Llevadas a cabo bajo la presidencia de Fernando Spagnolo
El TSJ de Murcia entierra cualquier posibilidad de que Kutxabank recupere sus inversiones especulativas en esta región
![[Img #4787]](upload/img/periodico/img_4787.jpg)
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha desestimado el recurso que Inverlur, la principal inmobiliaria de Kutxabank, había planteado contra el decreto de esta Comunidad Autónoma que aprobaba el plan de gestión de la Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) de la Almenara, Moreras y Cabo Cope. Este decreto, aprobado en 2010, anulaba la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas, por lo que la finca murciana denominada “La Zerrichera” volvía a ser no urbanizable, lo que frustraba definitivamente la construcción de un complejo inmobiliario de 4.000 viviendas, hotel y campo de golf. Esta decisión jurídica implica que si Kutxabank tenía alguna esperanza de poder recuperar las inversiones especulativas e investigadas por la justicia que el entonces presidente de la entidad, Fernando Spagnolo de la Torre, apoyó en la costa mediterránea, éstas se han desvanecido.
Tal y como ha recordado la web “Gipuzkoa Confidential”, Kutxa invirtió en 2006 128 millones de euros para comprar una finca rural de 240 hectáreas poco después de que el consejero de Obras Públicas y Vivienda de Murcia, Joaquín Bascuñana, recalificara esos suelos protegidos por la legislación europea. Actualmente, Bascuñana está procesado en el caso “Novo Cartago”, otra operación fallida de la entonces Kutxa en Murcia, en la que la Caja invirtió 100 millones de euros y de la que salió en 2006 pasándole el terreno a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Los terrenos de “Novo Cartago” están colindando con los de “Lo Poyo”. “Lo Poyo”, otro polémico proyecto con protección medioambiental que ya fue anulado por el TSJ de Murcia en el año 2000, fue comprado por Kutxa y el Grupo Yeregui, con intermediación del ex alcalde de Marbella Juan Antonio Roca, por 214 millones de euros en 2004 a la familia Armengol, un año antes de que el Ayuntamiento de Cartagena reiniciara los trámites para recalificar la finca.
La sentencia del TSJ de Murcia, dictada el pasado día 4 de julio, establece “sin duda alguna” la “prevalencia” medioambiental sobre el interés urbanístico.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha desestimado el recurso que Inverlur, la principal inmobiliaria de Kutxabank, había planteado contra el decreto de esta Comunidad Autónoma que aprobaba el plan de gestión de la Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) de la Almenara, Moreras y Cabo Cope. Este decreto, aprobado en 2010, anulaba la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas, por lo que la finca murciana denominada “La Zerrichera” volvía a ser no urbanizable, lo que frustraba definitivamente la construcción de un complejo inmobiliario de 4.000 viviendas, hotel y campo de golf. Esta decisión jurídica implica que si Kutxabank tenía alguna esperanza de poder recuperar las inversiones especulativas e investigadas por la justicia que el entonces presidente de la entidad, Fernando Spagnolo de la Torre, apoyó en la costa mediterránea, éstas se han desvanecido.
Tal y como ha recordado la web “Gipuzkoa Confidential”, Kutxa invirtió en 2006 128 millones de euros para comprar una finca rural de 240 hectáreas poco después de que el consejero de Obras Públicas y Vivienda de Murcia, Joaquín Bascuñana, recalificara esos suelos protegidos por la legislación europea. Actualmente, Bascuñana está procesado en el caso “Novo Cartago”, otra operación fallida de la entonces Kutxa en Murcia, en la que la Caja invirtió 100 millones de euros y de la que salió en 2006 pasándole el terreno a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Los terrenos de “Novo Cartago” están colindando con los de “Lo Poyo”. “Lo Poyo”, otro polémico proyecto con protección medioambiental que ya fue anulado por el TSJ de Murcia en el año 2000, fue comprado por Kutxa y el Grupo Yeregui, con intermediación del ex alcalde de Marbella Juan Antonio Roca, por 214 millones de euros en 2004 a la familia Armengol, un año antes de que el Ayuntamiento de Cartagena reiniciara los trámites para recalificar la finca.
La sentencia del TSJ de Murcia, dictada el pasado día 4 de julio, establece “sin duda alguna” la “prevalencia” medioambiental sobre el interés urbanístico.
