En ocasiones los negocios atraviesan problemas económicos de impagos y liquidez que pueden hacer que estas compañías o profesionales no continúen con sus actividades, llevándolos a una quiebra potencial. Para impedir estos escenarios se realiza un proceso de concurso de acreedores.

El procedimiento jurídico permite solucionar las dificultades financieras, para que los acreedores reciban el dinero que se les adeuda y el negocio pueda seguir operando. Los administradores deben llamar a un concurso de acreedores voluntario durante el período de calificación, en caso contrario se puede establecer un concurso culpable.

De no realizarse el proceso de manera voluntaria podría responsabilizarse legalmente y económicamente a los miembros de la empresa y su administración, ya que estos se encuentran obligados a exhortar a un concurso de acreedores cuando la compañía está en un período de insolvencia provisional.

¿Cómo se aplica el procedimiento?

El proceso puede aplicarse de igual forma tanto a una persona jurídica como física, pero se suele solicitar en mayor medida para empresas. Este sistema permite ayudar a través de un control para enfrentar las insolvencias. Además, con la intervención de un juez, se puede conseguir que se posterguen o reduzcan las deudas o se detengan las ejecuciones.

Cuando la empresa o profesional se encuentra imposibilitado a realizar los pagos pendientes con los acreedores, debe presentar y justificar la incapacidad financiera al solicitar el concurso, y de esta manera posibilitar el cobro de la mayor cantidad de dinero por parte de acreedores.

De ser un acreedor quien ejecute el pedido, tiene que presentar incumplimiento de obligaciones tributarias, embargos por ejecuciones pendientes, impago de salarios o Seguridad Social.

Contar con un equipo profesional para el concurso de acreedores

Es importante que la empresa tenga una buena asesoría para hacer frente a la situación de forma eficaz y responsable. Se puede llegar a determinar que el administrador del negocio ha sido diligente y ha cooperado con el proceso.

En caso de que se establezca que el administrador ha respondido de forma irresponsable y fraudulenta se califica el proceso de culpable, lo que acarrea consecuencias económicas y legales graves como la inhabilitación en cargos similares por un período determinado.

Cuando es culpable una sociedad mercantil, los responsables podrían, según el dictamen, ser condenados a usar su patrimonio personal para solventar las deudas e impagos. Para ello, se debe haber presentado una conducta grave que haya generado la insolvencia.   

Entre los casos que son declarados culpables se encuentran la doble contabilidad, irregularidades en esta o su ausencia, incumplimientos en obligaciones del proceso concursal, documentación inexacta o falsa, ocultación de bienes, obstaculización de embargos y la negación a colaborar en el procedimiento.   

Las etapas del proceso

El concurso de acreedores atraviesa diversas fases comenzando por la declaración de concurso con las respectivas medidas cautelares. Posteriormente se nombra una administración concursal y se determinan los bienes patrimoniales, deudas de la empresa y calificación de la situación.

Antes que se realice la admisión del trámite se deben presentar tanto la solicitud como la documentación necesaria. Durante el proceso, la ley se asegura de que el acreedor reciba su pago, además de liberar de culpabilidades al deudor, en caso de que no se le condene por la problemática.

Durante este período el juez detiene las ejecuciones y evita la venta de patrimonio. Para la resolución se establecen dos tipos, o la llevada a cabo por liquidación o la ejecutada a través de convenio. En el primer caso, existe la oportunidad de realizar una propuesta atrasada de convenio. Cuando se efectúa por convenio, pero este se incumple, se hace una liquidación total.

En el momento de establecer si el resultado del concurso es grave o fortuito, se tienen claras las responsabilidades y culpabilidades, ya sea del deudor o de sus administradores y representantes legales.