La Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, liderada por Jonan Fernández, está dedicando una parte importante de su presupuesto a impulsar distintas investigaciones sobre víctimas del terrorismo, torturas o las consecuencias de la violencia sufrida durante el último medio siglo en Euskadi. Según informa la Agencia Vasco Press, esta oficina ha encargado desde el inicio de la legislatura siete estudios con un coste superior a los 100.000 euros.

El primer estudio fue el Informe-base de vulneraciones de Derechos Humanos en el caso vasco 1960-2013 presentado en junio de 2013 en un acto presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu que contó con la presencia de sus cuatro autores: el obispo emérito de San Sebastián Juan María Uriarte, la exmagistrada Manuela Carmena, el profesor de Derecho Penal y exdirector de Derechos Humanos, Jon Landa, y el abogado y exconcejal del Partido Popular Ramón Múgica.

Este trabajo cifra en 837 el número de personas fallecidas como consecuencia de los atentados de ETA, eleva a 94 el número de muertos por abusos y acciones indebidas de las fuerzas de seguridad y concreta en 73 los ciudadanos que perdieron la vida por la violencia de grupos parapoliciales y de extrema derecha (incluye el GAL). Asimismo, pide investigar los atentados de ETA sin aclarar, la extorsión económica y los “exiliados” por el terrorismo. Otra de sus recomendaciones es profundizar en el conocimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

La publicación de este primer informe coincidió casi en el tiempo con la exposición del borrador del Plan de Paz y Convivencia. Este borrador fue presentado a los grupos políticos a mediados de 2013 en sede parlamentaria y fue remitido también a un grupo de profesores universitarios y expertos internacionales en resolución de conflictos con el fin de que analizaran su contenido y dieran su parecer sobre el mismo. Este análisis, que arrojó conclusiones positivas, tuvo un coste de 12.000 euros.

También a lo largo de 2013 la Secretaría de Paz y Convivencia encargó al Instituto Vasco de Criminología un estudio para conocer la opinión de las víctimas del terrorismo sobre el trato recibido de las administraciones, los partidos y la sociedad en general, y conocer sus inquietudes y preocupaciones en el final de ETA. Este estudio, ya concluido, revela que el 62% de los familiares de victimas mortales temen que dicho final conlleve impunidad.

El Instituto Vasco de Criminología realizó un segundo trabajo por encargo del Gobierno Vasco para examinar la decisión del Ministerio de Interior de denegar la indemnización a víctimas del terrorismo reconocidas como tales por su supuesta relación con grupos de apoyo a ETA. Este estudio, que tuvo un coste de 10.000 euros, sostiene que dicha denegación vulnera la ley y constituye una evidente discriminación.

El equipo de Jonan Fernández encargó a lo largo de los últimos meses otros tres informes que verán la luz próximamente. Así, el Instituto Vasco de Criminología llevará a cabo un estudio sobre la incidencia real de la tortura en Euskadi entre los años 1960 y 2013 bajo la coordinación del forense Francisco Etxeberria y la participación también del médico especialista en Medicina Legal y Forense Benito Moretin, el médico especialista en Psicología del a Salud, Carlos Martín Beristain; y la licenciada en Derecho y especialista en Criminología Laura Pego.

También está pendiente de conclusión un estudio sobre atentados terroristas no esclarecidos. Este estudio fue encargado por 16.850 euros a la criminalista y profesora de Derecho penal de la Universidad del País Vasco Enara Garro, el exdirector de apoyo a las víctimas del terrorismo del Ministerio de Interior José Manuel Rodríguez Uribes y el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. La redacción y coordinación del informe será desarrollada por el escritor y periodista Carlos Fonseca.

Finalmente, el último de los siete informes será responsabilidad del Instituto Valentín de Foronda. El Gobierno Vasco encargó a esta institución la elaboración de un estudio sobre las causas, el contexto y las influencias de la violencia política en Euskadi desde finales de los sesenta hasta la actualidad. Está previsto que el estudio, para cuyo fin el Ejecutivo ha destinado una partida de 18.000 euros, esté listo a finales de este año.