Ciudadanos y armas en EEUU
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Todo el mundo sabe que en Estados Unidos hay más armas de fuego que habitantes, incluidos ancianos terminales y niños de teta. También que cualquier limitación de su venta —como la modestísima propuesta de Barack Obama— se topa con una fuerte oposición no solo legal, sino de amplios sectores sociales.
Con resultar muy determinante para ello la 2ª enmienda de la Constitución —“el derecho del Pueblo a tener y portar armas no debe ser infringido”—, no lo es tanto como la existencia de una opinión pública muy conservadora: para ella, la restricción de la compra de armas perjudicaría solamente a las personas decentes, quienes no podrían defenderse de unos delincuentes que, ellos sí, se amunicionan al margen de la ley.
Esa perversa realidad social explica la abundancia de armerías y el que prolifere la venta de armamento por Internet. En el ya lejano 1988, pude comprobar la normalidad del comercio armamentístico en una tienda de Miami, donde todo tipo de clientes probaban desde revólveres a fusiles semiautomáticos de largo alcance.
La única limitación, entonces, era un periodo de carencia de pocos días, para evitar que alguien llevado de un calentón entrase en la armería más cercana y comprase una pistola con la que abatir a su cónyuge o a un vecino. En mi caso, ni siquiera se consideró la posibilidad de venta por el simple hecho de no ser residente en la localidad.
Poca restricción, pues, para el hecho horrible de que haya millares de víctimas inocentes por tiroteos todos los meses. Y es que, en mi modesta opinión, el problema requiere un tratamiento más global, semejante, por ejemplo, al del narcotráfico.
Si solo se limita la compraventa legal de armas, es evidente que los delincuentes obtendrán una ventaja comparativa. El enorme tráfico armamentístico arranca en los propios Estados que fabrican esos arsenales y comercian con ellos. Habría que limitar, por consiguiente, su fabricación y su comercio y reprimir especialmente a los traficantes con una coordinación policial internacional.
Mientras, en cambio, se considere que éste es solo un problema doméstico de EEUU, las víctimas inocentes seguirán cayendo como moscas, y los fabricantes de armas, enriqueciéndose con su sangre.
Todo el mundo sabe que en Estados Unidos hay más armas de fuego que habitantes, incluidos ancianos terminales y niños de teta. También que cualquier limitación de su venta —como la modestísima propuesta de Barack Obama— se topa con una fuerte oposición no solo legal, sino de amplios sectores sociales.
Con resultar muy determinante para ello la 2ª enmienda de la Constitución —“el derecho del Pueblo a tener y portar armas no debe ser infringido”—, no lo es tanto como la existencia de una opinión pública muy conservadora: para ella, la restricción de la compra de armas perjudicaría solamente a las personas decentes, quienes no podrían defenderse de unos delincuentes que, ellos sí, se amunicionan al margen de la ley.
Esa perversa realidad social explica la abundancia de armerías y el que prolifere la venta de armamento por Internet. En el ya lejano 1988, pude comprobar la normalidad del comercio armamentístico en una tienda de Miami, donde todo tipo de clientes probaban desde revólveres a fusiles semiautomáticos de largo alcance.
La única limitación, entonces, era un periodo de carencia de pocos días, para evitar que alguien llevado de un calentón entrase en la armería más cercana y comprase una pistola con la que abatir a su cónyuge o a un vecino. En mi caso, ni siquiera se consideró la posibilidad de venta por el simple hecho de no ser residente en la localidad.
Poca restricción, pues, para el hecho horrible de que haya millares de víctimas inocentes por tiroteos todos los meses. Y es que, en mi modesta opinión, el problema requiere un tratamiento más global, semejante, por ejemplo, al del narcotráfico.
Si solo se limita la compraventa legal de armas, es evidente que los delincuentes obtendrán una ventaja comparativa. El enorme tráfico armamentístico arranca en los propios Estados que fabrican esos arsenales y comercian con ellos. Habría que limitar, por consiguiente, su fabricación y su comercio y reprimir especialmente a los traficantes con una coordinación policial internacional.
Mientras, en cambio, se considere que éste es solo un problema doméstico de EEUU, las víctimas inocentes seguirán cayendo como moscas, y los fabricantes de armas, enriqueciéndose con su sangre.
