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Javier Salaberria
Miércoles, 14 de febrero de 2018

Obstrucción a la Justicia y Ley del Embudo

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La ley del Embudo es simple y tiene un artículo universal que se expresa popularmente de diversas maneras: “La ley del Embudo: para mi lo ancho y para ti lo agudo”  “La Ley del Embudo: Lo estrecho para otros; lo ancho para uno”. Pero todas ellas hacen referencia al concepto de desigualdad, bien sea material o ante la ley.


Sucedió en los juzgados de San Sebastián como podía haber sucedido en la Patagonia. Pero que cada mástil aguante su vela.

 

Primera aplicación de la Ley del Embudo

 

A una familia a la que hacía un año la administración competente, en este caso la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, había retirado la custodia y suspendido la patria potestad de sus hijos, en un procedimiento en el que la indefensión de las familias es la norma general, le había llegado la oportunidad de ejercer su derecho al recurso civil correspondiente frente al juzgado de primera instancia. Un año después, insistimos.


El administrado tiene dos meses de plazo para oponer recurso al decreto administrativo de desamparo de los menores. Superado este plazo, pierde el derecho a que un juez revise si la administración actuó o no conforme a ley. Los tribunales, sin embargo, no tienen un plazo fijo para contestar a esa demanda de oposición del afectado. Lo hacen cuando tienen un hueco. Acuérdense: El embudo.


Mientras tanto el administrado, completamente indefenso ante la administración, ve que sus hijos sufren diariamente y están peor que antes de la intervención por la deficiente tutela que se hace en algunos casos en los centros de menores donde están internos, en ocasiones expuestos a la compañía nada recomendable de menores peligrosos –como hemos visto recientemente en las noticias-.


La familia no se queda quieta esperando a que el juzgado haga algo, e interpone una querella contra los psicólogos que emitieron los informes que llevaron al ente foral a retirar a los niños del hogar familiar expeditivamente y sin posibilidad de resistencia. Si demuestran que esos informes son falsos quizás puedan recuperar a sus hijos. Al menos podrán crear una duda razonable al juez que tenga que atender el recurso contra la orden foral, ya que la administración rarísima vez reconoce un error.


Estos psicólogos trabajan para empresas que viven del negocio de los niños. Si no hay niños, no hay negocio. Así que hay que mantener la “cuota de marcado” como sea o se muere la gallina de los huevos de oro. No hace falta acudir a la Teoría de la Conspiración, es suficiente con tener acceso al presupuesto millonario que se mueve en España, y especialmente en Guipúzcoa, en Políticas Sociales. Dinero que se emplea en mantener pisos, centros de acogida, recursos varios de psicólogos, educadores, actividades de ocio, apoyo educativo, seguridad, restauración, limpieza, etc. Por no hablar de los sueldos de los funcionarios que soportan la estructura asistencial de las diputaciones y sus rimbombantes programas de intervención. Cada niño nos cuesta a los contribuyentes una media de 6.000€ a 8.000€ al mes. Calculen si hay o no negocio alrededor de los desamparos de menores. Y siempre hay tiempo de decir que hacen falta más recursos porque cada vez son más los niños intervenidos y los MENAS (Menores No Acompañados) que llegan del extranjero.


Ningún niño cuesta 6.000€ al mes a sus progenitores salvo que esté muy enfermo o lo manden a estudiar a Oxford.


Pues bien, nuestro administrado apaleado y con un cabreo del uno, confiando ingenuamente en la Justicia pone esa querella contra las torticeras psicólogas, empleadas de una cooperativa subcontratada por Diputación para la gestión de sus programas de intervención, y les acusa de falsedad en documento público e imprudencia profesional.

 

Segunda aplicación de la Ley del Embudo

 

Si eres juez y no te gusta un libro que denuncia la corruptela habitual de los juzgados vas y no sólo te querellas por calumnias contra la autora sino que como eres funcionario público, el Ministerio Fiscal actuará de oficio. Ya se sabe: “matar al mensajero para acabar con las noticias”. Cuando lo que debería hacer el Fiscal es investigar la veracidad o no de los hechos denunciados.


Ahora bien, el administrado lo tiene crudo si pretende denunciar a la administración de delito alguno.


La respuesta del Juzgado de Instrucción y posteriormente de la Audiencia Provincial fue que esas psicólogas hacían su trabajo, que no tenían dolo o “ánimus injuriando” en su actuación, que no hace falta investigar nada de lo que estas señoras acusan a la familia porque todo está en los informes (querellados) y que, en todo caso, la vía penal es la “ultima ratio” y el administrado debe antes recurrir vía juzgado de familia la resolución administrativa que deriva de estos informes (que ya estaba recurrida hacía un año, ¿recuerdan?). Así que vía muerta. Psicólogas inmunizadas. Puerta giratoria y a esperar al Juzgado de Familia el tiempo que haga falta.

 

Tercera aplicación de la Ley del Embudo

 

Por fin llega el ansiado día. Nuestro protagonista sabe que las posibilidades de que la magistrada que preside la sala le de la razón y se la quite a la administración son prácticamente nulas. Pero confía en que al menos trate de suavizar la medida administrativa y haga un juicio salomónico en que las dos partes salgan sin sufrir una derrota absoluta. Recapacitación parental y reunificación familiar progresiva como marca la ley. Todos tenemos que tener una segunda oportunidad en la vida, etc. Gruñidos de la administración, suspiros del administrado, aquí paz y después gloria.


Sin embargo, los abogados de las partes, tras asistir a la reunión previa con la magistrada salen con una noticia inesperada: la vista se suspende.
“¿Cómo? ¿Un año esperando poder ejercer mi derecho a recurrir un acto administrativo, una querella penal enterrada por ser la “ultima ratio” y tener que esperar a que la vía civil resuelva mi demanda….Y ahora se suspende la vista?”. Pues sí, querido administrado: lentejas, o las tomas o las dejas.


Al parecer el abogado de la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, tan preocupada ella por el interés superior de los menores que quiere que no vuelvan jamás al hogar con su familia, informó a la magistrada que había una causa penal pendiente contra el padre de las criaturas.


Causa que lleva perdida en el Palacio de Justicia de San Sebastián más de dos años y que de momento no tiene fecha de vista. Una denuncia falsa inventada por la exmujer del denunciado que implicaba al hijo mayor de ambos. Aunque no existe ninguna prueba incriminatoria salvo el relato fantástico del menor redactado letra a letra por su madre, al estar implicado un menor el Fiscal decidió seguir adelante con el procedimiento. Eso sí, con toda la calma del mundo. La jueza quería archivar el caso, por falta de pruebas y testimonios completamente contradictorios, pero no pudo. Dicen que “a lo mejor” en octubre se proceda a la vista, “si superamos el colapso actual”.


Paradójicamente, el menor pierde la oportunidad de volver a su casa por mentir contra su padre y seguirá interno con sus amistades peligrosas hasta la mayoría de edad. Seguro que no saldrá con un pan debajo del brazo ni título educativo alguno que no sea el de licenciado en “sus labores anti-sistema” y sumiller de sustancias tóxicas.


La instigadora de la falsa denuncia, madre amantísima del chaval, también se dio con la puerta en las narices y se fue del juzgado sin poder abrir la boca para mentir, cosa que le habrá creado alguna úlcera porque va contra su propia naturaleza.


Efecto bumerang. O karma que dirían otros. O justicia divina, que en esa sí podemos confiar.

 

Epílogo fiscal

 

Pero lo más irritante ocurrió a puerta cerrada. En un momento del encuentro entre la magistrada y los abogados de las partes, la representante de Diputación, suponemos que con ánimo de malmeter y predisponer a la magistrada contra el administrado, sacó a colación una conversación de padre a hijo sobre la maldita denuncia falsa, en la que el padre trataba de convencerle de la conveniencia para toda la familia -especialmente para el chaval y sus hermanos- de que se archivara de una santa vez, de que no tiene por qué declarar contra su padre y que es su derecho no hacerlo, más aún cuando su declaración inicial era falsa, y porque padre e hijo ya habían hecho las paces por un incidente sucedido hacía dos años y se han perdonado mutuamente.


Esa conversación se obtuvo como fruto del espionaje implacable al que someten a los menores en los centros, en los que cualquier conversación con su familia debe ser monitorizada por un educador.


Que un padre hable con su hijo de un hecho delictivo (mentir ante un juez) e inmoral (mentir contra su padre) que puede arruinar su vida y la de sus hermanos, es lo mínimo que un padre puede hacer por su hijo.


Cuando la abogada de Diputación comunicó estos hechos, el fiscal presente en la sala saltó de su asiento y dijo: “Eso es un delito. Eso es Obstrucción a la Justicia”.


Señor fiscal, se que la toga que se coloca le hace pensar a usted que tiene superpoderes.


La única obstrucción a la Justicia es la que ejerce la propia administración de justicia de este país con la Ley del Embudo y los juzgados colapsados por falta de medios o mala gestión de los que tiene.


Si la Justicia no se produce en el tiempo y forma adecuados, no es justicia, es provocación.
 

Los ciudadanos estamos hartos de ustedes y algún día este malestar general estallará en revuelta social.
 

Dejen ustedes de obstruir a la justicia y de abusar del poder que les ha entregado la ciudadanía.

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