Hace pocos años que un tercio de los trabajadores públicos españoles estaba siempre de baja médica, porcentaje que cayó cuando privatizaron algunos servicios, aunque sigue manteniéndose en la enseñanza o en la sanidad de algunas comunidades autónomas.

Falsas depresiones, enfermedades imaginarias y mil métodos más que se usan para no trabajar dándose de baja, mientras las finanzas públicas pierden así mucho más dinero del que ganan las empresas privadas que ofrecen un óptimo servicio sustitutorio.

En lugares gobernados por Podemos o sus afines, en esas “Ciudades del Cambio”, corre ya una fiebre desprivatizadora en la que todo el mundo puede tornar a darse de baja: los servicios vuelven a ser malos y más caros.

La ruina se acelera, además, con las crecientes trabas a los creadores de trabajo, a los que llaman miserables, usureros, incluso delincuentes. Al fundador de Inditex –159.000 empleados partiendo de cero—, Iglesias Turrión llegó a compararlo con los terroristas de ETA.

El populismo español quiere desprivatizar todo servicio público, repetir la vía soviética, maoísta, castrista, y ahora chavista: la agonía imperceptible, la de la inicialmente feliz rana a la que van calentándole el agua hasta cocerla.

Una lista elaborada por la escuela de negocios ESADE basada en las contabilidades nacionales europeas muestra que a mayores contratos privados de bienes y servicios en relación al PIB, mayor riqueza.

Holanda tiene el 19 por ciento; Finlandia, el 13 y así siguen Reino Unido, Suecia, Alemania, Dinamarca, Francia y otros países hasta llegar al antepenúltimo, España, con el 8 por ciento, seguido de Irlanda, con el 7,5 y Grecia, con el 6.

Con los podemitas gobernando o quienes los apoyan, como la rama socialista de Pedro Sánchez, España morirá enferma de pobreza, eso sí, con una baja médica masiva.