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Lunes, 3 de julio de 2017
Iniciativa Legislativa Popular

Asociaciones en defensa de la libertad de elección de lengua proponen la aprobación de una Ley Estatal que garantice el estudio y el uso del español

Noticia clasificada en: español Imposición lingüística

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Representantes de la Asociación por la Tolerancia, Marita Rodríguez; de Galicia Bilingüe, Gloria Lago; de la Fundación Nacional Círculo Balear, Jorge Campos; así como representantes de entidades pro libertad de elección de lengua de País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra y Aragón, han anunciado hoy que han elaborado una propuesta de ley nacional "que garantice nuestros derechos lingüísticos, respetando los de los hablantes de las lenguas cooficiales, y la llevaremos al Parlamento español en forma de Iniciativa Legislativa Popular".

 

Los firmantes del anuncio explican que  "a lo largo de este año hemos visto cómo la falta de libertad de lengua para los hispanohablantes empeora en Cataluña, País Vasco, Islas Baleares y Galicia, sobre todo en el ámbito educativo, siendo la Comunidad Valenciana   donde este ámbito ha empeorado de forma más notable. En Cataluña ya no se puede estudiar ninguna asignatura en español. En el País Vasco se entorpece la elección de la línea en nuestra lengua. En Baleares, Galicia, o Comunidad Valenciana se aprueban normas que la eliminan de asignaturas clave, disfrazando esta imposición bajo nombres como 'trilinguismo' o 'plurilinguismo'".

 

"Vemos cómo se propone que los poderes públicos garanticen el uso del catalán, euskera, y gallego incluso en lugares de España donde éstas no son oficiales, mientras siguen sin restablecerse los derechos que nos han quitado a los hispanohablantes. Por otra parte, tanto el discurso sobre una pretendida plurinacionalidad de España, como los pactos que se plantean para blindar la imposición de lengua a cambio de una hipotética paz con el independentismo, o las propuestas de cambios en la Constitución, son una nueva amenaza para los derechos de los hispanohablantes".

 

Los responsables de estas agrupaciones en defensa del español explican que, ante la gravedad de la situación, "las entidades defensoras de la libertad de elección de lengua hemos decidido pasar a la acción de forma conjunta. Hemos elaborado una propuesta de ley nacional que garantice nuestros  derechos lingüísticos, respetando los de los hablantes de las lenguas cooficiales, y la llevaremos al Parlamento español en forma de Iniciativa Legislativa Popular. Lo haremos bajo el paraguas de un anueva entidad: Hablamos Español, que informará y llamará a la sociedad española a participar. La denominada 'normalización lingüística' se sostiene gracias a la desinformación y a las  campañas de los partidos que se benefician de crear diferencias, y del 'lobby' que ha convertido la conservación de lenguas minoritarias en un gran negocio.

 

"La ley que hemos elaborado", explican los proponentes,  "se basa en el principio de elección lingüística, y es por ello homologable a las que se aplican en los países europeos en los que existen dos o más lenguas oficiales en un territorio. Esta la única manera de que se respete la igualdad de derechos. No queremos quitarle derechos a nadie, pero tampoco queremos que se pisoteen los nuestros".

 

"Con esta ley queremos lograr básicamente lo siguiente:

 

Queremos que haya líneas para poder estudiar todas las asignaturas en español en toda España, también en las comunidades autónomas con otra lengua, aprendiendo la lengua cooficial como asignatura.

 

Queremos ver nuestro idioma en hospitales, en documentos oficiales, en campañas sanitarias, formularios, impresos, en las indicaciones de edificios públicos, en los boletines de notas, en las señales de tráfico, y en la información turística. Queremos que la atención al ciudadano en las comunidades con dos lenguas sea bilingüe. Esto no implicará que todos los empleados públicos deban conocer la lengua cooficial con el castellano en el territorio, sino que bastará con que la administración en su conjunto organice sus recursos humanos para satisfacer tales derechos, como se hace en otros países.

 

Queremos que las ayudas a jóvenes creadores en las comunidades bilingües sean concedidas también a los escritores y creadores que usan el español, y que la cultura en español deje de estar excluida de la vida oficial.

 

Queremos que no se hurten palabras a nuestro idioma. Que los topónimos en español de larga tradición histórica dejen de estar prohibidos en el ámbito oficial.

 

Queremos que no se excluya ni se penalice el uso del español a la hora de solicitar una ayuda pública.

 

El problema de la exclusión del español en las comunidades con cooficialidad lingüística nos afecta a todos, a los que vivimos en ellas, y a las personas que se trasladan a vivir donde nosotros vivimos desde otros lugares de España por motivos personales o de trabajo, algunos de ellos obligados a un traslado forzoso por su profesión. Todas estas personas no pueden escolarizar a sus hijos en español".

 

Los impulsores de esta iniciativa reconocen que será difícil. "Quienes llevamos tiempo trabajando en esto sabemos que detrás de la promoción y conservación de estas lenguas hay intereses políticos y también económicos. Intetarán ponernos mil trabas, pero tenemos muy claro nuestro objetivo. Queremos que el derecho a usar y ser educado en español quede al margen del mercadeo político, que se conciencen de ello todos los partidos, los de derecha y también los de izquierda, que se han echado en brazos del nacionalismo, olvidando que los niños de familias de las clases más desfavorecidas económicamente, a quienes ellos dicen defender, son los más perjudicados por estas políticas. Tenemos que entregar 500.000 firmas acreditadas, ante el Parlamento. Una vez presentada la Iniciativa Legislativa Popular, tendremos nueve meses para reunirlas. A partir de hoy  comenzamos a organizar equipos y a recaudar los fondos necesarios para poner en marcha la campaña de recogida de firmas".

 

Más información en www.hispanohablantes.es

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