Ensayo
Venezuela, las claves del golpe de Nicolás Maduro
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¿Por qué explota Venezuela y no lo hacen Bolivia, Ecuador o Nicaragua? En las últimas semanas desde la izquierda hispana se ha empezado a justificar el drama venezolano como un golpe de Estado de la oligarquía de derechas con apoyo del imperialismo yanqui. Esta explicación choca con un hecho objetivo: en los otros países bolivarianos no ocurre nada parecido. Sólo la oligarquía venezolana se tiraría al monte y sólo el imperialismo actuaría allí y mientras en el resto de naciones, ambos actores permanecen pasivos ¿Por qué?
Camino del desastre
Para entender lo que está pasando, partamos de la reflexión de un comentarista del diario "El Universal" de Caracas: "entre todos los dirigentes bolivarianos, nos fueron a tocar los más tontos”.
Hay un hecho diferencial decisivo: sólo Chávez se atrevió a lanzar un programa masivo de expropiación del aparato productivo. Sin aparentemente contar con la oposición de los influentes asesores españoles, el presidente se lanzó al más amplio programa de nacionalizaciones realizado en los últimos cuarenta años por país alguno. Progresivamente, cementeras, industrias pesadas y mineras, bancos, cadenas de supermercados, empresas agrícolas, etc. fueron siendo incautados. Sin llegar a ser una nacionalización completa y absoluta al estilo de los viejos estados comunistas, buena parte de la producción y servicios quedaron en manos de Gobierno. Ningún otro presidente del mundo bolivariano hizo algo así, de modo que las empresas privadas han seguido siendo la columna vertebral de sus economías.
El resultado en casi todos los sectores fue pobre, cuando no calamitoso. La productividad cayó, las inversiones se ralentizaron, las nuevas empresas públicas se llenaron de personal “enchufado” y los gestores elegidos en muchos casos eran incompetentes, cuyo principal mérito era su conocimiento de soflamas socialistas.
Pero con el petróleo a 80-100 dólares, esto a pocos les preocupó, empezando por los flamantes asesores españoles Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). Según fuentes de la oposición, más de un billón de dólares se derramaron sobre el país (1). Billón del nuestro, no anglosajón. Cuando fue bajando la producción de cemento, hierro… o alimentos, se pasó a comprar fuera. Cómo lo producido no llegaba para satisfacer la demanda interna, los responsables públicos no se plantearon el fomento de las exportaciones. Y el cada vez más menguante sector privado tampoco invertía ante la inseguridad jurídica y el durísimo control de cambios de las divisas que impuso el Gobierno, dificultando el comercio internacional.
En el año 2013, el sistema dio muestras de agotamiento. La dependencia del petróleo era total y absoluta, de forma que este rubro suponía más del 90% de las exportaciones. Y entonces empezó a bajar de precio. Gracias a la mejora y optimización del procedimiento del "fracking", el mercado se inundó de crudo y los precios empezaron a caer. Otros países reaccionaron con un aumento de producción que compensó parcialmente la menor rentabilidad del barril, pero Caracas no podía hacer esto, porque habían expulsado a las petroleras internacionales y la venezolana PDVSA, después de 15 años de chavismo, había pasado de ser una de las mejores del mundo a estar sumida en una aguda crisis financiera, técnica y de gestión (2).
La tormenta perfecta estalló en 2014-2015. La fuente de dólares petrolíferos se secó bruscamente, en un momento en el que estaban en marcha vastos planes de infraestructuras, con un gran programa de compra de armamento, cuando más de la mitad de la comida y la mayor parte de las medicinas había que traerlas de fuera a cambio de unos dólares que inesperadamente se habían evaporado. Además, había que afrontar los intereses y los vencimientos de la deuda pública, que afortunadamente no era muy alta, pero que en este contexto se convirtió en una carga insufrible. Respecto a esta última, entre su pago y el hambre de los venezolanos, se eligió evitar el default.
Ahí es cuando se inician las grandes colas en busca de alimento y esto precisa una explicación, porque no ha sido bien explicado en nuestro país. El chavismo dentro de sus políticas sociales, instituyó el reparto a través de supermercados públicos de comida con precios irrisorios. Precios completamente alejados de la realidad económica para unos alimentos que en gran medida había que comprar fuera con unos dólares de los que ahora se carecía. Así se produjeron las gravísimas situaciones de desabastecimiento, las dramáticas imágenes con colas kilométricas que todos hemos visto (3).
En paralelo a ese sistema de precios subvencionados, se mantenía la venta normalizada a través de tiendas y supermercados a la par que cada vez más se extendió el estraperlo, allí llamado bachateo, que se alimentaba con comida subvencionada que salía de los canales ordinarios de comercialización. Obviamente quien más sufren son las clases populares, que hasta ahora habían sido chavistas y de forma creciente se van sumando a la oposición. Por supuesto, las viejas oligarquías y los nuevos ricos (boliburgueses), con acceso a los valiosos dólares, no sufren estas penurias.
El mismo proceso se produjo en relación con las medicinas, de forma que a partir de este momento, la carencia de elementos básicos en los hospitales ha sido dramática, provocando un incremento de la mortalidad.
Como telón de fondo a todo esto había más problemas, como la crisis eléctrica, la crisis sanitaria con la huida masiva de los médicos, la corrupción, la calamitosa situación de carreteras y autopistas, etc., que sería largo de explicar con un mínimo detalle, por lo que nos ceñiremos a tres que son significativos por su brutal impacto en las clases sociales más humildes.
Por un lado, la crisis de seguridad ciudadana. Venezuela siempre había sido un país violento. Cuando llegó Chávez se producían unas 3.000 muertes por esta causa. Después de varios años sin estadísticas oficiales, este mes de abril la Fiscal General Ortega proporcionó los primeros datos: en 2016 hubo 21.752 muertos (4), es decir, 70,1 muertos por cada 100.000 habitantes. En España, fueron este mismo año 292 muertos, un 0,63 por 100.000 habitantes. Otro dato, Israel en sus cruentas guerras y por terrorismo ha sufrido desde 1948, 23.500 muertos. Es decir nuestro país hermano en 13 meses sufre tantas pérdidas humanas como las que han tenido los israelíes en toda su historia. Lo que antiguamente era una violencia que se centraba en las zonas más humildes y ambientes de delincuencia, se ha extendido a todo el país y afecta a personas de todas las clases sociales y entornos. Los diferentes y descoordinados cuerpos policiales, cuyos oficiales son asesinados con singular saña (en torno a los 300 agentes cada año) han enloquecido y se han convertido en un problema en sí mismos, reinando la corrupción, el delito y las ejecuciones extrajudiciales.
En cuanto a robos la imaginación de los malandros supera lo inimaginable. Se asalta en autobuses y metro, en las playas, en “controles” en carreteras y autopistas, en el interior de las casas con sus habitantes, etc. Se ha llegado a asaltar un autobús llevando un datáfono y obligando a los viajeros a pagar con sus tarjetas. Respecto a los secuestros, es el país con más casos.
Otro problema dramático es la inflación, de modo que es el país con el índice más alto. A falta de estadísticas oficiales, la Asamblea Nacional la estima en 249%. Los efectos de ello son dramáticos para todos aquellos ciudadanos que no pueden contar con divisas. El bolívar fuerte (5) se ha degradado de tal forma que si bien el cambio oficial es de 10 bolívares por dólar, en las calles de Caracas supera ya los 10.000. El propio Gobierno reconoce implícitamente el absurdo de ese cambio porque en las subastas de Dicom, en las que se proporcionan divisas al sector privado para el comercio exterior, se está en una banda entre 2.310 y 2.970, bolívares por dólar. Esta situación además es doblemente dolorosa para los venezolanos, cuando ven que en los países de su entorno la inflación está en índices históricamente bajos.
Finalmente, un último factor a citar, la destrucción del sector inmobiliario y del alquiler. El chavismo aprobó una legislación por la cual no se podía desahuciar a quien no pudiera pagarlo mientras el Estado no proporcionara una solución habitacional. Como desde 2013 el Gobierno de Nicolás Maduro ha reducido al mínimo la construcción de viviendas públicas (Misión Vivienda) y no puede ofrecer soluciones para los insolventes, nadie paga los alquileres y por tanto ha desaparecido la oferta. Como muy pocos tienen dinero al habérselo comido la inflación y al haberse paralizado la iniciativa privada en la construcción por falta de cemento y otros bienes indispensables, los jóvenes tienen complícadísimo independizarse. Este apartado también es importante para España, porque Podemos, grupos de izquierda y nacionalistas, han presentado propuestas que literalmente copian esta legislación bolivariana.
Y con el desastre, llegó el golpe de Maduro.
Con este panorama, desde finales de 2013 las encuestas empezaron a mostrar una brusca caída de la popularidad de Maduro. Los logros socialistas, conseguidos a golpe de petrodólar, se evaporaban debido a la falta de sostenibilidad en su desarrollo. Conscientes de la creciente impopularidad, se empezaron a tomar medidas para no perder el poder.
Desde 1961 las constituciones venezolanas incluían el mecanismo de las Leyes Habilitantes, que tiene algunas similitudes con nuestro procedimiento de Real Decreto Ley. La Asamblea podía autorizar al presidente a legislar en ciertas materias, fundamentalmente económicas y sociales, por vía de urgencia. Lo que era un mecanismo puntual para poder reaccionar a ciertas situaciones de crisis, quedó normalizado y la Asamblea Nacional aún controlada por el chavismo irá entregando el poder legislativo al presidente. Cuando en diciembre de 2015 la oposición gane las elecciones y domine la cámara, habrá perdido buena parte de sus competencias (6).
Otra vía para asfixiar a la cámara opositora fue el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). En el último momento de la anterior legislatura, se renovó a los jueces, garantizando que el alto tribunal fuera de la más absoluta fidelidad a Maduro (7). Además se diseñaron mecanismos para que no se pudieran revertir esos nombramientos. Como la Constitución preveía que cuando la Asamblea publicara que de la que el presidente entendiera su inconstitucionalidad, podría llevarla a la Sala Constitucional del TSJ, que gracias a los nuevos nombramientos era de una fidelidad perruna al poder. Además se le adjudicaron nuevas competencias y nombramientos que estaban en manos de la Asamblea. A modo de ejemplo, la Justicia pasó a aprobar el Presupuesto Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que como en todos los países civilizados tiene categoría de ley y por tanto tiene que ser aprobado por la Cámara Legislativa.. Con esto último, el sucesor de Chávez se veía libre de negociar absolutamente nada con la oposición.
Cuando llegaron las elecciones de 6 de diciembre de 2015, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), consiguió un resonante triunfo. Lo más importante, es que había conseguido la mayoría calificada de tres cuartos de la cámara que le daba amplio margen para cambios reales. El Gobierno movió sus peones y a través de la Consejo Nacional Electoral (CNE) anuló las elecciones del estado de Amazonas, suspendiendo a tres diputados opositores y un oficialista. Sin entrar en la realidad o no de las irregularidades alegadas, lo normal en cualquier país es adoptar un rápido pronunciamiento judicial o convocar nuevos sufragios. Ni una cosa ni otra. Al limbo y problema resuelto.
La oposición aún tenía un arma. El referéndum revocatorio. Si se realizaba antes del 31 de diciembre habría nueva convocatoria de elecciones presidenciales, mientras si era después Maduro sería sustituido por su vicepresidente, con lo que el Régimen se mantendría. La primera medida del CNE fue dilatar la respuesta a los requerimientos y en la entrega de la planilla de las firmas. Luego se exigió un 1% de firmas de electores para iniciar el proceso, y una vez logradas, tras nuevas dilaciones, se exigió que en TRES días, se recogiera el apoyo del 20% de los electores, en todos y cada uno de los estados. Así se exigieron 3.899.259 firmas para lo cual sólo había habilitadas 5.392 máquinas. Un dilatado proceso de revisión de firmas, que incluyó denuncia de falsificaciones que a saber quien las había realizado, garantizó que llegara el 31 de diciembre de 2016 y no hubiera revocatorio. El juego de trileros había vuelto a funcionar.
El nuevo asalto tuvo lugar en marzo. El solícito TSJ movió ficha, dictando las sentencias 155 y 156, por las que en virtud de una acusación de desacato, se acabó con la inmunidad parlamentaria y se retirando a la cámara la competencia de aprobar empresas mixtas petroleras, pasando esta a la Sala Constitucional. Amén del escándalo internacional, la sorpresa surgió cuando la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz proclamó que era "una ruptura del orden constitucional".
Con tan contundente respuesta, la maniobra quedó frustrada, pero en la calle explotó. Fue el inicio de las grandes protestas que terminaron con convertirse en los violentos enfrentamientos que aún hoy continúan.
Obviamente el régimen no se quedó quieto. Primero se inició el acoso a la Fiscal, que finalmente ha sido cesada este mes de agosto. Por otro lado se acentuó la presión judicial sobre los alcaldes opositores, de modo que de 77, ya hay 44 que están encarcelados, destituidos, inhabilitados o en busca y captura. Pero quedaba la última jugada. La definitiva.
Aún sin poderes prácticos, la Asamblea Nacional seguía teniendo un importante papel simbólico. El 1 de mayo el presidente anunció por sorpresa e incumpliendo la legalidad, el inicio de un proceso constituyente para elaborar una nueva constitución, dentro del cual se votaría una Asamblea Constituyente, a cuya elección obviamente no podría acudir la oposición porque era legitimar su sustitución por el nuevo órgano. Este hecho que suponía consumar el golpe, dinamitó el proceso de diálogo que más mal que bien, se desarrollaba bajo mediación internacional.
Conclusión
Con el nombramiento de la nueva Asamblea Constituyente se inicia una nueva etapa, que todavía es pronto para valorar cómo evolucionará. Por un lado, el chavismo por primera vez se está rompiendo. Cuatro diputados del oficialista PSUV han roto la disciplina del partido y siguen reconociendo la Asamblea Nacional, donde formarán un grupo independiente y otros dirigentes ya acuden a concentraciones de la oposición. Aún así mantiene el control del Ejército, cuyo papel no ha hecho más que aumentar con el nombramiento de altos cargos militares en empresas públicas y tomando el control de sectores clave como la distribución de alimentos.
Por otro lado, Maduro ha anunciado la convocatoria de las aplazadas elecciones para gobernadores y esto puede romper el bloque opositor de la MUD, dado que el izquierdista Voluntad Popular ha anunciado su intención de presentarse. Después de haber mantenido durante muchos años una paciencia encomiable y una unidad digna de admiración, todo puede saltar por los aires en este crítico momento.
Una crisis política a varias bandas, con el telón de fondo de una auténtica revolución en las calles y una situación económica, que si bien ha dejado de caer, no tiene perspectivas de una mejora importante a corto plazo que alivie la indignación popular, mientras a nivel internacional el régimen está cada vez más aislado y las cancillerías han iniciado conversaciones para intentar evitar el desastre.
El relato de los hechos evidencia que el argumentario de la izquierda española de que todo se reduce a un golpe de estado de “la oligarquía” es una majadería de proporciones cósmicas. El gobierno, al alterar gravísimamente todo el sistema legislativo y violentado gravemente las más indispensables las garantías jurídicas, ha perdido la legitimidad. Es un auténtico escándalo ver cómo dirigentes de Unidos-Podemos, algún socialista despistado y de los distintos partidos nacionalistas de “izquierdas” siguen apoyando, cada vez con más entusiasmo y menos disimulo, un régimen corrupto, criminal, incompetente y dictador. Tal contumacia lleva a poner sobre la mesa una pregunta: ¿su objetivo final es imponer en España o en aquellas comunidades que se desgajaran una dictadura fáctica como la que sus amigos han creado en Venezuela?
Por parte del centro, derecha e izquierda democrática, sus dirigentes y portavoces tienen que tener en cuenta que el drama de nuestros hermanos venezolanos se merece más tiempo e interés. Es desolador ver como después de cinco años de pavorosa crisis la mayoría apenas puede balbucear un reducido número de consignas y topicazos, que en algunos casos poco tienen que ver con la realidad o la ofrecen de modo torpe y distorsionado. Si quieren utilizar este caso para desgastar a la izquierda hispana, que tanto se está pringando en el apoyo a esta dictadura fáctica, como no trabajen un poco y se lo preparen bienal final serán ellos los que sufran el desgaste.
Venezuela, tan lejos y tan cerca.
(1) La oposición estima que de ese billón de dólares, unos 100.000 millones se evaporaron por la corrupción. De todas formas las informaciones de esta procedencia tómenlas con prudencia: no siempre son todo lo rigurosas y exactas que sería deseable.
(2) Hay un dato elocuente. En 1998 tenía 26.000 trabajadores y en la actualidad está en unos 110.000, sin haber subido la producción. Además se le cargó con la gestión de algunos sectores nacionalizados, tan ajenos a su actividad como el agrícola.
(3) De las propias denuncias de la oposición y de los sectores afectados, como el médico, parece que el Gobierno gracias al repunte de los precios petrolíferos y un mejor control en el gasto de divisas, ha conseguido mejorar la situación, aunque sin llegar a estar completamente normalizada.
(4) Se incluyen todas las causas de muerte violenta a manos de otra persona, incluyendo las muertes ocasionadas por las fuerzas del orden, siguiendo los estándares del Protocolo de Bogotá.
(5) El bolívar fuerte sustituyó el 1 de enero de 2008 al bolívar, con una paridad de 1 BVF por cada 1.000 BV, por lo que la depreciación de la moneda venezolana desde que llego Chávez se puede calificar de pavorosa.
(6) Un ejemplo, la Asamblea Nacional intentó dar títulos de propiedad a los beneficiarios de Misión Vivienda. Ni siquiera esto pudieron porque esta competencia había sido asumida por Maduro.
(7) El perfil de los nuevos magistrados era tal, que según la oposición uno de ellos, había sido condenado y cumplido pena por asesinato.
¿Por qué explota Venezuela y no lo hacen Bolivia, Ecuador o Nicaragua? En las últimas semanas desde la izquierda hispana se ha empezado a justificar el drama venezolano como un golpe de Estado de la oligarquía de derechas con apoyo del imperialismo yanqui. Esta explicación choca con un hecho objetivo: en los otros países bolivarianos no ocurre nada parecido. Sólo la oligarquía venezolana se tiraría al monte y sólo el imperialismo actuaría allí y mientras en el resto de naciones, ambos actores permanecen pasivos ¿Por qué?
Camino del desastre
Para entender lo que está pasando, partamos de la reflexión de un comentarista del diario "El Universal" de Caracas: "entre todos los dirigentes bolivarianos, nos fueron a tocar los más tontos”.
Hay un hecho diferencial decisivo: sólo Chávez se atrevió a lanzar un programa masivo de expropiación del aparato productivo. Sin aparentemente contar con la oposición de los influentes asesores españoles, el presidente se lanzó al más amplio programa de nacionalizaciones realizado en los últimos cuarenta años por país alguno. Progresivamente, cementeras, industrias pesadas y mineras, bancos, cadenas de supermercados, empresas agrícolas, etc. fueron siendo incautados. Sin llegar a ser una nacionalización completa y absoluta al estilo de los viejos estados comunistas, buena parte de la producción y servicios quedaron en manos de Gobierno. Ningún otro presidente del mundo bolivariano hizo algo así, de modo que las empresas privadas han seguido siendo la columna vertebral de sus economías.
El resultado en casi todos los sectores fue pobre, cuando no calamitoso. La productividad cayó, las inversiones se ralentizaron, las nuevas empresas públicas se llenaron de personal “enchufado” y los gestores elegidos en muchos casos eran incompetentes, cuyo principal mérito era su conocimiento de soflamas socialistas.
Pero con el petróleo a 80-100 dólares, esto a pocos les preocupó, empezando por los flamantes asesores españoles Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). Según fuentes de la oposición, más de un billón de dólares se derramaron sobre el país (1). Billón del nuestro, no anglosajón. Cuando fue bajando la producción de cemento, hierro… o alimentos, se pasó a comprar fuera. Cómo lo producido no llegaba para satisfacer la demanda interna, los responsables públicos no se plantearon el fomento de las exportaciones. Y el cada vez más menguante sector privado tampoco invertía ante la inseguridad jurídica y el durísimo control de cambios de las divisas que impuso el Gobierno, dificultando el comercio internacional.
En el año 2013, el sistema dio muestras de agotamiento. La dependencia del petróleo era total y absoluta, de forma que este rubro suponía más del 90% de las exportaciones. Y entonces empezó a bajar de precio. Gracias a la mejora y optimización del procedimiento del "fracking", el mercado se inundó de crudo y los precios empezaron a caer. Otros países reaccionaron con un aumento de producción que compensó parcialmente la menor rentabilidad del barril, pero Caracas no podía hacer esto, porque habían expulsado a las petroleras internacionales y la venezolana PDVSA, después de 15 años de chavismo, había pasado de ser una de las mejores del mundo a estar sumida en una aguda crisis financiera, técnica y de gestión (2).
La tormenta perfecta estalló en 2014-2015. La fuente de dólares petrolíferos se secó bruscamente, en un momento en el que estaban en marcha vastos planes de infraestructuras, con un gran programa de compra de armamento, cuando más de la mitad de la comida y la mayor parte de las medicinas había que traerlas de fuera a cambio de unos dólares que inesperadamente se habían evaporado. Además, había que afrontar los intereses y los vencimientos de la deuda pública, que afortunadamente no era muy alta, pero que en este contexto se convirtió en una carga insufrible. Respecto a esta última, entre su pago y el hambre de los venezolanos, se eligió evitar el default.
Ahí es cuando se inician las grandes colas en busca de alimento y esto precisa una explicación, porque no ha sido bien explicado en nuestro país. El chavismo dentro de sus políticas sociales, instituyó el reparto a través de supermercados públicos de comida con precios irrisorios. Precios completamente alejados de la realidad económica para unos alimentos que en gran medida había que comprar fuera con unos dólares de los que ahora se carecía. Así se produjeron las gravísimas situaciones de desabastecimiento, las dramáticas imágenes con colas kilométricas que todos hemos visto (3).
En paralelo a ese sistema de precios subvencionados, se mantenía la venta normalizada a través de tiendas y supermercados a la par que cada vez más se extendió el estraperlo, allí llamado bachateo, que se alimentaba con comida subvencionada que salía de los canales ordinarios de comercialización. Obviamente quien más sufren son las clases populares, que hasta ahora habían sido chavistas y de forma creciente se van sumando a la oposición. Por supuesto, las viejas oligarquías y los nuevos ricos (boliburgueses), con acceso a los valiosos dólares, no sufren estas penurias.
El mismo proceso se produjo en relación con las medicinas, de forma que a partir de este momento, la carencia de elementos básicos en los hospitales ha sido dramática, provocando un incremento de la mortalidad.
Como telón de fondo a todo esto había más problemas, como la crisis eléctrica, la crisis sanitaria con la huida masiva de los médicos, la corrupción, la calamitosa situación de carreteras y autopistas, etc., que sería largo de explicar con un mínimo detalle, por lo que nos ceñiremos a tres que son significativos por su brutal impacto en las clases sociales más humildes.
Por un lado, la crisis de seguridad ciudadana. Venezuela siempre había sido un país violento. Cuando llegó Chávez se producían unas 3.000 muertes por esta causa. Después de varios años sin estadísticas oficiales, este mes de abril la Fiscal General Ortega proporcionó los primeros datos: en 2016 hubo 21.752 muertos (4), es decir, 70,1 muertos por cada 100.000 habitantes. En España, fueron este mismo año 292 muertos, un 0,63 por 100.000 habitantes. Otro dato, Israel en sus cruentas guerras y por terrorismo ha sufrido desde 1948, 23.500 muertos. Es decir nuestro país hermano en 13 meses sufre tantas pérdidas humanas como las que han tenido los israelíes en toda su historia. Lo que antiguamente era una violencia que se centraba en las zonas más humildes y ambientes de delincuencia, se ha extendido a todo el país y afecta a personas de todas las clases sociales y entornos. Los diferentes y descoordinados cuerpos policiales, cuyos oficiales son asesinados con singular saña (en torno a los 300 agentes cada año) han enloquecido y se han convertido en un problema en sí mismos, reinando la corrupción, el delito y las ejecuciones extrajudiciales.
En cuanto a robos la imaginación de los malandros supera lo inimaginable. Se asalta en autobuses y metro, en las playas, en “controles” en carreteras y autopistas, en el interior de las casas con sus habitantes, etc. Se ha llegado a asaltar un autobús llevando un datáfono y obligando a los viajeros a pagar con sus tarjetas. Respecto a los secuestros, es el país con más casos.
Otro problema dramático es la inflación, de modo que es el país con el índice más alto. A falta de estadísticas oficiales, la Asamblea Nacional la estima en 249%. Los efectos de ello son dramáticos para todos aquellos ciudadanos que no pueden contar con divisas. El bolívar fuerte (5) se ha degradado de tal forma que si bien el cambio oficial es de 10 bolívares por dólar, en las calles de Caracas supera ya los 10.000. El propio Gobierno reconoce implícitamente el absurdo de ese cambio porque en las subastas de Dicom, en las que se proporcionan divisas al sector privado para el comercio exterior, se está en una banda entre 2.310 y 2.970, bolívares por dólar. Esta situación además es doblemente dolorosa para los venezolanos, cuando ven que en los países de su entorno la inflación está en índices históricamente bajos.
Finalmente, un último factor a citar, la destrucción del sector inmobiliario y del alquiler. El chavismo aprobó una legislación por la cual no se podía desahuciar a quien no pudiera pagarlo mientras el Estado no proporcionara una solución habitacional. Como desde 2013 el Gobierno de Nicolás Maduro ha reducido al mínimo la construcción de viviendas públicas (Misión Vivienda) y no puede ofrecer soluciones para los insolventes, nadie paga los alquileres y por tanto ha desaparecido la oferta. Como muy pocos tienen dinero al habérselo comido la inflación y al haberse paralizado la iniciativa privada en la construcción por falta de cemento y otros bienes indispensables, los jóvenes tienen complícadísimo independizarse. Este apartado también es importante para España, porque Podemos, grupos de izquierda y nacionalistas, han presentado propuestas que literalmente copian esta legislación bolivariana.
Y con el desastre, llegó el golpe de Maduro.
Con este panorama, desde finales de 2013 las encuestas empezaron a mostrar una brusca caída de la popularidad de Maduro. Los logros socialistas, conseguidos a golpe de petrodólar, se evaporaban debido a la falta de sostenibilidad en su desarrollo. Conscientes de la creciente impopularidad, se empezaron a tomar medidas para no perder el poder.
Desde 1961 las constituciones venezolanas incluían el mecanismo de las Leyes Habilitantes, que tiene algunas similitudes con nuestro procedimiento de Real Decreto Ley. La Asamblea podía autorizar al presidente a legislar en ciertas materias, fundamentalmente económicas y sociales, por vía de urgencia. Lo que era un mecanismo puntual para poder reaccionar a ciertas situaciones de crisis, quedó normalizado y la Asamblea Nacional aún controlada por el chavismo irá entregando el poder legislativo al presidente. Cuando en diciembre de 2015 la oposición gane las elecciones y domine la cámara, habrá perdido buena parte de sus competencias (6).
Otra vía para asfixiar a la cámara opositora fue el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). En el último momento de la anterior legislatura, se renovó a los jueces, garantizando que el alto tribunal fuera de la más absoluta fidelidad a Maduro (7). Además se diseñaron mecanismos para que no se pudieran revertir esos nombramientos. Como la Constitución preveía que cuando la Asamblea publicara que de la que el presidente entendiera su inconstitucionalidad, podría llevarla a la Sala Constitucional del TSJ, que gracias a los nuevos nombramientos era de una fidelidad perruna al poder. Además se le adjudicaron nuevas competencias y nombramientos que estaban en manos de la Asamblea. A modo de ejemplo, la Justicia pasó a aprobar el Presupuesto Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que como en todos los países civilizados tiene categoría de ley y por tanto tiene que ser aprobado por la Cámara Legislativa.. Con esto último, el sucesor de Chávez se veía libre de negociar absolutamente nada con la oposición.
Cuando llegaron las elecciones de 6 de diciembre de 2015, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), consiguió un resonante triunfo. Lo más importante, es que había conseguido la mayoría calificada de tres cuartos de la cámara que le daba amplio margen para cambios reales. El Gobierno movió sus peones y a través de la Consejo Nacional Electoral (CNE) anuló las elecciones del estado de Amazonas, suspendiendo a tres diputados opositores y un oficialista. Sin entrar en la realidad o no de las irregularidades alegadas, lo normal en cualquier país es adoptar un rápido pronunciamiento judicial o convocar nuevos sufragios. Ni una cosa ni otra. Al limbo y problema resuelto.
La oposición aún tenía un arma. El referéndum revocatorio. Si se realizaba antes del 31 de diciembre habría nueva convocatoria de elecciones presidenciales, mientras si era después Maduro sería sustituido por su vicepresidente, con lo que el Régimen se mantendría. La primera medida del CNE fue dilatar la respuesta a los requerimientos y en la entrega de la planilla de las firmas. Luego se exigió un 1% de firmas de electores para iniciar el proceso, y una vez logradas, tras nuevas dilaciones, se exigió que en TRES días, se recogiera el apoyo del 20% de los electores, en todos y cada uno de los estados. Así se exigieron 3.899.259 firmas para lo cual sólo había habilitadas 5.392 máquinas. Un dilatado proceso de revisión de firmas, que incluyó denuncia de falsificaciones que a saber quien las había realizado, garantizó que llegara el 31 de diciembre de 2016 y no hubiera revocatorio. El juego de trileros había vuelto a funcionar.
El nuevo asalto tuvo lugar en marzo. El solícito TSJ movió ficha, dictando las sentencias 155 y 156, por las que en virtud de una acusación de desacato, se acabó con la inmunidad parlamentaria y se retirando a la cámara la competencia de aprobar empresas mixtas petroleras, pasando esta a la Sala Constitucional. Amén del escándalo internacional, la sorpresa surgió cuando la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz proclamó que era "una ruptura del orden constitucional".
Con tan contundente respuesta, la maniobra quedó frustrada, pero en la calle explotó. Fue el inicio de las grandes protestas que terminaron con convertirse en los violentos enfrentamientos que aún hoy continúan.
Obviamente el régimen no se quedó quieto. Primero se inició el acoso a la Fiscal, que finalmente ha sido cesada este mes de agosto. Por otro lado se acentuó la presión judicial sobre los alcaldes opositores, de modo que de 77, ya hay 44 que están encarcelados, destituidos, inhabilitados o en busca y captura. Pero quedaba la última jugada. La definitiva.
Aún sin poderes prácticos, la Asamblea Nacional seguía teniendo un importante papel simbólico. El 1 de mayo el presidente anunció por sorpresa e incumpliendo la legalidad, el inicio de un proceso constituyente para elaborar una nueva constitución, dentro del cual se votaría una Asamblea Constituyente, a cuya elección obviamente no podría acudir la oposición porque era legitimar su sustitución por el nuevo órgano. Este hecho que suponía consumar el golpe, dinamitó el proceso de diálogo que más mal que bien, se desarrollaba bajo mediación internacional.
Conclusión
Con el nombramiento de la nueva Asamblea Constituyente se inicia una nueva etapa, que todavía es pronto para valorar cómo evolucionará. Por un lado, el chavismo por primera vez se está rompiendo. Cuatro diputados del oficialista PSUV han roto la disciplina del partido y siguen reconociendo la Asamblea Nacional, donde formarán un grupo independiente y otros dirigentes ya acuden a concentraciones de la oposición. Aún así mantiene el control del Ejército, cuyo papel no ha hecho más que aumentar con el nombramiento de altos cargos militares en empresas públicas y tomando el control de sectores clave como la distribución de alimentos.
Por otro lado, Maduro ha anunciado la convocatoria de las aplazadas elecciones para gobernadores y esto puede romper el bloque opositor de la MUD, dado que el izquierdista Voluntad Popular ha anunciado su intención de presentarse. Después de haber mantenido durante muchos años una paciencia encomiable y una unidad digna de admiración, todo puede saltar por los aires en este crítico momento.
Una crisis política a varias bandas, con el telón de fondo de una auténtica revolución en las calles y una situación económica, que si bien ha dejado de caer, no tiene perspectivas de una mejora importante a corto plazo que alivie la indignación popular, mientras a nivel internacional el régimen está cada vez más aislado y las cancillerías han iniciado conversaciones para intentar evitar el desastre.
El relato de los hechos evidencia que el argumentario de la izquierda española de que todo se reduce a un golpe de estado de “la oligarquía” es una majadería de proporciones cósmicas. El gobierno, al alterar gravísimamente todo el sistema legislativo y violentado gravemente las más indispensables las garantías jurídicas, ha perdido la legitimidad. Es un auténtico escándalo ver cómo dirigentes de Unidos-Podemos, algún socialista despistado y de los distintos partidos nacionalistas de “izquierdas” siguen apoyando, cada vez con más entusiasmo y menos disimulo, un régimen corrupto, criminal, incompetente y dictador. Tal contumacia lleva a poner sobre la mesa una pregunta: ¿su objetivo final es imponer en España o en aquellas comunidades que se desgajaran una dictadura fáctica como la que sus amigos han creado en Venezuela?
Por parte del centro, derecha e izquierda democrática, sus dirigentes y portavoces tienen que tener en cuenta que el drama de nuestros hermanos venezolanos se merece más tiempo e interés. Es desolador ver como después de cinco años de pavorosa crisis la mayoría apenas puede balbucear un reducido número de consignas y topicazos, que en algunos casos poco tienen que ver con la realidad o la ofrecen de modo torpe y distorsionado. Si quieren utilizar este caso para desgastar a la izquierda hispana, que tanto se está pringando en el apoyo a esta dictadura fáctica, como no trabajen un poco y se lo preparen bienal final serán ellos los que sufran el desgaste.
Venezuela, tan lejos y tan cerca.
(1) La oposición estima que de ese billón de dólares, unos 100.000 millones se evaporaron por la corrupción. De todas formas las informaciones de esta procedencia tómenlas con prudencia: no siempre son todo lo rigurosas y exactas que sería deseable.
(2) Hay un dato elocuente. En 1998 tenía 26.000 trabajadores y en la actualidad está en unos 110.000, sin haber subido la producción. Además se le cargó con la gestión de algunos sectores nacionalizados, tan ajenos a su actividad como el agrícola.
(3) De las propias denuncias de la oposición y de los sectores afectados, como el médico, parece que el Gobierno gracias al repunte de los precios petrolíferos y un mejor control en el gasto de divisas, ha conseguido mejorar la situación, aunque sin llegar a estar completamente normalizada.
(4) Se incluyen todas las causas de muerte violenta a manos de otra persona, incluyendo las muertes ocasionadas por las fuerzas del orden, siguiendo los estándares del Protocolo de Bogotá.
(5) El bolívar fuerte sustituyó el 1 de enero de 2008 al bolívar, con una paridad de 1 BVF por cada 1.000 BV, por lo que la depreciación de la moneda venezolana desde que llego Chávez se puede calificar de pavorosa.
(6) Un ejemplo, la Asamblea Nacional intentó dar títulos de propiedad a los beneficiarios de Misión Vivienda. Ni siquiera esto pudieron porque esta competencia había sido asumida por Maduro.
(7) El perfil de los nuevos magistrados era tal, que según la oposición uno de ellos, había sido condenado y cumplido pena por asesinato.