Mientras España es arrasada por el totalitarismo comunista y bolivariano, el país comienza a convertirse en algo demasiado parecido a un Estado fallido y los buitres geoestratégicos se preparan para repartirse los despojos de un territorio que un día fue clave para la historia de Occidente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bordeando el delito de alta traición, no solamente rehusa a hacer frente con todos los recursos a su disposición a la insurrección independentista catalana sino que, además, y en una de las aberraciones políticas más notorias que se ha fraguado en las últimas décadas, se ha lanzado a gobernar con el apoyo de la práctica totalidad de los partidos golpistas, filoterroristas y de extrema-izquierda presentes en el arco parlamentario. Mientras esto ocurre, el Rey, Felipe VI, al parecer no tiene nada que decir al respecto de lo que sucede y los dirigentes y barones del PSOE se debaten entre el entusiasmo silente, el silencio cómplice o el ocultarse de los focos para no mostrar su cobardía o su desvergüenza.

A estas alturas de lo padecido, al mismo tiempo que Pedro Sánchez y sus huestes se jactan de poner a la Justicia bajo su bota totalitaria, las principales instituciones españolas se revelan ante los ojos pasmados de millones de ciudadanos como entidades radicalmente ineficaces, incapaces de proteger los valores más elementales sobre los que se levanta nuestra Constitución, y, sobre todo, como inútiles organismos burocráticos bien anclados y adocenadas allí donde las élites políticas, económicas y culturales se resguardan cuando todo lo que importa a los hombres y mujeres que día a día hacen España es destruido y quemado por las hordas sediciosas, filoterroristas, antisistema y radicales que campan a sus anchas y en la más absoluta impunidad.

Desde La Tribuna del País Vasco lo hemos repetido en más de una ocasión: lo que realmente refleja la postura dimisionaria de las principales instituciones españolas ante el golpe mortal al Estado democrático que el PSOE ha pergeñado es que la desaparición del Estado que se ha venido fraguando a lo largo de las últimas décadas en diferentes comunidades del país no solo ya no tiene vuelta atrás sino que, además, se ha extendido como una gangrena por la mayor parte de las regiones.

El Estado español comenzó a encogerse, a hacerse realmente inmerecedor de dicho nombre, hace ya demasiados años, cuando las primeras víctimas del terrorismo etarra comenzaron a vagar por nuestras ciudades sin ningún apoyo institucional, ocultando su condición de víctimas y casi pidiendo perdón por ser familiares de un guardia civil asesinado, de un empresario torturado, de un funcionario secuestrado o de alguien que, simplemente, se encontraba en el momento equivocado en el lugar menos indicado. Sí, el Estado español comenzó a menguar con esos complejos y con esas miserias y, a partir de ahí, se puso en marcha un proceso de descomposición lento y moroso, pero imparable, que ahora llega a su fin alumbrando una infernal geografía de territorios perdidos en la que millones de niños no pueden educarse en español en España, en la que leyes y normas difieren según el lugar del país que se habite, en la que poderosos reinos taifas nacionalistas cuestionan un día sí y otro también el orden constitucional sin que sufran ninguna consecuencia por ello y en la que apenas quedan elementos comunes que den cuerpo a una determinada forma de nación.

La idea de una España democrática, y sin duda también la de una Unión Europea con algún tipo de futuro para nuestros hijos, arde avivada por el movimiento comunista, bolivariano, independentista y fiiloterrorista que hoy encabeza un individuo mediocre, ignorante, presuntuoso y bravucón como Pedro Sánchez. Y con ella se quema uno de los grandes proyectos civilizatorios de Occidente, se dilapida un inmenso patrimonio inmaterial de valores, tradiciones, cultura e historia pacientemente levantado a lo largo de varias centurias y se pone punto final, con la aquiescencia cómplice y la renuncia interesada de quienes deberían liderar la resistencia, a una forma de entender el mundo que, al parecer, ya solamente es defendida y compartida por mujeres y hombres humildes, a los que nadie presta atención desde hace lustros, y que repiten muy alto y muy claro lo que nuestros gobernantes, del Rey Felipe VI hacia abajo, no se atreven a gritar: que la Constitución debe acatarse, que el Estado democrático debe prevalecer y que nuestra patria no puede morir arrasada por una vulgar y repugnante manada de bárbaros liderada por un personaje avieso y amamantada y crecida en buena parte en las escuelas y en las universidades que el ya citado menguante Estado español también en su día abandonó en manos de una gran turba de fanáticos y liberticidas.