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Susana Antolín y Ascensión Corcuera
Miércoles, 27 de diciembre de 2017
El desfalco podría alcanzar los 120 millones de euros en diez años

Más de un millar de inmigrantes rumanos estarían adquiriendo chalets de lujo en su tierra natal con las ingentes ayudas sociales que reciben en el País Vasco

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Aproximadamente un millar de inmigrantes de Rumanía que llevan varios años viviendo en el País Vasco con sus respectivas familias podrían estar utilizando las ingentes ayudas sociales que se reparten en este región española para adquirir en su lugar de origen chalets y coches de lujo.

 

La práctica totalidad de estos inmigrantes, la mayor parte de ellos ligados entre sí por lazos familiares o de amistad, provienen de la ciudad rumana de Oltenita, en la provincia de Calarasi, y es allí donde estarían invirtiendo en bienes inmobiliarios los algo de más de 1.000 euros mensuales por familia que reciben de las instituciones vascas “por hallarse en situación de riesgo social”.

 

Fuentes de la propia comunidad rumana que desean permanecer en el anonimato han entregado a La Tribuna del País Vasco numerosas imágenes en las que se observan las costosas construcciones que presuntamente decenas de inmigrantes rumanos, con residencia habitual en Euskadi, estarían levantando especialmente en la zona que rodea a la calle Mircea Eliade de Oltenita.

 

Para acceder a las ayudas sociales que con profusión se reparten desde diversas instituciones vascas, estos inmigrantes de origen rumano han de demostrar previamente que carecen de vivienda y de recursos económicos en su país de origen. Para ello han de solicitar un certificado en el ayuntamiento de la ciudad de la que provienen (en este caso, Oltenita), en el que la municipalidad rumana informa de cuáles son las propiedades y los recursos de los peticionarios.

 

[Img #12988]Tras obtener este documento, y según han explicado a La Tribuna del País Vasco ciudadanos rumanos directamente conocedores de este proceso, lo falsifican a su gusto, lo sellan en la oficina correspondiente de la provincia de Calarasi y posteriormente lo traducen al español.

 

Este informe traducido después de ser convenientemente manipulado es el que acaba en las instituciones vascas y el que ha de servir para que éstas concedan a los presuntos inmigrantes ayudas sociales mensuales nunca inferiores al millar de euros. Las mismas fuentes aseguran, además, que la renovación de estos certificados, que ha de hacerse cada 90 días pidiendo un nuevo informe en el ayuntamiento rumano correspondiente, también se falsifica de un modo habitual.

 

“Estas personas modifican ellas mismas las fechas de actualización, y les puedo asegurar que hay al menos un millar de familias que, desde hace más de 10 años, están siguiendo este proceso para obtener sus ayudas. Estamos hablando de que todas estas personas, probablemente más de 1.000, están recibiendo, como mínimo, 1.000.000 de euros mensuales de las instituciones vascas. Al año, esto supone 12 millones de euros. Si tenemos en cuenta que esto se está produciendo desde hace al menos una década, estamos hablando de un posible desfalco superior a los 120 millones de euros”. Así explica la situación un ciudadano rumano directamente conocedor de los hechos, pero que, por su seguridad, desea mantener su nombre en el anonimato. “Yo respeto a mi país, me siento orgulloso de mis orígenes, y me resulta indignante cómo se están manipulando documentos oficiales del Gobierno rumano para cobrar las ayudas sociales vascas. Conozco casos, incluso, de varias familias rumanas que trabajan en otros países europeos y que se acercan solamente al País Vasco cuando tienen que renovar la documentación necesaria para recibir las ayudas”.

 

A finales de 2016, según datos del Ejecutivo de Vitoria, había en el País Vasco un total de 17.819 inmigrantes rumanos, localizados especialmente en la provincia de Vizcaya, en localidades como Santurce, Basauri o Portugalete.

 

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