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Francisco López
Sábado, 23 de Septiembre de 2017 Tiempo de lectura:

Asalto del Gobierno catalán a las pensiones

"En la nueva república, tenemos que hacer el reparto de activos y pasivos. ¿Quién tiene la obligación de pagar? Los que han cotizado en un Estado español tienen que cobrar en un Estado español, los que han cotizado en una república catalana, tienen que cobrar de una república catalana. No tiene que ver ni dónde vives ni qué nacionalidad tienes. Tenemos que acordar el dinero de las cotizaciones y es un tema de pacto y de convenio".


Dolors Bassa, consejera de Treball, Generalitat de Catalunya

 



Así se expresaba a la consejera de Trabajo de ERC el 13 de septiembre al presentar el panfleto que sobre la Seguridad Social habían elaborado en relación con la secesión, y en cierto modo no le faltaba razón. A cambio de las cotizaciones realizadas por los trabajadores y sus empresas, el Estado Español se comprometió con un millón setecientos mil pensionistas catalanes a abonarles su pensión en el momento de la jubilación o se encontraran en las contingencias legalmente recogidas por la Ley General de la Seguridad Social. Es decir, hay un compromiso recíproco: “yo cotizo y cuando toque, tú pagas”. Por tanto, una vez que llegue el “día después”, España debería seguir pagando a los jubilados de Cataluña. Luego matizó con una posterior negociación cara a que ellos pudieran hacerse cargo de todo.


Vamos a los datos. En total el gasto por pensiones de la Seguridad Social en el Principado fue en 2016 de 23.159 millones aproximadamente. Los ingresos fueron 18.195 millones (1). Es decir, se parte de un déficit en esta materia de unos 5.000 millones de euros, que en este ejercicio gracias una cierta recuperación las cotizaciones, puede disminuir algo pero aun así estará por encima de los 4.000 millones.


Aunque los datos son claros y objetivos, cuando quedan en manos de esa máquina de producir noticias divorciadas de la realidad que es el nacionalismo catalán, pueden producirse errores. La directora general de análisis económico de la Generalitat, Natàlia Mas-Guix en su intervención junto la Excelentísima Señora Consejera, manifestó que el conjunto de ingresos y gastos de la seguridad social catalana ha cerrado en el 2016 con un déficit de 1.308 millones, lo que supone el 7,2 % del total español, que es de 18.096 millones.
 

Anteriormente habíamos leído que eran casi 5.000 millones. ¿Cómo puede decir la señor Mas-Guix que “sólo” fueron 1.308 millones”. La clave la tenemos en la frase “conjunto de ingresos y gastos de la seguridad social” con la que hace referencia a los ingresos totales de la entidad gestora Tesorería General de la Seguridad Social. Por tanto, esta señora estaría mezclando dos cosas diferentes:
 

- Gasto de pensiones del sistema de Seguridad Social (jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y a favor de familiares)


- Conjunto de ingresos y gastos de la Seguridad Social, en el cual se incluyen tres cotizaciones sociales que no se pueden destinar a pensiones dado que tienen un objetivo finalista diferente: Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación.
 

Sólo merced a este problema de comprensión lectora, puede vender un panorama de pensiones tan aparentemente superior al resto de España. La realidad es otra. Las pensiones catalanas tienen los mismos problemas, ni más ni menos que en el resto de nuestra nación: envejecimiento, disminución de salarios producto de la destrucción del empleo industrial y parte de servicios por culpa de la robotización y exceso de trabajadores no cualificados, falta de reordenación del sistema de protección, medidas inadecuadas, etc. Por su estructura económica, manteniendo aun una fuerte industria, presenta algunos aspectos positivos respecto otras comunidades como Galicia o Andalucía al contar con una mayor tasa de empleo fijo y una recuperación más veloz con una buena coyuntura. Sin embargo ocultan otros elementos más negativos, por ejemplo la alta proporción de invalideces. Pero estas diferencias a cerca de su “solvencia” que puntillosamente resaltaban los responsables políticos secesionistas, son las que ofrecen la grandeza al sistema, SOLIDARIDAD Y FRATERNIDAD, que es al fin y al cabo el núcleo central del Sistema que quieren liquidar.  Además otro aspecto del pueden dar fe los vascos en esta materia, cuando menos se espera la tortilla puede cambiar de lado bruscamente y los que exportaban solidaridad, pasar a necesitarla imperiosamente. Y es que el sistema español de Seguridad Social, al ser grande y solidario es más robusto ante imprevistos.

 


Por tanto, en términos reales y al margen de ajustes contables, el día de la secesión ya la Seguridad Social catalana nace con más de 4.000 millones de déficit. En la actualidad todos los expertos en coinciden en que los sistemas de reparto están abocados a afrontar ese déficit con impuestos. La Cataluña secesionada en principio podría afrontarlo al ser una cuantía manejable para su economía, pero hay que tener en cuenta cual es el contexto general:

 

  • La deuda de la Generalitat está calificada de “Bono Basura”, con lo que eso supone de encarecimiento de la financiación. Los últimos acontecimientos, lejos de aumentar la confianza de los mercados van a suponer lo contrario.

 

  • La necesidad de cuantiosas inversiones en la creación, gestión y mantenimiento de todas estructuras del Estado cuyo coste ahora es más barato por la economía de escala.

 

  • Una alta presión fiscal, que ha llevado al Principado ser calificado como un “infierno fiscal”, teniendo más impuestos que ninguna otra Comunidad Autónoma. Un tributo finalista para las pensiones tendría poco margen para su implantación.

 

  • Un ambicioso plan de renta mínima pactado con las entidades sociales en la búsqueda de su apoyo al golpe de Estado. En base a la experiencia vasca, calculo que sobrepasará en su fase inicial los 1.800 millones de euros. A corto plazo es previsible un incremento sostenido, dada la voluntad de mantener una política inmigratoria favorable a poblaciones con bajo nivel de empleabilidad y por tanto necesitadas de protección social.

 

  • Una administración autonómica y sus cuatrocientas de empresas y entidades públicas cuyo funcionamiento no se ha basado precisamente en del rigor, ahorro y buena gestión.

 

  • Resultado de todo ello es un enorme endeudamiento, el 80 % del cual sería con la administración estatal a la que se deberían 75.000 millones de euros.

 

  • El efecto frontera y la grave depresión económica en la que también se verá sumido su principal cliente, lo que quede de España, que en la actualidad adquiere el 40 % de los bienes y servicios que producen los catalanes. Solamente con esta la dura situación económica, sin mediar boicot de ningún tipo, estamos abocados a reducir drásticamente nuestras compras. Y si adquirimos menos bienes y servicios, se producirá crisis, aumento de paro y caída en los ingresos fiscales y cotizaciones. El cántaro de la lechera lo tendremos roto en el suelo.

 

Este contexto es el que explica que Junts per Si con el apoyo de las CUP nos ponga sobre la mesa este planteamiento:
 

Los que han cotizado en un Estado español tienen que cobrar en un Estado español, los que han cotizado en una república catalana,  tienen que cobrar de una república catalana.


Es decir, la señora Bassa nos lo dice con toda claridad: ustedes paguen.

 

Después de darnos la estocada, nos ofrecen las tiritas de la posterior negociación en la que se verán “activos” “pasivos” y lo más sorprendente, hablan de “reparto de cotizaciones”. Aquí es donde se ve la patita de la estafa.
 

El día después no hay nada que negociar ni que repartir. Si para trincar todas las infraestructuras estatales son herederos de los derechos del Estado y ya han amenazado con que serán especialmente puntillosos incluso para exigir activos que están fuera del territorio como material militar, científico o artístico, tendrán que asumir que también son herederos de las obligaciones, entre ellas las pensiones.
 

Por supuesto que habría muchas cosas que negociar en materia de protección de Seguridad Social, pero son exclusivamente de carácter técnico, no político: intercambio de información, cobros indebidos y deudas, ejecución de sentencias, plazos para aplicar los reglamentos comunitarios, periodo de adaptación, etc. Pero sobre él quien y cuanto debe de pagar, sobre esa limosna que ofrecen como “porcentajes de las cotizaciones”, no hay que negociar nada. Cada palo que aguante su vela.
 

Esto no es un sistema de capitalización, donde entonces sí el Estado español sería sujeto obligado a abonar las pensiones devengadas. Nuestro sistema es de reparto y este mes las pensiones de nuestros mayores, de nuestros inválidos y el resto de prestaciones se abonarán con lo que hemos recaudado este mismo mes. Es decir lo que plantea la señora Bassa, no es correcto.


Lo que nos dice Junts per Si, con apoyo explícito de CUP, es que desde el primer día, van a hacerse cargo de la recaudación que hace la Tesorería General de Seguridad Social. Mientras, los cotizantes del resto de España tenemos que seguir pagando mes a mes las pensiones de los catalanes. Luego, cuando quieran, se abrirá un proceso negociador que durará lo que a ellos les de la real gana, de tal manera que cada mes que corra se ahorrarán cerca de 2.000 millones de euros. A ello sumar las cuantías de prestaciones por desempleo, FOGASA, formación y pensiones no contributivas, en torno al medio millar de euros. De la lectura de sus propios planteamientos, se deduce no van a ir a estas negociaciones precisamente con una voluntad de generosidad y fraternidad.

 

Así que todo apunta a irán a por todas. Por un lado no hay que olvidar las altas cotas de odio, prepotencia y supremacismo que animan a este movimiento (2). Por otro lado, si ahora la realidad de las cuentas públicas es penosa, el efecto frontera y la posterior ralentización la economía, van a suponer un entorno económico durísimo y extremadamente complicado. Sería un asunto de supervivencia de unos… y de otros.


Al margen de todo y obviando análisis a futuro, por ahora lo único que nos han puesto sobre la mesa es una propuesta en firme de llevarse un dinero de la caja de pensiones estatal al que no tendrían derecho dado que nuestro sistema de protección de Seguridad Social es de reparto.
 

Conclusiones
 

Un viejo refrán dice que frente el vicio de pedir, está la virtud de no dar. Seguro que el lector habrá pensado esto. Pueden pedir la Luna, pero luego la realidad se tendrá que imponer. Es cierto, pero también dependerá mucho de la calidad de “nuestros” negociadores y si están mentalizados con la dura tarea que tendrían por delante. La Historia está repleta de desastres derivados de una negociación ineficiente. Por tanto, no se puede objetar que el resultado final dependería de un proceso negociador, pero ello no supone estar tranquilos por esta perspectiva, más bien al contrario y además invito a ir un poco más allá en el análisis.

 


Lo que nos están diciendo los responsables de Junt per Si, con la cobertura de las CUP, es que en el entorno negociador que tienen previsto no va a haber ni piedad, ni comprensión, ni el menor sentido social con los “españoles”. Somos extranjeros y nos tratarán como extranjeros. Pablo Iglesias en su último discurso de Barcelona habló de “Fraternidad”. Si tenemos que deducir algo de los posicionamientos públicos de los nacionalistas, la fraternidad, ni está ni se le espera. Nos prometen unas posiciones negociadoras durísimas, brutales, despiadadas, que durarán muchísimo tiempo como intentemos resistirnos al expolio. La experiencia todos estos años, que no parece que hayan modificado, es que quieren que les financiemos la secesión. Su demanda de máximos implicaría gravísimos problemas para financiar “nuestras” pensiones, al menos durante el periodo de transición y un brutal impacto en la financiación de nuestros servicios públicos, pero a la izquierda, tanto la catalanista como la de fuera del territorio por mucho que alardeen de “sensibilidad social”, no parece que les quite el sueño, al contrario. Muchos de los que gritan “que les dejen votar”, serán los primeros que se lleven las manos a la cabeza cuando se topen con el durísimo entorno económico que tendríamos por delante.


Si hoy el secesionismo es un grave riesgo para nuestra estabilidad económica y social, no sólo por sí mismo, sino por la renuncia completa y absoluta de buena parte de la izquierda política y mediática, abanderada por Unidos Podemos y con la colaboración a tiempo parcial del PSOE, a tener una posición propia y coherente con su ideario. No deja de ser curioso, como un sector político y social que analizó con lupa por peligrosos efectos colaterales que se producirían con la aprobación de los tratados de libre comercio, que denunció el oscurantismo con que se negociaba, privándose a los ciudadanos de datos esenciales, haya renunciado a una lectura crítica de todos los efectos que puede tener la previsible fractura de España en varios estados independientes, insolidarios y que van a competir ferozmente por sacar ventajas económicas a expensas del vecino. A los ciudadanos nada nos dicen y nada nos explican de lo que ocurriría al día siguiente de la voladura de España. Salvo la débil y testimonial izquierda cívica y algunas personalidades independientes, quien dirige a la izquierda socialista y la radical no es ni Sánchez ni Iglesias, es el mariscal Petain.


Por parte de la derecha, centro e izquierda cívica, los sucesos de estos días también deberían de hacerles reflexionar. El punto de partida de sus planteamientos “no habrá referéndum de secesión”, debería ser compatible con que a nivel de comunicación se actuara como si fuera inminente una consulta. Es decir, en vez de atrincherarse detrás de las “leyes” y repetir determinadas consignas más o menos vacías, tomaran el toro por los cuernos y se implicaran de forma completa en la comunicación y en apoyo a los nuestros en el territorio. No deja de ser significativo que la personalidad que más se ha trabajado y luchado en este campo sea Josep Borrell. Creo que todos los ámbitos tendrían que reflexionar sobre esto y porqué tantas personalidades políticas han preferido seguir con su política menuda del día a día y no han profundizado ni han hecho los deberes en este tema, como este exministro. Necesitamos con urgencia, claridad y transparencia respecto a las consecuencias. No se puede seguir en este limbo en el que estamos, frente a las ilusorias promesas nacionalistas, faltan explicaciones claras y detalladas de lo que nos espera a todos.
 

Por otro lado, de la misma forma que ellos llevaron la aplicación de su ideario ultranacionalista todos los órdenes de la administración ordinaria, sólo nos podremos defender si la política general, la legislación, la actuación práctica día a día está guiada por contrarrestar y revertir los daños que el nacionalismo ha hecho. Toda medida que se adopte hay que valorarla en virtud de los efectos, positivos o negativos que pueda tener sobre la cuestión nacional. Ya está bien de actuar como si los dinamitadores y sus cómplices no existieran.


En cuanto a la salida, hay sobre la mesa varias alternativas y no es el momento de entrar en ellas. Lo que tenemos que ser conscientes todos es que los secesionistas no han dejado margen para el diálogo y el acercamiento. Ya no hay opción acuerdo o pacto aceptable para ambos. Su apuesta es tan fuerte, que su aceptación sólo supondrá la voladura del Estado y los “daños colaterales” ya citados. Salvo la rendición, el resto de respuestas, ya sean por la vía federalizante o por la del reforzamiento del Estado, serán en contra de esta gente. Incluso los que se plantean una consulta o referéndum, deben acabar este absurdo colegeo y endurecer su tono, dejando claro que si nos convertimos en extranjeros actuaremos en consecuencia defendiendo con uñas y dientes, nuestros intereses: no pueden seguir traicionándonos.
 

En fin no es momento de diálogo. Es momento de veracidad y sinceridad. Sólo si enseñamos los dientes se podrán crear las condiciones que abran la posibilidad de acuerdos reales, efectivos y sostenibles, porque entonces el escenario no será cumplir de forma sumisa y servil las imposiciones del ultranacionalismo. A fecha de hoy eso que llaman diálogo, no es más que rendición. Todo lo que no sea aceptar esta realidad, sólo se puede calificar de una forma: suicidio.

 


1. Diario Expansión 16 de abril de 2017

 

2. El blog Dolça Catalunya tiene un excelente buscador donde el lector puede encontrar numerosos testimonios de este odio por parte de importantes dirigentes y comunicadores del nacionalismo catalán.

 

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