El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ordenado el cierre de los prostíbulos, y enseguida le ha imitado Cataluña, para evitar el peligro de difusión del Covid-19. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha apresurado a aprobar la medida y a felicitar a los Gobiernos que la han impuesto, con una extraña consigna - “Que no demos tregua a la explotación sexual” -, y ha añadido “que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad”.

Me ha desconcertado este deseo formulado por una ministra del Gobierno de España. Sería comprensible si quien lo expresara fuese una ciudadana cualquiera que quiera, como todas las personas de bien, que se acabe definitivamente con la prostitución, sin que podamos lograr que se haga realidad. Pero resulta chocante y no aceptable que lo plantee quien tiene la capacidad que posee el poder ejecutivo de presentar al Parlamento un proyecto de ley de abolición de la prostitución que acabe de una vez con la “industria proxeneta”.

Por lo que yo sé, el PSOE, a pesar de que ha gobernado España veintidós años, en varias etapas, y ahora vuelve a ostentar la Presidencia desde hace más de tres, nunca ha planteado la ley de abolición de la prostitución, como le demanda el Movimiento Feminista desde hace varias décadas. Tampoco he podido encontrar una declaración de Irene Montero anterior a esta etapa declarando que su partido iba a proponerlo, sólo la he oído repetir que, aunque ella es abolicionista, en su partido hay diversas opiniones y no puede imponer esa medida.

Desde hace unos meses, algunas organizaciones feministas han lanzado una campaña visual en las redes sociales pidiendo la abolición, y no sé que el Ministerio de Igualdad haya respondido o comentado algo al respecto, ni positiva ni negativamente. Por ello mi sorpresa cuando leo que Montero ha escrito una misiva a los Gobiernos de las comunidades asegurando "que otra de las cuestiones que deben garantizar a un Gobierno es su capacidad, con el conjunto de las administraciones, para garantizar de forma integral los derechos de las mujeres que están en condiciones de prostitución y son víctimas de explotación sexual y para cerrar esos prostíbulos y locales de alterne”. (Como ven, la carta tiene una redacción manifiestamente mejorable).

Afirma también en la carta que “durante el Estado de Alarma se trabajó para convertir en esenciales y garantizar que no se frenaban los servicios de asistencia y apoyo y atención integral a las víctimas de violencia de género, sino que también extendieron esa garantía junto con las comunidades autónomas a la atención a las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual o las mujeres víctimas de explotación sexual y a las mujeres en contextos de prostitución.”

De todo el mundo es sabido que no hubo atención alguna especial durante el confinamiento a las víctimas de violencia machista. El Partido Feminista recibió a través de su Twitter decenas de peticiones de ayuda de las mujeres que estaban presas en sus domicilios, inermes ante su maltratador. El famoso número 016 de petición de ayuda la mayor parte de las veces comunica o no contesta y cuando lo hace es para recomendar a la interesada que llame a la Policía. La Policía respondía que estaba demasiado ocupada para atenderla y que llamara a la Guardia Civil y ésta contestaba que presentara denuncia en el juzgado. Cuando se conectaba con el Juzgado se le pedía a la solicitante de amparo que enviara un escrito por vía telemática. Aquellas que llegaron a cumplirlo hace meses que no saben nada de su trámite.

En estos seis meses de pandemia han asesinado a más de diez mujeres y en lo que va de año la organización feminista feminicio.net contabiliza 57 feminicidos. Miles de víctimas han presentado denuncias, superando las tasas habituales. Ninguna medida nueva se ha adoptado ni para protegerlas ni para castigar más duramente a los maltratadores. La Ley de Violencia de Género, aprobada el 28 de diciembre de 2014, sigue vigente con la misma redacción de su publicación en el BOE. No se ha planteado ninguna modificación que introdujera garantías a las víctimas de que las órdenes de alejamiento y de protección se cumplan, no se ha aprobado invertir la carga de la prueba para que la maltratada no sea la que tenga probar la comisión del delito, no se ha modificado el procedimiento interminable de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ni siquiera se han aplicado las recomendaciones del Convenio de Estambul, que de cuando en cuando las feministas exhiben como si fuera una reliquia milagrosa, para pedir que se introduzca en nuestra legislación.

Resulta infame, en consecuencia, que la Ministra de Igualdad presuma de “los servicios de asistencia y atención integral a las víctimas de violencia de género”.

Pero el colmo de la astucia y el cinismo es que en la misiva utilice ese lenguaje eufemístico de “víctimas de trata con fines de explotación sexual o las mujeres víctimas de explotación sexual y a las mujeres en contextos de prostitución”. Es inaceptable que hable de trata cuando desde que caducó hace varios años el Plan contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual no se ha dado un paso más para aprobar la ley que al fin contemple actuaciones eficaces y contundentes contra el secuestro y proxenetismo de las mujeres.

Y ya constituye un insulto a la inteligencia utilizar el eufemismo de "contextos de prostitución” para no escribir el término de prostitución. El Diccionario de la RAE define el  “contexto” como: 

1. m. Entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinados.

2. m. Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un hecho.

3. m. Desus. Trabazón, composición o contenido de una historia o discurso.

4. m. Desus. Enredo, maraña o uni´on de cosas que se enlazan y entretejen.

Y, ¿me quiere explicar la ministra cuando habla de prostitución a qué se refiere con ese término de “contexto”? ¿Quiere decir las mujeres que viven en un barrio donde hay burdeles y prostitutas? ¿O las que están alojadas en habitaciones de casas donde hay otras prostitutas? ¿O las que se relacionan con puteros? Las tres situaciones las he vivido yo. Mi infancia y juventud transcurrieron en una calle cerca de un prostíbulo. Después viví un tiempo en una pensión donde se alojaban varias prostitutas. Y como he ejercido muchos años una profesión entonces mayoritariamente masculina, los compañeros, asociados, y los jueces y fiscales y demás trabajadores masculinos de la Administración de Justicia, eran asiduos frecuentadores de prostíbulos. A las mujeres que se encuentran en ese “contexto”, ¿es a las que hay que prestar asistencia y apoyo?

Hace falta mucho descaro y aplomo para escribir esta misiva, supongo que sabiendo que se hará pública, y presumir con ella de cumplir con la misión de su ministerio de proteger a las mujeres “en el contexto” de prostitución, mientras ni se menciona el término prostituta. Porque en su lenguaje ya lo ha sustituido por el de “trabajadora sexual” y ésta no necesita ni apoyo ni protección puesto que ejerce una profesión que al parecer no se desarrolla “en el contexto” de la prostitución, de la misma forma que otras como peluquera o vendedora que tampoco se encuentran en ese “contexto”.

El eufemístico lenguaje utilizado con el tortuoso propósito de distinguir la prostitución de la llamada “trata” denotan una falta absoluta de sentido moral, y encubre el objetivo de proceder a la regulación del “trabajo sexual”, propósito que siempre ha tenido y defendido Podemos con sus aliados como Compromís y Los Comunes.

Como broche final de esta carta de propaganda política, Irene Montero exhorta a los consejeros de las comunidades que “sería un elemento fundamental para ofrecer a estas mujeres, tras los cierres de los locales, alternativas dignas que se hagan cargo de su situación”. Como se lee, es un deseo, una recomendación, no una orden. No se sabe qué alternativas dignas son esas que pide porque no se molesta en concretarlas. Esos Gobiernos y ese Ministerio de Igualdad -¡y qué burla el nombre!- dictan orden de cierre de los puticlubs, burdeles, prostíbulos, locales de alterne, y ni siquiera se han planteado que será de esas “trabajadoras sexuales”, muchas de las cuales son extranjeras sin permiso de residencia, que se encontrarán o en la calle o encerradas en los locales sin asistencia alguna.

Los chulos, los macarras, las madames, los proxenetas y los dueños de los establecimientos buscarán otros espacios donde seguir lucrándose de la explotación de las mujeres: polígonos industriales, parques, carreteras, pisos clandestinos, pero será en peores condiciones que en los anteriores locales y se justificará que se les baje la remuneración a ellas, mientras se suben los precios a los puteros, en razón de la persecución que están sufriendo.

Este Gobierno que pretende ser de izquierdas, ese ministerio que pretende ser feminista, y los Gobiernos de las comunidades, alguno socialista, no han previsto medida alguna de sustento y vivienda para que las mujeres prostituidas no tengan que mendigar en la calle o ser más maltratadas por sus explotadores cuando se cumpla la orden de cerrar los prostíbulos, puticlubs, y lugares de alterne.