En un artículo reciente comentaba la teoría de la desensibilización sistemática como ingeniería social, mediante la trasformación mental colectiva y la degradación de la sensibilidad en todos los órdenes hasta límites de vuelta a las cavernas.

La semana pasada, aún sin el escrutinio definitivo de las urnas y con un pacto de gobierno bolivariano sin respeto a la resolución firme del escrutinio electoral, la ministra en funciones Isabel Celáa se atrevió, provocativamente, a poner en cuestión, ante una convención de escuelas católicas, el derecho de los padres a elegir centro, así como poner en cuestión que la educación religiosa para sus hijos emane de la libertad de enseñanza contemplada en el artículo 27 de la Constitución.

La ministra no es ignorante de las leyes educativas pues tiene un extenso recorrido en este campo, entre otras razones por haber sido consejera de Educación del Gobierno Vasco, bastante nefasta, por cierto.

Ella conoce de sobra que el punto tercero del artículo 27 de la Constitución española dirime sobre esta cuestión, garantizando que los poderes públicos deberán proteger el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, lo que, por supuesto, implica la financiación de esas enseñanzas. Así lo expresa, también, la resolución sobre la libertad de enseñanza en la Comunidad Europea de 1984, fuente del derecho en la Unión Europea, que, a su vez incorporaba los textos esenciales de la ONU que reafirmaban la libertad de elección de los padres sin limitación financiera. Dicha resolución expresaba lo siguiente: “El derecho a la libertad de enseñanza implica la obligación de los Estados miembros de hacer posible asimismo en el plano financiero el ejercicio práctico de ese derecho y conceder a las escuelas las subvenciones públicas necesarias para ejercer su misión u cumplir sus obligaciones en condiciones iguales a aquellas de que disfrutan los establecimientos públicos correspondientes”

La señora Celáa sabe que no estamos en un Estado soviético, donde los niños son propiedad del Estado y los padres carecen de potestades para educar a sus hijos. En un Estado democrático donde rijan los derechos humanos los padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación para sus hijos por derecho natural. Y el Estado es subsidiario de ese derecho, complementando la acción de las familias. Pero ni nacionalistas ni izquierda actual entienden ese derecho. Ellos creen que los padres deben subyugarse a las disposiciones del Estado sobre los niños, aunque se vulnere el “superior interés del niño”, recogido en los pactos internacionales suscritos por el Reino de España en torno a la protección de esos derechos.

Si la ministra sabe sobre estas cosas, ¿cuál es el motivo por el que fue a provocar la indignación a un congreso de escuelas católicas? ¿Por molestar? ¿Para hacer ver que no tienen futuro y que las puertas están cerradas? No parece lógico que una persona mínimamente inteligente vaya a un encuentro de esa naturaleza a hacerse enemigos, salvo que esa actuación responda a un objetivo muy concreto.

Y de esta guisa vamos a retomar el asunto de la desensibilización sistemática.

Puede ser que la señora ministra lanzara un globo sonda con intención de ir abriendo camino a dicha desensibilización, para que no sorprenda la planificación que el frente popular sovietizante de Sánchez prepara, con la ayuda de nacionalistas y procomunistas chavistas, para liquidar progresivamente las escuelas cristianas y la demanda de escolarización de familias que quieren enseñanza libre desligada de la manipulación partidista y adoctrinadora política. Es aviso de navegantes para dejar expedito el camino para la Escuela Pública totalitaria, que como todo el mundo sabe es el proyecto eternamente perseguido por una izquierda clásica claramente influida por los regímenes comunistas.

Y esto engarza con el plan de cambio de régimen que se prepara en España, modificando la Constitución de forma subrepticia, desde las bambalinas del entramado revolucionario en el que estamos y acabando con la forma monárquica actual, con ese Estado supuestamente proyectado donde la libertad queda también subyugada al poder omnímodo de la izquierda y los derechos limitados a la discrecionalidad de ese sistema totalitario.

Para ello se necesita un cambio de paradigma cognitivo colectivo para que eso sea aceptado de manera acrítica y ovejuna por la población.