Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies

Javier Salaberria. SOS DESAMPAROS (Asociación de Familias Afectadas por Desamparos)
Lunes, 6 de noviembre de 2017

Desamparos y familias destrozadas

Guardar en Mis Noticias.
Noticia clasificada en: Menores

[Img #12599]El “Estado social y democrático de derecho” hace aguas. Además, tiene algunos agujeros negros. Uno de ellos es el sistema de protección de menores. Una amenaza en toda Europa, en España y también en el País Vasco. La aplicación diaria de la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 actualizada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, una ley garantista y con fines preventivos, es claramente un abuso de poder administrativo que deja completamente indefenso al ciudadano, privándole de los más elementales derechos. Su principio rector, “el interés superior del menor”, queda en el limbo de la interpretación arbitraria de funcionarios completamente ajenos a dicho “interés” y menos aún al interés de las familias.


Al convertirse la declaración de desamparo de los menores en un mero acto administrativo se priva a las familias de un juicio justo, de la capacidad de ser oídos, de acceder a los informes, de defenderse con asistencia letrada, de presentar peritajes, pruebas y testimonios alternativos, se les priva de la presunción de inocencia, del “in dubio pro reo”, del “habeas corpus” y de las garantías propias de un proceso legal.

 

Los menores y sus familias, en manos de peritos y funcionarios de los Servicios Sociales, son reducidos a meros expedientes desprovistos de humanidad, repletos de juicios morales subjetivos, sin apenas pruebas fehacientes que los sustenten, y cuyo único fin es perpetuar un sistema que no sólo es ineficaz sino que además de despilfarrar los recursos públicos, ignora la aplicación de las leyes e incluso las mismas directrices técnicas de las que se dota la administración, como es el caso del documento “Balora” (Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los Servicios Sociales y Territoriales de Atención y Protección de la Infancia y Adolescencia en la C.A.V.) que es una hipócrita demostración de cinismo.

 

No es algo opinable, son hechos demostrados por informes y auditorias que ahora mismo enmohecen en los cajones de los responsables políticos.

 

Pero si la realidad política de las retiradas injustificadas de menores señala hacia una administración endogámica y acrítica respecto a sus propias actuaciones -de las que se siente satisfecha y va pavoneándose de ello-, lo más preocupante es cómo se quedan las familias afectadas por esta violación injustificada de sus derechos y su dignidad.

 

La práctica diaria de los Servicios Sociales en España, en Euskadi, y especialmente en Gipuzkoa, contradice los planteamientos de la propia Ley del Menor.

 

La ley dice que el menor, las madres y los padres deben ser escuchados, que deben participar de las decisiones que se adopten en la intervención. Esto no ocurre. Las decisiones son unilaterales y se toman sin escuchar a ninguna de las víctimas. Además son auténticos juicios morales inquisitoriales, ya que no se juzgan sólo hechos (en la mayor parte de los casos sin pruebas) sino que estos informes valoran, adjetivan y sentencian moralmente a los progenitores, creando en ellos una doble indefensión: legal y sicológica.

 

La anécdota se eleva a la categoría de norma de conducta, la delación se transforma en prueba, la crítica de la víctima es considerada rebeldía y la defensa justa de sus intereses es tomada por una amenaza a los funcionarios. Todo esto crea un sistema con mecanismos que recuerdan a un estado totalitario: la patada en la puerta de policías armados para arrancar a un niño de los brazos de su madre, incluso en el paritorio; la delación del vecino, de la propia familia o del excónyuge que te odia; el perito incompetente cuya palabra es sagrada; la complicidad traidora de la ikastola;  la creencia ciega de toda la sociedad en la bondad de los Servicios Sociales - “algo habrán hecho para que les quiten a sus hijos”-; el adoctrinamiento mediático; la propaganda política con la foto besando niños, inaugurando instalaciones y anunciando un despilfarro de fondos; la apelación a la solidaridad ignorante de las familias acogedoras; etc.

 

Pero lo cierto es que miles de familias han sido destrozadas por este sistema de protección social. ¿Cómo es posible que quienes dicen actuar en nombre de la cohesión y el bienestar social causen este daño irreparable al tejido social básico que representan las familias?

 

Poco a poco, gracias a casos sonados que aparecen en los medios de comunicación, a plataformas y asociaciones ciudadanas de afectados que se movilizan, y a una tímida jurisprudencia condenatoria, este “Guantánamo” dentro del estado de Derecho empieza a salir a la luz. Pero lo hace como la punta de un iceberg que esconde su verdadera dimensión bajo la superficie.

 

Nuestra justicia es lenta y aunque las víctimas de este sistema puedan recurrir y pleitear contra la Administración, pueden verse envueltas en otra pesadilla en los pasillos de los juzgados. No todos acceden al privilegio de la Justicia gratuita –debería ser un derecho-. Así que no sólo se les priva de sus hijos, de su dignidad, de su tiempo, de su salud, también se les priva de sus ahorros. Y mientras tanto, cada día que pasa, cada mes, cada año, sus hijos siguen separados, en centros que son jaulas doradas o escuelas de delincuencia, o en familias de acogida que garantizan la ruptura de los vínculos naturales con sus progenitores.


En el mejor de los casos el recurso a una orden foral de desamparo por la que a una familia se le quitan sus hijos, tarda un año en resolverse. Si se recurre la sentencia, nos ponemos en dos años como quien no quiere la cosa.

 

¿Es eso “justicia”? ¿Es eso “imperio de la ley”? ¿Qué ocurre con los menores bajo la tutela administrativa que cumplen 18 años y salen a la calle? ¿Podrán retomar una vida normal? ¿Cuántos casos de intervención resultan exitosos y cumplen las expectativas legales de retorno a la familia de origen?

 

Todos los estamentos conocen el fracaso desastroso y caro del sistema de protección de menores. Ninguno hace nada por cambiarlo. Quizás protejan su puesto de trabajo. Pero el daño causado a las familias es brutal. Tarde o temprano pasará factura a la salud social y, por supuesto, pasará factura a sus promotores.

Acceda para comentar como usuario Acceda para comentar como usuario
¡Deje su comentario!
Normas de Participación
Esta es la opinión de los lectores, no la nuestra.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
2 Comentarios
Fecha: Jueves, 9 de noviembre de 2017 a las 12:51
Ramiro
Se están dando chicos y chicas en adopción a homosexuales y lesbianas, que Dios quiera no acaben abusando de ellos...
A parejas de homosexuales y lesbianas, que normalmente se "disuelven" a los pocos años.
¿Dónde está EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR en esos casos...?
Fecha: Lunes, 6 de noviembre de 2017 a las 12:50
Mari
Yo no he echo nada mas k llevarme mal k la familia paterna y no entrar p lo k las asistentas kieren k es amargarte la vida día tras día bajo sus ordenes y por eso me han metido un desamparo y me han privado de mis tres hijas desde febrero de este año el día 16 de este mes tengo el juicio ya OS diré si la justicia existe para nosotros o solo pal principado de Asturias

La Tribuna • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2017 • Todos los derechos reservados
Powered by FolioePress