El gobernador de Texas y potencial aspirante a la candidatura presidencial en 2016 por el Partido Republicano, Rick Perry, fue acusado formalmente por un jurado de abuso de poder. Perry amenazó en 2013 a una fiscal de distrito demócrata con vetar una partida económica para su oficina si no dimitía, tras ser sorprendida ebria al volante.

El político republicano habría usado sus atribuciones como gobernador para vetar 7,5 millones de dólares a la oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Travis, en el que se encuentra ubicada la ciudad de Austin, por lo que se le acusa de abuso de poder y coacción a un funcionario público, dos delitos que pueden conllevar elevadas penas de cárcel.

El caso se remonta a 2013, cuando la entonces fiscal del distrito del Condado de Travis, Rosemary Lehmberg, fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol y condenada a 45 días de cárcel.

Lehmberg, con una prometedora carrera entre los demócratas, comandaba la Unidad de Integridad Pública, una oficina dedicada a la investigación de delitos relacionados con la corrupción entre funcionarios locales, estatales y federales. En el momento en el que sucedió este escándalo, el equipo de Lehmberg estaba tras la pista de un supuesto manejo irregular de fondos en el Instituto de Investigación y Prevención del Cáncer de Texas, un organismo creado por Perry.

Esta oficina fue la que dirigió la investigación contra el ex líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes entre 2003 y 2005, Tom DeLay, quien fue declarado culpable por lavado de divisas en una campaña de financiación ilegal de candidatos republicanos en Texas en 2002.

Tras su detención, Perry amenazó públicamente a Lehmberg con vetar una partida económica para su oficina si no renunciaba al cargo, lo que terminó haciendo al no dimitir la implicada y lo que ha llevado a un gran jurado de Austin a acusarlo por los delitos de abuso de poder y coacción a un funcionario público.

Texanos por una Justicia Pública (TJP), el grupo de vigilancia gubernamental sin ánimo de lucro que impulsó en un inicio el proceso contra Perry, argumentan que con su amenaza el gobernador quiso desmantelar una agencia que investigaba la corrupción y que tenía en su mira el instituto médico. La defensa de Texas argumenta que el veto ejercido por el gobernador está dentro de sus atribuciones.

Perry fue aspirante a la candidatura republicana a la presidencia en 2012, para la que finalmente fue elegido el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, quien resultó batido en las urnas por Barack Obama.

El gobernador de Texas, ya recuperado del batacazo que eso supuso, figura como uno de los potenciales aspirantes nuevamente a la Casa Blanca en 2016 por el Partido Republicano. La crisis migratoria de los niños centroamericanos, que ha prometido combatir con el despliegue de 1.000 efectivos de la Guardia Nacional, ha devuelto a Perry la notoriedad pública y lo ha impulsado a crear un comité llamado "RickPAC", con el que la semana pasada ya hizo campaña entre los conservadores en Iowa.

Perry es el primer gobernador de Texas acusado formalmente de un delito en casi un siglo desde que lo fue en 1917 James E. Ferguson por malversación de fondos y otros cargos, lo que forzó su dimisión antes de que se anunciara una sentencia en su contra.