La continua, cínica y desvergonzada censura que Twitter, Youtube (Google) y Facebook, con el apoyo directo o la complicidad indirecta de algunas de las principales instituciones europeas y norteamericanas, aplican al pensamiento conservador ha llegado a límites difícilmente tolerables. Tanto es así que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una decisión que le engrandece por su clarividencia y valentía, ha decidido enfrentar de una vez por todas un problema que se ha agravado exponencialmente a lo largo de las últimas semanas de cuarentena, y que amenaza, de una forma dramática, con acabar con la libertad de expresión en Internet.

La cuestión es que cuando Twitter, Youtube (Google) o Facebook, entre otras compañías, impiden la difusión de la publicación de un usuario están comportándose del mismo modo en que lo hace un periódico cuando se niega a publicar el artículo de alguien, cuando una emisora de radio rehusa a poner el micrófono al lado de determinado individuo o cuando una cadena televisiva prohíbe determinados mensajes en sus emisiones. Actuando como medios de comunicación, están en su derecho de hacer lo que consideren oportuno con su línea editorial, y solamente los lectores, los radioyentes o los espectadores, juzgarán esos silenciamientos.

Pero, en este punto, lo más importante y lo que las instituciones españoles, europeas o norteamericanas, se negaban a debatir hasta la reciente decisión de Donald Trump, es lo siguiente: si Twitter, Youtube (Google) y Facebook se permiten difundir unos mensajes y no otros porque se consideran a sí mismos como medios de comunicación responsables de todo lo que se deciden ocultar en sus plataformas, también deben hacerse responsables de lo que sí se se publica en estas mismas plataformas. Es decir, son responsables de lo que censuran, pero también de lo que no censuran.

En este sentido, y solamente en los últimos años, Twitter, Facebook o Youtube, por ejemplo, serían responsables de miles de mensajes publicados con su consentimiento indirecto en los que miles de personas hacen apología de ETA y del terrorismo islámico, así como de otras muchas acciones de tipo violento. Si Twitter es tan “valiente” y “neutral” como para cerrar la cuenta al tercer partido político de España (Vox), también debe serlo para responsabilizarse de los miles de barbaridades que centenares de tuiteros, en su mayor parte de extrema-izquierda, escupen con el visto bueno de Nathalie Picquot. Si eres responsable de lo que censuras, eres responsable de lo que publicas; si eres responsable de cerrar la cuenta de un usuario, también eres responsable de las cuentas que mantienes abiertas. Es así de sencillo.

En Europa en general, y en España en particular, las redes sociales se han aprovechado con la máxima desvergüenza de esta dicotomía, siendo medios de comunicación o plataformas de comunicación, según les interesa en cada momento. Es decir, son plataformas de usuarios cuando afirman “no poder controlar” los vomitivos mensajes lanzados un día sí y otra también por las trapas de asalto de diferentes totalitarismos (socialistas, comunistas e islamistas, fundamentalmente), pero son “medios de comunicación” para censurar, por ejemplo, a Santiago Abascal.

En Estados Unidos, incluso, las redes sociales o las plataformas que se construyen sobre las aportaciones de los usuarios, tienen una protección especial en el artículo 230 de la Communications Decency Act, que evita a las empresas de Internet de responsabilizarse de aquello que se publica en sus plataformas. Aprobada bajo el mandato de Bill Clinton, esta norma se promulgó con la idea de que servicios online con contenido generados por usuarios y que alumbraran en un determinado momento contenidos peligrosos (apología de la violencia, pornografía, racismo, etc.) pudieran evitar responsabilizarse jurídicamente de ello al no ser considerados como medios de comunicación.

En Europa, sin esta protección legal, lo que Twitter, Facebook y Google han hecho, cuando han tenido necesidad de ello, es presentarse como empresas de telecomunicaciones que ponen a disposición de sus clientes determinadas herramientas para que éstos se comuniquen entre sí. De esta forma, afirman funcionar de una forma similar a como lo hace cualquier compañía de telefonía, que proporciona instrumentos para la comunicación, pero no es responsable de la utilización que las personas hacen de éstos. Por ello, estas compañías, para intervenir una línea, necesitan una orden judicial. Pero Twitter y Facebook, si actuaran así, tampoco podrían cerrar cuentas aleatoriamente y según su capricho.

Con la orden ejecutiva que acaba de firmar, Donald Trump trata de limitar y poner coto a la impunidad de las redes sociales y de algunas empresas de Internet a la hora de censurar contenidos en la Red. El mensaje del Presidente norteamericano, es claro: si las redes sociales o los agregadores continúan censurando contenidos, dejarán de tener esta calificación para pasar a ser medios de comunicación, lo que, automáticamente, les convertirá en responsables penales sobre todo lo que publiquen. Decenas de bufetes de abogados esperan atentos cómo se resolverá esta cuestión.

En España, por el contrario, y como no podía ser de otro modo bajo el Gobierno represor de Pedro Sánchez, esta cuestión no preocupa. Directamente, desde el Ejecutivo PSOE-Podemos, en colaboración directa con Twitter o Facebook, se cede la "verificación" de contenidos a “periodistas” y empresas de comunicación, o bien dependientes del Ejecutivo sociocomunista, como es el caso de la Agencia Efe, o bien directamente ligadas a la extrema-izquierda socio-política, como ocurre con organizaciones como “Maldita.es" o “Newtral”.