El Gobierno de Íñigo Urkullu, a través de su Secretaría de Paz y Convivencia, en manos del ex miembro de Herri Batasuna y ex líder de Elkarri, Jonan Fernández, continúa tergiversando la historia para tratar de implantar en la sociedad una idea fundamental dentro del imaginario del mundo nacionalista vasco y de la banda terrorista ETA: la que trata de hacer creer que en Euskadi no ha existido el terrorismo, sino que lo que se ha producido a lo largo de los últimos años es un “conflicto entre dos partes” enfrentadas, que ha llevado al sufrimiento a víctimas de “ambos lados” y que, por supuesto, ha de solucionarse a través del “diálogo” y de la “negociación”.

Hasta tal punto ha asumido el Ejecutivo del PNV este bulo histórico y esta aberración política que, recientemente, la Administración nacionalista ha adjudicado la evaluación bienal y externa de su Plan de Paz y Convivencia al Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), especializado, según se desprende de la página web de esta organización, en “explorar las dinámicas que generan los conflictos actuales (tanto intraestatales como interestatales), determinar los rasgos principales de las tendencias y problemas globales del sistema internacional de la postguerra fría, examinar las distintas fórmulas de prevención y resolución de conflictos en marcha y evaluar las respuestas que la comunidad internacional diseña en el campo de la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria”.  

(Leer íntegramente el documento de licitación al final de esta información)

Al Gobierno de Urkullu, que en un concurso restringido no ha dudado en conceder el contrato de 43.556 euros a esta organización, no le ha importado en absoluto que el IECAH no tenga prácticamente ninguna experiencia en el estudio y el análisis de actividades terroristas.  Tampoco ha tenido en cuenta Jonan Fernández que esta iniciativa dirija sus actividades al seguimiento “de la realidad de dos regiones de gran interés para España y para la Unión Europea como son el Mediterráneo y Latinoamérica, sin descuidar por ello la atención a otras regiones del planeta a las que presta creciente atención”.

Lo importante, como puede observarse, es que el IECAH, con los recursos económicos de todos los vascos, analizará las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno vasco, dentro de su Plan de Paz y Convivencia, como si lo que ha ocurrido en Euskadi en los últimos cincuenta años haya sido una “guerra entre dos partes” (el Gobierno democrático español y la banda terrorista ETA) igualmente comprometidas, igualmente responsables e igualmente respetables.

Tanto ha llamado la atención esta licitación que el parlamentario del PSE-EE, Rodolfo Ares, ha presentado ya en el Parlamento vasco una pregunta al Lehendakari para que explique las razones de esta adjudicación. Para Ares, el problema de terrorismo y violencia padecido en Euskadi "no encaja demasiado con las áreas de actividad preferentes del Instituto adjudicatario, más centrado, como su nombre indica, en los conflictos internacionales, la cooperación y la ayuda humanitaria". En este sentido, el parlamentario socialista ha expresado su sospecha de que la elección de un instituto con esa denominación y con sus características "lleva la intención de conceder al episodio de terrorismo protagonizado principalmente por ETA la consideración de 'conflicto político' que desde una parte de nuestra sociedad se le ha pretendido dar".

En su pregunta al Lehendakari, Ares cuestiona a Urkullu sobre si considera que una organización dedicada preferentemente al estudio de los conflictos bélicos internacionales y a la cooperación es la entidad más idónea "para evaluar la aplicación de un Plan dirigido a restaurar la convivencia alterada por el terrorismo en una sociedad moderna y europea como es la vasca".