En el año 1999, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, destacaba en un informe las dificultades a las que se enfrentaban (se enfrentan) los niños castellanohablantes en ciertas regiones españolas para recibir una enseñanza en su lengua materna, considerando que habría que hacer un seguimiento para corregir este tipo de situaciones. Destacaba el caso de Cataluña y País Vasco. Es evidente que lejos de corregirse esta situación se ha agravado sin visos de solución ni propósito de preservar los genuinos derechos de niños y adolescentes a recibir la educación en su lengua materna, o de respetar la libre decisión  de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos. El reciente atropello del Ayuntamiento de Pamplona en manos de podemitas y bilduetarras, expulsando a los niños castellanohablantes de dos guarderías de la capital navarra, es un claro ejemplo del desprecio de ciertos poderes hacia los ciudadanos cuando de lo que se trata es de aplicar la apisonadora lingüística para la construcción nacional. Antes el problema era de los ciudadanos vascos que tenemos de origen la lengua de Cervantes como propia –y no es culpa de Franco el que la tengamos, precisamente, pues, por ejemplo, en Álava y otras partes del territorio vasco el euskera quedó prácticamente desaparecido durante el siglo XVIII y XIX sin que interviniera en ese proceso ninguna autoridad pública, sino por el devenir natural de las cosas-. Ahora el problema se ha extendido a Navarra.

Es obvio que en Cataluña se ha erradicado el español (castellano) del sistema educativo, de manera nada democrática, y también es evidente que los padres y madres que optan por el castellano como vehículo de aprendizaje han sido literalmente barridos de la escena escolar. Lejos de resolverse el problema los poderes públicos catalanes han decidido hacer un desacato de las sucesivas sentencias que jurídicamente dan la razón a los padres que demandan una protección a los derechos de sus hijos; sin que nadie obligue a esas autoridades a ceñirse al imperio de la ley, dejando así sin ninguna protección efectiva a los demandantes.

Pues bien, en Valencia, Baleares y Aragón –leen bien, en Aragón- se está extendiendo el pancatalanismo, que consiste en la extensión del catalán  a estas comunidades.
 

“Al menos quince AMPAs de centros de enseñanza pertenecientes a la plataforma Ampas Torrevieja, han respaldado un escrito dirigido al conseller de educación, D. Vicent Marzà protestando y rechazando la propuesta de imponer el catalán -que no valenciano- en las comarcas valencianas castellano-parlantes”. (“Valencia Oberta”)
 

“La Fundación Nacional Círculo Balear (FNCB) ha anunciado que intensificará su actividad junto a otras asociaciones debido a que los "acciones políticas" de los actuales gobernantes de Baleares para "incrementar la catalanización de Baleares "a través de la modificación y tergiversación" de las principales efemérides que "conmemoran importantes acontecimientos históricos del antiguo Regne de Mallorca". (“20 minutos”)

"La Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán acusa a Izquierda Unida-Chunta Aragonesista y al Partido Socialista de querer catalanizar Aragón con sus enmiendas la nueva Ley de Lenguas. A juicio de la Plataforma, la izquierda aragonesa se ha plegado a los deseos y mandatos de sus jefes de Cataluña: Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana y Partit Socialista de Catalunya. (“Nohablamoscatalan”)

Incluso en Murcia: “La Generalitat Valenciana ha anunciado ayudas para la promoción de la lengua «valenciana» en un programa en el que se divulga una exposición del Instituto de Estudios Catalanes (IEC), entidad que trabaja desde la unidad lingüística del catalán, en la zona de El Carche (El Carxe), que comprende parte de los términos municipales murcianos de Abanilla, Jumilla y Yecla” (ABC)

Quien niegue la realidad o está ciego o es cómplice. Está claro el intento de los nacionalistas catalanes, con la ayuda inestimable de la izquierda en todo su espectro, de crear una amplia región de ámbito cultural, que abarque a comunidades que históricamente no han tenido nada que ver con Cataluña aunque sí con el Reino de Aragón; para, en un futuro, extender su dominio a todo el Mediterráneo; de la misma forma  que está intentándolo el mundo abertzale con ese diseño de Krutwig de la gran “Euskalherria”. Con ello hay en el transfondo de esta operación de medio-largo plazo un intento de desgajar de la España milenaria a la mitad de su territorio y romper los lazos culturales, antropológicos e históricos que han sido durante siglos la argamasa de eso que desde los visigodos se llamaba Hispania, con toda su diversidad y riqueza etnográfica. ¿Qué es lo que pretende la izquierda ayudando a los nacionalistas en su pretensión imperialista? No lo sé porque no lo entiendo. Nunca la izquierda ha estado en esta tesitura hasta estos últimos decenios negros. Véase lo que afirmaba Indalecio Prieto: “Nadie del Frente Popular reniega de España […] aunque internacionalista, me siento cada vez más profundamente español. Todas mis luchas, todas mis energías, las he consagrado a España.”

¿Qué estupidez ha arraigado con tal fuerza en nuestro territorio patrio? ¿Es ignorancia? ¿Es mala fe? ¿Existe una intencionalidad de fondo? ¿O es, simplemente, imbecilidad colectiva?