Por un presunto delito de prevaricación
Presentan ante el juez la primera denuncia contra Pedro Sánchez por permitir las marchas feministas del 8-M en plena epidemia de coronavirus
Según informa Periodista Digital, el abogado Víctor Valladares ha presentado en los Juzgados de la Plaza Castilla de Madrid una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra los delegados del Gobierno de 18 provincias, en la que les acusa de prevaricación, por autorizar las multitudinarias manifestaciones feministas del 8M en plena epidemia del coronavirus. La denuncia deberá ser tramitada por el Tribunal Supremo, ya que el presidente del Gobierno tiene la condición de aforado.
En su escrito, Valladares señala que el 1 de febrero de 2020, nueve días antes de que el Gobierno del PSOE-Podemos incitara desde los medios de comunicación públicos y privados a acudir en masa a las marchas feministas, se registró en La Gomera el primer caso de coronavirus en España, si bien esta enfermedad ya había provocado una grave alerta sanitaria en otros países como China e Italia.
La denuncia recuerda que en la manifestación feminista y de extrema-izquierda del 8M de Madrid, a la que asistieron cerca de 120.000 personas, participaron la mujer del presidente socialista, Begoña Gómez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que pocos días después dieron positivo en el test de coronavirus.
España pasó de tener 114 casos de coronavirus el 2 de marzo y 580 el 8 de marzo a un total de 6.319 casos el 14 de marzo. De este modo, señala la denuncia, el número de casos por coronavirus creció en el citado periodo 45 veces más en España que en Italia.
La denuncia acusa a Sánchez y a los delegados del Gobierno de un delito de prevaricación administrativa, de acuerdo con el artículo 404 del Código Penal, que establece una pena de 9 a 15 años de inhabilitación para la «autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo».
ACTUALIZACIÓN
Según informa el diario El Mundo, un juzgado de Madrid ha acordado abrir una investigación penal contra el delegado del Gobierno en la comunidad para comprobar si cometió delito al autorizar marchas como la del 8M pese a los datos sobre la epidemia de coronavirus con los que ya se contaba en esas fechas. La juez ha adoptado la decisión tras recibir una denuncia en ese sentido de un particular contra todos los delegados de gobierno de España y contra el presidente del Gobierno. La juez asume sólo lo que afecta al delegado en Madrid, José Manuel Franco Pardo, porque no tiene competencia sobre los demás denunciados.
"En opinión de esta instructora, y con todas las cautelas propias de esta fase inicial de la investigación, resulta imprescindible incoar diligencias previas y practicar las diligencias que se dirán, a fin de -a la luz de las consideraciones expuestas- clarificar éstos y cuantos otros extremos permitan esclarecer si estamos o no ante hechos delictivos".
La juez ordena numerosas diligencias. La primera de ellas, un informe forense que explique "si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas y, en caso positivo, si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración".
En segundo lugar, la juez pide a la Guardia Civil que le informe del curso que se dio "al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en lo que a España se refiere". En concreto, cuál fue el "órgano de recepción oficial de dicho informe en nuestro país, difusión que del mismo hizo entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid".
Según informa Periodista Digital, el abogado Víctor Valladares ha presentado en los Juzgados de la Plaza Castilla de Madrid una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra los delegados del Gobierno de 18 provincias, en la que les acusa de prevaricación, por autorizar las multitudinarias manifestaciones feministas del 8M en plena epidemia del coronavirus. La denuncia deberá ser tramitada por el Tribunal Supremo, ya que el presidente del Gobierno tiene la condición de aforado.
En su escrito, Valladares señala que el 1 de febrero de 2020, nueve días antes de que el Gobierno del PSOE-Podemos incitara desde los medios de comunicación públicos y privados a acudir en masa a las marchas feministas, se registró en La Gomera el primer caso de coronavirus en España, si bien esta enfermedad ya había provocado una grave alerta sanitaria en otros países como China e Italia.
La denuncia recuerda que en la manifestación feminista y de extrema-izquierda del 8M de Madrid, a la que asistieron cerca de 120.000 personas, participaron la mujer del presidente socialista, Begoña Gómez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que pocos días después dieron positivo en el test de coronavirus.
España pasó de tener 114 casos de coronavirus el 2 de marzo y 580 el 8 de marzo a un total de 6.319 casos el 14 de marzo. De este modo, señala la denuncia, el número de casos por coronavirus creció en el citado periodo 45 veces más en España que en Italia.
La denuncia acusa a Sánchez y a los delegados del Gobierno de un delito de prevaricación administrativa, de acuerdo con el artículo 404 del Código Penal, que establece una pena de 9 a 15 años de inhabilitación para la «autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo».
ACTUALIZACIÓN
Según informa el diario El Mundo, un juzgado de Madrid ha acordado abrir una investigación penal contra el delegado del Gobierno en la comunidad para comprobar si cometió delito al autorizar marchas como la del 8M pese a los datos sobre la epidemia de coronavirus con los que ya se contaba en esas fechas. La juez ha adoptado la decisión tras recibir una denuncia en ese sentido de un particular contra todos los delegados de gobierno de España y contra el presidente del Gobierno. La juez asume sólo lo que afecta al delegado en Madrid, José Manuel Franco Pardo, porque no tiene competencia sobre los demás denunciados.
"En opinión de esta instructora, y con todas las cautelas propias de esta fase inicial de la investigación, resulta imprescindible incoar diligencias previas y practicar las diligencias que se dirán, a fin de -a la luz de las consideraciones expuestas- clarificar éstos y cuantos otros extremos permitan esclarecer si estamos o no ante hechos delictivos".
La juez ordena numerosas diligencias. La primera de ellas, un informe forense que explique "si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas y, en caso positivo, si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración".
En segundo lugar, la juez pide a la Guardia Civil que le informe del curso que se dio "al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en lo que a España se refiere". En concreto, cuál fue el "órgano de recepción oficial de dicho informe en nuestro país, difusión que del mismo hizo entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid".
