El Consejo de Ministros ha acordado proponer al Senado el cese del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, el del vicepresidente, Oriol Junqueras, y el de todos los consejeros del Gobierno autonómico catalán. Mariano Rajoy asumirá directamente la competencia de decretar la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña o el fin de la legislatura, así como la convocatoria de elecciones autonómicas. La convocatoria de nuevas elecciones regionales debería producirse en un plazo que no exceda los seis meses.

Mariano Rajoy ha asegurado que el Gobierno "ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución", aunque "no era ni nuestro deseo ni nuestra intención". Ha añadido que el citado artículo, que "solo se aplica en circunstancias excepcionales", ha sido necesario porque "ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás".

En cuanto a los objetivos de la decisión que  ha tomado el Gobierno, el presidente ha apuntado que son cuatro: "Recuperar la legalidad, volver a la normalidad y a la convivencia, continuar con la recuperación de la economía y celebrar elecciones. Volver a la legalidad es restituir la vigencia de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Cataluña".

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