También impone sanciones por un total de 11 millones de euros a otras cinco empresas de catering
La Autoridad Vasca de la Competencia impone una multa de 7 millones de euros a tres cooperativas del Grupo Mondragón por repartirse el mercado del servicio de comedores en los colegios públicos del País Vasco
Auzo Lagun, Cocina Central Goñi y Cocina Central Magui, tres cooperativas del Grupo Mondragón dedicadas a la elaboración de servicios de catering, han sido multadas con siete millones de euros por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) por repartirse el mercado del servicio de comedores en los colegios públicos del País Vasco. Además, otras cinco empresas, Eurest Colectividades, Eurest Euskadi, Tamar Las Arenas, Gastronomía Cantábrica y Gastronomía Vasca, han sido sancionadas con un total de 11 millones de euros por el mismo motivo.
Concretamente, las multas impuestas por la AVC han sido las siguientes:
- AUZO LAGUN S.COOP: 6.108.446,14 euros
- COCINA CENTRAL GOÑI, S.L: 522.879,45 euros
- COCINA CENTRAL MAGUI, S.L: de 775.827,97 euros
- EUREST COLECTIVIDADES, S.L: de 6.640.713,75 euros
- EUREST EUSKADI, S.L: 135.497,70 euros
- TAMAR LAS ARENAS, S.A: 1.108.347,80 euros
- GASTRONOMÍA CANTÁBRICA, S .L: 1.626.662,40 euros
- GASTRONOMÍA VASCA, S.A: 1.546.226,78 euros
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La resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia considera probado que estas empresas se repartieron el mercado durante, al menos, diez ejercicios. La AVC explica que el Departamento de Educación del Gobierno vasco convocó licitaciones anuales para la prestación del servicio de comedores desde el año 2003 hasta el año 2014. Estas licitaciones se realizan por medio de un procedimiento con dos fases. En la primera las empresas acreditan su capacidad para prestar el servicio y en la segunda deben competir por obtener el contrato de cada uno de los lotes.
Las ocho empresas sancionadas eran las únicas que habían superado la primera fase de la contratación y por tanto las únicas que podían competir por los lotes.
La AVC considera demostrado que “durante al menos diez años las ocho empresas sancionadas renunciaron a competir en todos los lotes para los que habían demostrado capacidad, por medio de una pauta orquestada de presentación de ofertas con el objetivo de conseguir un reparto de lotes”.
“De esta forma durante todos los años investigados las empresas sancionadas llevaron a cabo una práctica que les garantizó la prestación del servicio de comedores en el mismo lote a cada una de ellas y a un precio alterado al alza por la concertación”.
“Esta práctica tiene una incidencia muy alta en la sociedad vasca dado que afecta a un porcentaje elevado de población y que los costes son parcialmente financiados por el Gobierno vasco de manera directa (en un 35% del presupuesto) e indirecta (vía ayudas a estudiantes)”.
“La falta de competencia durante todo este tiempo ha impedido a la administración convocante de los concursos y a las propias familias -que llevan a sus hijos e hijas a los centros y que abonan una parte del precio del menú escolar- beneficiarse de las diferencias en precio y calidad del servicio que se derivan de la libre competencia”.
La Autoridad Vasca de la Competencia considera que el hecho de que la conducta sancionada haya producido una alteración tan sofisticada de la contratación pública ha supuesto un beneficio extraordinario e ilícito para las empresas y un grave perjuicio al interés general. De hecho, la AVC explica que la limitada apertura a la competencia que se ha producido en el curso 2015-16, una vez incoado el expediente, “ha generado un ahorro de 7 millones de euros sin merma alguna para la calidad del servicio. En los diez cursos sujetos a investigación el Departamento de Educación dedicó 854 millones de euros del presupuesto público solo para sufragar este servicio”.
Auzo Lagun, Cocina Central Goñi y Cocina Central Magui, tres cooperativas del Grupo Mondragón dedicadas a la elaboración de servicios de catering, han sido multadas con siete millones de euros por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) por repartirse el mercado del servicio de comedores en los colegios públicos del País Vasco. Además, otras cinco empresas, Eurest Colectividades, Eurest Euskadi, Tamar Las Arenas, Gastronomía Cantábrica y Gastronomía Vasca, han sido sancionadas con un total de 11 millones de euros por el mismo motivo.
Concretamente, las multas impuestas por la AVC han sido las siguientes:
- AUZO LAGUN S.COOP: 6.108.446,14 euros
- COCINA CENTRAL GOÑI, S.L: 522.879,45 euros
- COCINA CENTRAL MAGUI, S.L: de 775.827,97 euros
- EUREST COLECTIVIDADES, S.L: de 6.640.713,75 euros
- EUREST EUSKADI, S.L: 135.497,70 euros
- TAMAR LAS ARENAS, S.A: 1.108.347,80 euros
- GASTRONOMÍA CANTÁBRICA, S .L: 1.626.662,40 euros
- GASTRONOMÍA VASCA, S.A: 1.546.226,78 euros
La resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia considera probado que estas empresas se repartieron el mercado durante, al menos, diez ejercicios. La AVC explica que el Departamento de Educación del Gobierno vasco convocó licitaciones anuales para la prestación del servicio de comedores desde el año 2003 hasta el año 2014. Estas licitaciones se realizan por medio de un procedimiento con dos fases. En la primera las empresas acreditan su capacidad para prestar el servicio y en la segunda deben competir por obtener el contrato de cada uno de los lotes.
Las ocho empresas sancionadas eran las únicas que habían superado la primera fase de la contratación y por tanto las únicas que podían competir por los lotes.
La AVC considera demostrado que “durante al menos diez años las ocho empresas sancionadas renunciaron a competir en todos los lotes para los que habían demostrado capacidad, por medio de una pauta orquestada de presentación de ofertas con el objetivo de conseguir un reparto de lotes”.
“De esta forma durante todos los años investigados las empresas sancionadas llevaron a cabo una práctica que les garantizó la prestación del servicio de comedores en el mismo lote a cada una de ellas y a un precio alterado al alza por la concertación”.
“Esta práctica tiene una incidencia muy alta en la sociedad vasca dado que afecta a un porcentaje elevado de población y que los costes son parcialmente financiados por el Gobierno vasco de manera directa (en un 35% del presupuesto) e indirecta (vía ayudas a estudiantes)”.
“La falta de competencia durante todo este tiempo ha impedido a la administración convocante de los concursos y a las propias familias -que llevan a sus hijos e hijas a los centros y que abonan una parte del precio del menú escolar- beneficiarse de las diferencias en precio y calidad del servicio que se derivan de la libre competencia”.
La Autoridad Vasca de la Competencia considera que el hecho de que la conducta sancionada haya producido una alteración tan sofisticada de la contratación pública ha supuesto un beneficio extraordinario e ilícito para las empresas y un grave perjuicio al interés general. De hecho, la AVC explica que la limitada apertura a la competencia que se ha producido en el curso 2015-16, una vez incoado el expediente, “ha generado un ahorro de 7 millones de euros sin merma alguna para la calidad del servicio. En los diez cursos sujetos a investigación el Departamento de Educación dedicó 854 millones de euros del presupuesto público solo para sufragar este servicio”.
