El Gobierno de extrema-izquierda que encabeza Pedro Sánchez ha confinado a los españoles en sus casas mientras el Presidente y sus ministros danzan sus bailes de poder sobre la muerte, tanto presente como potencial, de miles de nuestros conciudadanos.

Cuando el manejo de una herramienta legislativa tan delicada como la que declara el estado de alarma se deja en manos de un puñado de ignorantes con ínfulas totalitarias como los que actualmente componen el Ejecutivo central, los mismos que durante los últimos meses han puesto torticeramente todos los resortes del Estado a sus pies, lo único que puede ocurrir es que todo un régimen, el que nació hace casi medio siglo con la Transición, salte por los aires en una voladura incontrolada que recordará demasiado a lo ocurrido en Venezuela a lo largo de las últimas décadas.

El estado de alarma concede facultades extraordinarias de mando y decisión a quien lo maneja y esto es algo que puede hacer implosionar a un Gobierno éticamente indecente, ideológicamente extremista, políticamente ineficaz y económicamente ignorante que solamente se mantiene en pie, precisamente, por su enfermiza querencia hacia poder. El ansia desaforada de poder sobre el que un iluminado como Pedro Sánchez ha levantado su Ejecutivo es el mismo desenfreno que le llevará a la tumba política, primero, y ante el Tribunal Supremo, después. Utilizar una pandemia como la del coronavirus, que ha causado ya la muerte de decenas de españoles y que en las próximas semanas puede extender su infección a miles de personas más, para tratar de imponer intereses políticos y estrategias económicas que nada tienen que ver con la seguridad y el derecho elemental a la vida y la salud de los 46 millones de habitantes que conforman España es, realmente, un golpe de Estado encubierto contra nuestra democracia que debe ser respondido como se merece, y con los mecanismos que la Constitución establece, por la Monarquía y el Ejército español. Lamentablemente, y a pesar de que hombres y mujeres españoles siguen muriendo hora tras hora en hospitales desbordados y a pesar de que millones de hombres y mujeres españoles se parapetan ya para resistir el huracán económico que asoma, mucho nos tememos que ambas instuciones no están y tampoco se las espera.

Mientras los españoles mueren, el Gobierno español, el mismo que hace solamente unos días, el pasado 8M, alentó la presencia en las calles de miles de personas "porque no había riesgos", se lava ahora las manos y se dedica a escupir al pueblo con decisiones inoperantes, dubitativas, contradictorias, tardías e inútiles. Mientras los españoles guardan respetuosa y voluntariamente su cuarentena, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se salta ésta cometiendo un gravísimo delito que en algunos países de nuestro entorno está penado con 20 años de prisión. Mientras los españoles fallecen en silencio arrasados por una epidemia que ha crecido exponencialmente ante la mirada cretina de Sánchez e Iglesias hasta convertirnos en el quinto país del mundo con más afectados (6.023 a la hora de escribir este artículo), los partidos hediondos que conforman el Gobierno tratan de aprovecharse de las muertes presentes y futuras para obtener réditos políticos que les den más poder. En la situación histórica más crucial que vivirán varias generaciones de ciudadanos, la izquierda y la extrema-izquierda han decidido, como siempre a lo largo de la historia, ponerse a lo largo de los criminales, aunque en esta ocasión los asesinos se llamen coronavirus. Y, mientras tanto, por si hubiera alguna al respecto, ponen a sus pies la Abogacía del Estado, primero, luego la Fiscalía General del Estado y, al final, cae el Congreso, que es lo que acaba de ocurrir.

Por si en esta precisa descripción de la abyecta catadura ética de nuestros gobernantes faltara algo, nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, esenciales también en el Gobierno cruel de Pedro Sánchez, están aprovechando la situación para tratar de dinamitar un poco más el Estado español buscando liberarse de las obligaciones que, lo saben bien, el estado de alarma impone a toda la nación, sin excepciones ni distinciones territoriales. Otra desafío imposible para Pedro Sánchez: si acepta las presiones de los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, estallará el Estado español; si no las acepta, estallará su Gobierno. Aunque lo que ha estallado ya, de una forma u otra, es la democracia española. Los españoles debemos dejar de engañarnos: no vivimos en una democracia sino en una pútrida partitocracia totalitaria que nada tiene que ver con los intereses, las preocupaciones y los problemas que hoy padecen los ciudadanos que atestan los hospitales y se refugian en sus casas.