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David R.
Jueves, 8 de marzo de 2018

Servicios de inteligencia vs. servicios de espionaje

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Acabamos de empezar a conocer el mayor escándalo de nuestra actual democracia, y lo han protagonizado los Mossos d'Esquadra.

 

Lo estamos conociendo gracias a que la Policía Nacional interceptó el 26.10.2017 una enorme cantidad de documenación que iba a ser carbonizada en la incineradora de San Adrìa del Besós (Barcelona).

 

Ahora sabemos que son unos 36.000 documentos almacenados en diferentes soportes y que se llevan investigados unos 8.000. El oficio 3022/2017 que la Policía ha entregado a la jueza Carmen Lamela nos muestra la existencia de un servicio de espionaje creado ilegalmente por la Generalitat de Cataluña, utilizando para ello a funcionarios públicos de los Mossos d'Esquadra, y financiado con dinero público.

 

El oficio muestra claramente quienes eran los objetivos a ser espiados: partidos políticos, políticos, asociaciones y activistas, personajes públicos y privados, abogados, periodistas, y probablemente cualquiera sospechoso de ser un problema hacia la consecución del sacrosanto objetivo: la creación de un estado independiente totalitario. Solo en el año 2015 están consignados gastos por importe de 161.101,22 euros a tal fin, en concepto de gastos reservados. Es importante recordar quién gobernaba en esa fecha.

 

La diferencia entre un Servicio de Inteligencia y este servicio de espionaje es absoluta.

 

En un sistema democrático, un Servicio de Inteligencia (como el magnifico CNI que tenemos en nuestro país), actúa sometido a un control del Poder Judicial, que no solo autoriza sus actuaciones y los límites de las mismas, sino que tras su seguimiento, comprueba el cumplimiento de las leyes.

 

También se encuentra sometido a un control del Poder Legislativo, que mediante la Comisión de Secretos oficiales, conformada por diputados electos de los diferentes partidos con representación parlamentaria, tienen acceso a conocer esas actuaciones, y el detalle de los gastos que generan, gastos que entran en el capítulo presupuestario de fondos reservados por lógicas razones de seguridad, al igual que las misiones que se les encomiendan.

 

Esas misiones se las encarga el Poder Ejecutivo en función de las amenzas externas e internas que se producen en nuestro país, en colaboración con otros países y con otros Servicios de Inteligencia. El desempeño de esas misiones tiene como objetivo la obtención de informaciones y su elaboración (ciclo de inteligencia) que resulten apoyo útil a las decisiones que nuestros gobernantes tienen que tomar en el ejercicio de sus legítimas funciones.

 

El servicio de espionaje que ha monatado el secesionismo catalán no está sometido a ningún control judicial, sino todo lo contrario, actúa al margen de la legalidad vigente, lo hace contra los que la defienden y a favor de los que delinquen y pretenden destruir esa legalidad. No existen amenazas externas o internas, salvo que ellos consideren que los españoles somos una amenaza.

 

Tampoco está sometido a control  legislativo alguno. Ahora sabemos que entre sus objetivos están miembros de partidos políticos con representación en el Parlament, que por supuesto, desconocían estos extremos.

 

Es obvio que a la luz de los datos del oficio 3022/2017, las misiones se las encargaba el gobierno secesionista, sin nigún tipo de límite legal, moral o ético, y con un objetivo concreto: reportar posibles vulnerabilidades de los objetivos para llegado el caso, condicionarles, perjudicarles, o chantajearles.

 

Desconozco si ya ha sido encontrado y la jueza Lamela lo tiene en su poder, pero no tengo ninguna duda que por cada objetivo existe un fichero, y que el conjunto de los mismos es un archivo clasificado, que dudo mucho haya sido destruido, porque existirán copias de seguridad.

 

Me refiero a este servicio de espionaje en tiempo presente y no en pretérito porque no existe ni una sola razón para pensar que no  siga operativo, teniendo en cuenta que la tímida aplicación del Art.155 CE no ha controlado las actividades de los Mossos, no se ha procedido a depurar su plantilla, el Mayor Trapero sigue paseándose por donde quiere cuando quiere, y su sucesor era su mano derecha y hombre de máxima confianza.

 

Es importante tener en  cuenta que atendiendo a las fechas nos encontramos ante una estructura que funciona como mínimo desde la época del gobierno de Artur Mas, por lo tanto consolidada, y que si no es por la intervención de la documentación que lleva a cabo la Policía Nacional en San Adrià del Besós, a fecha de hoy únicamente podríamos sospechar su existencia.

 

Para  poner en marcha esa estructura se requiere de un planteamiento previo de alto contenido y nivel político con total determinación de delinquir; una delicada selección de personal, que no solo ha de ser de la máxima confianza, sino que requiere formación específica; las partidas dinerarias asignadas a tal propósito tienen que incluir medios especiales (tecnológicos) más allá de los habituales en una policía integral, y otros que han de estar separados del conjunto de dotaciones habituales (por ejemplo, medios de transporte). Es imprescindible un plan elaborado meticulosamente.

 

Cuando estos delincuentes crearon el supuesto servicio de inteligencia catalán (CESICAT), pese al aviso de muchas personas, el Gobierno no hizo nada, miró para otro lado, y cometió un error de dimensiones increibles.

 

El secesionismo ha convetido ese "modus operandi" en un "modus vivendi", y nos muestra la cara más tenebrosa de un proyecto autoritario que me recuerda las páginas más negras de la historia.

 

Las querellas criminales que se están interponiendo de parte de afectados (ayer, ya eran siete), evidencia unas actuaciones que suponen el mayor escándalo de nuestra actual democracia, y aunque cuesta creer que esto esté ocurriendo en España en el siglo XXI, es tan real como la documentación incautada, que constituyen elementos probatorios suficientes.

 

Organizar, con cargo al dinero de todos los españoles, un servicio de espionaje para espiar a aquellos que defienden la legalidad democrática y los derechos fundamentales, y para apoyar un Golpe de Estado y la sistemática vulneración de los derechos de las personas, es el colmo de los colmos. Confío que la justicia sea justa y esté a la altura de la extrema gravedad de los hechos.

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