El Parlamento Europeo ha aprobado la nueva norma comunitaria sobre ciberseguridad y ha expresado su preocupación por la amenaza asociada a la presencia tecnológica china en la UE. El pleno dio luz verde, con 586 votos a favor, 44 en contra y 36 abstenciones, la nueva norma comunitaria sobre ciberseguridad, cuya principal novedad es un nuevo sistema de certificación para garantizar que los productos, procesos y servicios respetan estándares de ciberseguridad.

Los eurodiputados también aprobaron una resolución pidiendo medidas a nivel europeo ante la amenaza de seguridad que representa la creciente presencia de empresas tecnológicas chinas en la UE. En este sentido, la Cámara se hace eco de las advertencias sobre que el equipamiento 5G que están desplegando algunas compañías chinas podría incluir mecanismos para dar acceso a los fabricantes y a las autoridades a datos privados y a telecomunicaciones en territorio europeo.

Concretamente, al Parlamento le inquieta que los proveedores de terceros países puedan poner en riesgo la seguridad de la UE, si su legislación obliga a todas las empresas a cooperar con el Estado para salvaguardar una definición muy amplia de la seguridad nacional también fuera de su territorio. Las leyes chinas han suscitado ya reacciones en varios países, desde evaluaciones de seguridad a prohibiciones absolutas. Por este motivo, los eurodiputados piden a la Comisión y a los Estados miembros directrice sclaras sobre cómo hacer frente a las amenazas y vulnerabilidades cibernéticas en la implantación de las redes 5G, mediante, por ejemplo, la diversificación de proveedores, la división de los procesos de compra en varias fases y con una estrategia conjunta para disminuir la dependencia de Europa de la tecnología de ciberseguridad extranjera.

La nueva ley de Ciberseguridad de la UE, que ya ha sido acordada de manera informal con los Estados miembros, destaca la importancia de garantizar la seguridad de las infraestructuras críticas, incluidas las redes energéticas, el agua, el suministro de energía y los sistemas bancarios, además de los productos, procesos y servicios. A más tardar en 2023, la Comisión evaluará si alguno de los nuevos regímenes voluntarios debe ser obligatorio.