El Gobierno catalán ha presentado dos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Gobierno central de impugnar la Ley de Consultas y la convocatoria del 9N. También ha pedido al Alto Tribunal el "levantamiento inmediato" de la suspensión cautelar de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria.

Los recursos sustentan a través de una decena de argumentos los motivos por los cuales, en opinión del Gobierno catalán, debe levantarse la suspensión de la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria, y abundan las referencias a la necesidad de que las leyes faciliten la expresión popular.

Los letrados de la Generalitat advierten de que "es difícil prever las consecuencias" si se cierran los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión política, y apuntan que si los parlamentos no resuelven importantes retos para la gobernabilidad y si la población tiene la sensación de ser privada de su derecho a participar en la toma decisiones, se tiende a alimentar "el desprecio público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia".

Por su parte, el Parlamento de Cataluña ha aprobados los miembros de la Comisión de Control del 9N -el equivalente a una Junta Electoral- pese a que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente la Ley de Consultas. PSC, PP y C's se han negado a votar alegando que se desoye la resolución del tribunal.

Antes de votar a los miembros de la Comisión, el pleno ha votado precisamente si eso era legal después de la suspensión del TC, lo que ha causado un intenso debate sobre si debía seguir con el orden del día: los grupos soberanistas entienden que se podía mantener porque la propuesta del Parlamento catalán es "provisional" y no es ejecutiva hasta que el presidente de la Generalitat nombre a los miembros por decreto.

Esa es la misma tesis que han defendido los letrados del Parlamento en el informe sobre este debate que les encargaron PSC y PP, y que han hecho llegar a los grupos a primera hora de este miércoles: el documento considera que el debate se podía hacer porque no tiene "plenos efectos" y depende de la firma de Mas.

En cambio, PSC, PP y C's han votado en contra de que se debatiese la norma al entender que supone saltarse la suspensión cautelar de la Ley de Consultas, por lo que han rechazado participar en la votación de los miembros y han alertado de las consecuencias legales que podría acarrear.

Aunque ninguno de los tres grupos ha votado la designación, su forma de protestar ha sido distinta: mientras los diputados socialistas se han limitado a no pulsar ningún botón, los del PP han optado por levantar las manos desde su escaño para evidenciar que no votaban y los de C's han abandonado el hemiciclo.

El portavoz del PP, Enric Millo, y el líder de C's, Albert Rivera, han alertado a los diputados de que con su voto pueden incurrir en algún delito porque el acto podría conllevar consecuencias legales al ignorar, desde un cargo público, la democracia y el Estado de Derecho.

En la misma línea, el secretario tercero de la Mesa del Parlament, Pere Calbó (PP), ha pedido la palabra para advertir de que él no firmará el acuerdo del Parlament por ser ilegal y por las consecuencias que pueda conllevar.

CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP han criticado las "amenazas" sobre las consecuencias de esta votación, y se han mostrado convencidos de que es un acto legal, porque la suspensión de la Ley de Consultas es provisional y no supone una sentencia definitiva.