", puede remover Roma con Santiago para que la anhelada promoción y titulación tenga lugar, riéndose en la cara de los demás muchachos que se sacaron el aprobado con sus propio sudor. El mensaje que se transmite a nuestra juventud desde 1990 es este: "los últimos (en capacidad, esfuerzo, modales y responsabilidad) serán los primeros (en ventajas, privilegios, ayudas económicas)". Se trata de la destrucción de la meritocracia, lo cual equivale exactamente a la destrucción de España como nación. Pues una nación se destruye desmotivando y castigando a la flor y nata de su escasa juventud valiosa, que es aquella que estudia y se esfuerza.
 

Con tantos años en la docencia me pregunto qué clase de fuerzas tan poderosas se pueden esconder tras ese cúmulo de presiones sobre los profesores para desincentivar los suspensos. Es evidente, como señalé arriba, que hay mucho interés por inflar los buenos resultados, por disimular una crisis civilizatoria, que no es exclusiva de España. Europa entera se derrumba moral y culturalmente antes de desaparecer y sufrir una sustitución de sus pueblos nativos por otros. Para que tal muerte civilizatoria y tal proceso de sustitución tenga lugar sin resistencias que a nuestras élites les resulten violentas e imposibles de gestionar, resulta muy necesario convertir nuestros centros escolares en establos, y no en instituciones dignas que garanticen una formación (Paideia, Bildung). Para que esta juventud estabulada no dé problemas, es preciso rebajar los contenidos, los niveles de exigencia, introducir asignaturas y actividades lúdicas, evitar frustraciones. La reforma logsiana introdujo la prohibición (vigente) de poner ceros, y así, un alumno sólo por existir ya merece al menos un uno. Esto, verdaderamente es de locos. La reforma también introdujo todo un aparato ideológico de culpabilización de los profesores: no motivan, poseen metodologías anticuadas, "algo falla cuando hay muchos suspensos"…
 

Lo peor ha venido con Wert. La nueva ley LOMCE, ha "revolucionado" de tal manera la forma de evaluar a los alumnos que no hay quien la entienda, y así nos estamos encontrando con muchos profesores, tanto jóvenes como veteranos, que manifiestan "no querer tener problemas", regalando los aprobados a sus alumnos para que nadie les reclame por un incumplimiento de una ley ininteligible. De acuerdo con este texto barroco e infumable, la llamada "ley Wert", un alumno ya no saca determinados puntos en un examen que valora sus conocimientos o dominio de unas materias. Ahora la jerga es otra: "competencias", "indicadores", "rúbricas", "estándares"… Para evaluar a un alumno de acuerdo con la ley habría sido preciso hacer un registro individualizado de cientos de conductas, actividades, respuestas, situaciones de aprendizaje de cada alumno… un registro que nada tiene que ver con el tradicional archivo de exámenes y trabajos recogidos por cada chico. Haciendo constar que un profesor de secundaria puede tener más de 100 alumnos distintos por curso, tal locura salta a la vista. Además, la exigencia de asignar "ponderaciones" distintas a los distintos ítems a evaluar obliga al docente a ser una especie de estadístico o matemático perfecto al que se le requiere manejar paquetes informáticos para gestionar esta chiflada manera de poner las notas a un chaval, en lugar de dejarle tranquilo para que prepare bien sus clases y se actualice científicamente.
 

A mí, personalmente, las cosas se me antojan muy claras. Al pedir imposibles a los docentes, por medio de un imperativo legal impracticable e ininteligible, se crea la situación de indefensión en éstos. Hagan lo que hagan, ante una reclamación formal, el padre querulante siempre acaba llevándose el gato al agua. Sabe que va a conseguir que su niño apruebe, titule, pase de curso o lo que él pida. Sabe de sobra que el docente de la LOMCE es un pobre diablo, al que llevan años tomándole el pelo con una legislación hecha en su contra, a traición, sin contar con él, confeccionada únicamente con el ánimo de convertirle en un pelele del mundialismo y de la nueva ingeniería de masas: estabular y entretener a los jóvenes para que éstos se queden indefensos ante las nuevas "campañas de sensibilización" y para que los votos de los principales partidos que sostienen el Régimen (no ya sólo el de 1978 en España, sino el de 1945 en toda Europa) no se esfumen. Es barato regalar aprobados y es fácil liar al profesorado con selvas normativas para conseguir estos objetivos. Sostener con firmeza –por parte de un docente- el suspenso de de un muchacho con un cuatro en su recuperación final se ha convertido ya casi en un acto de heroísmo docente, en un gesto de resistencia en contra de la molicie generalizada, consentida, impuesta, planificada.

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2 Comentarios
Fecha: Viernes, 22 de septiembre de 2017 a las 08:26
Andrónico
Sorprende una cosa. Se habla de "Estado" y de "Educación", obviando que la gestión práctica y efectiva de las Comunidades Autónomas. Ellas son las responsables en gran medida del fiasco o del menor fiasco (ej. Castilla y León).
Si se podrá criticar al Estado porque la ley general sea incorrecta, pero nada más. Si conceden sistemáticamente las reclamaciones es un problema del cacique autonómico de turno.
Fecha: Miércoles, 20 de septiembre de 2017 a las 23:36
Ramiro
1. He sido profesor en Universidad Pública, y aún exigíamos algo, aunque cada vez menos.¡Si quieres tener problemas, se duro y exigente!
2. Luego, en una universidad privada, aún era peor: ALLÍ SE VENDÍAN DIRECTAMENTE LOS APROBADOS, pero eso sí co unas matrículas y cuotas mensuales solo al alcande de los hijos de papá...

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