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Pablo Mosquera
Domingo, 7 de enero de 2018

Ineficiente Estado de las Autonomías

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¿Cómo aún no se han dado cuenta?. Hay tres problemas básicos a estas alturas del siglo XXI. España tiene un Estado ineficiente. España arrastra una deuda brutal que obliga a una política fiscal confiscatoria. España mantiene un sistema electoral vergonzoso.


Prometo dedicarle otra reflexión a la "fórmula" partitocrática de elegir y representar la voluntad popular. Prometo dedicarle otra reflexión a esa injusta y desincentivadora manera de generar ingresos a inventario del endeudamiento.


Lo que en 1978 fue una fórmula de encuentro entre Territorios Históricos (¿?) y resto de España, con aquella manera de dar "café con leche para todos", hoy es un lastre insostenible. El conjunto, municipios, diputaciones, comunidades, cabildos, administración central, representa el más claro ejemplo para enseñar en cualquier escuela de dirección empresarial sobre lo que se entiende por ineficiencia.


Un gasto de personal creciente que provoca una política clientelar consistente en emplear a futuros votantes del que manda. Una manera de duplicar funciones, o ejercer la perversa tentación de capacidad que lleva a ejemplos como las embajadas de cada "nuevo reino de taifas". Un desequilibrio insoportable entre salarios de uno a otro fragmento de Estado. Un ciudadano atendido con desigualdad, según el territorio en el que habita. Un gasto que no soporta las más elementales fórmulas auditoras que se usan en la empresa privada, dónde hay que dar cuentas anuales en el consejo de gobierno y accionistas.


No sólo seguiremos sin enmienda en 2018, es que la borrasca puede ser perfecta. El Cupo vasco; las presuntas deudas de y con Cataluña; la atención a la insularidad canaria para lograr el apoyo de sus Diputados a los presupuestos generales del Estado.


La crisis protagonizada por el nacionalismo catalán no sólo se ha resuelto tarde y mal, es que ni siquiera ha servido para hacer balance de los múltiples errores cometidos en el diseño, mantenimiento, crecimiento e instalación de los vicios para un Estado asimétrico, que derrocha en casi todos los capítulos presupuestarios, con una deuda a pagar por varias generaciones, y con un modelo laboral incapaz de promover ingresos fiscales o sociales, más allá de una política de corto recorrido a base de ahogar a las clases medias que son la inmensa mayoría del tejido social de la nación. Por cierto, no me puedo contener. ¿Cuál es el motivo para perseguir el presunto fraude de autónomos, pequeños ahorradores e inversores, mientras se trata de usía a los que han construido su imperio económico aprovechando la coyuntura de la crisis y las nuevas ingenierías fiscales?


Tengo que reconocer, pues conozco el lugar, que Navarra y Euskadi, tienen una buena relación entre coste y eficacia, y que ya nos gustaría a los demás ciudadanos españoles disponer de sus recursos por habitante, pero también de unos administradores como los que desde hace años han cambiado el panorama económico, social y laboral en tales territorios del norte peninsular. Lo que no es óbice para que a estas alturas de vigencia Constitucional (Constitución y Estatutos) nos sintamos injustamente y comparativamente maltratados en el auténtico norte, mi histórica Galicia. Aún recuerdo mi etapa en el Parlamento vasco, cuando presupuesto tras presupuesto de las instituciones comunes, comprobaba el magnífico trato que se dispensaba al sector primario vasco, mientras en mi Galicia natal, la miseria, la desertización, la dispersión y la emigración, eran la constante para los seis mil kilómetros de costa, desde el Miño hasta el Eo, o cómo vivían lucenses y ourensanos de la Galicia profunda.
 

Pero volvamos al núcleo de la cuestión. ¿Cómo es posible haber recortado plantillas en sanidad y educación, mientras crecían las plantillas de paniaguados en ayuntamientos, diputaciones y autonomías?. ¿Dónde se han quedado los propósitos de simplificación -ventanilla única- en la relación entre administración y ciudadano?. ¿Para qué sirve el Senado, amén de votar a favor de la aplicación del 155-este año pasado sólo con tal esfuerzo, ya se ganaron la soldada-?


¿Qué causa justifica la ingente cantidad de televisiones públicas autonómicas?. ¿Cuál es el grado de eficacia de las policías locales y autonómicas, en comparación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?. ¿Son de fiar, amén de cobrar mucho más que nuestros queridos beneméritos guardias civiles?


¿Cómo se ha permitido la creación de organismos de toda índole para enchufar con sueldos de máximo nivel, que luego quedan consolidados, a todos los que forman parte de aparatos fontaneros de los partidos políticos?. Lo de Cataluña es grave. Pero no menos grave que en otras comunidades en las que se han creado mastodónticas administraciones, con la particularidad de su opacidad, de tal desgracia que, una cosa son los presupuestos aprobados y otra bien distinta, los presupuestos ejecutados. Y es que sigue vigente la anécdota de Romanones. "Ustedes hagan las leyes, pero yo haré los reglamentos".  

 
Este país está pidiendo a gritos del contribuyente, algo similar a lo que hizo Don Manuel Azaña. Reformas y regeneración. La reforma de la administración es como aquella Ley de Azaña con el ejército. Requiere adelgazar, modernizar, sustituir a vagos emboscados, sumar espacios para eliminar "michelines", reflexionar sobre el reparto competencial y controlar la inmensa capacidad de fomento que ejercen con espíritu clientelar todas las administraciones públicas. Necesitamos gobernantes cultos, decentes y valientes, para salvar al Estado de la bancarrota.      

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