Los créditos rápidos no sólo se caracterizan por una sorprendente rapidez a la hora de ser tramitados y concedidos, sino que también suelen establecer plazos de amortización excepcionalmente breves. Esto se pone de manifiesto, especialmente, en los conocidos como mini créditos, que son la forma de financiación más rápida del mercado.

Los plazos más breves pueden consistir en apenas unos días o, más concretamente, entre una semana y un mes. Esto hace bastante complicado calcular de una forma fiable las posibilidades que tenemos de devolver el préstamo a tiempo.
 

Aplicación progresiva de medidas penalizadoras
 

Las medidas que vamos a ver a continuación suelen ser aplicadas de forma consecutiva en función de la gravedad y prolongación del impago del préstamo rápido.
 

Después de todo, no es lo mismo un cliente que falla en el pago de una cuota que aquel que ha dejado de pagar su crédito de forma indefinida.
 

Aplicación de los intereses de demora
 

La primera consecuencia de no devolver un crédito rápido es la aplicación inmediata de intereses de demora, los cuales no son más que una forma de penalización por lo haber cumplido con las obligaciones a las que nos habíamos comprometido contractualmente.
 

De acuerdo con lo establecido contractualmente, el fallo en el pago de las cuotas correspondientes dará lugar a la generación de intereses de demora, los cuales pueden suponer un importe mucho mayor que el interés propio del préstamo.
 

La aplicación de este tipo de intereses hará que la situación económica empeore muy rápidamente, dado que no sólo tendremos pendiente la amortización del préstamo, sino que el importe adeudado se incrementará exponencialmente.

Los intereses de demora se aplican diariamente
 

Uno de los aspectos más graves de la aplicación de los intereses de demora es el hecho de que muchas entidades nos aplican con carácter diario, por lo que la deuda total se incrementa muy rápidamente.

En este sentido, conviene recordar que este tipo de intereses no sólo se aplican sobre la cantidad originalmente adeudada, sino que también pueden terminar gravando los propios intereses de demora generados anteriormente. En definitiva, una pesadilla que conviene atajar lo antes posible.
 

Inscripción en los registros de morosidad
 

Las entidades de crédito también suelen proceder a inscribir en los registros de morosos a aquellos de sus clientes que no devuelven los préstamos.
 

Para proceder a la inclusión en registros como ASNEF, RAI o Experian basta que dicha entidad presente el contrato y justifique el impago.
 

La inscripción en este tipo de registros puede parecer inocua. Sin embargo, da lugar a consecuencias desastrosas para una persona que está teniendo problemas de liquidez o solvencia.
 

Hay que tener en cuenta que todas las entidades financieras proceden a consultar la base de datos de los registros de morosidad antes de conceder un préstamo, con independencia de que se trate de un crédito rápido o no.

En caso de figurar en dichos registros, la solicitud del préstamo será denegada de forma inmediata. Esto supondrá todo un problema, dado que no será posible conseguir nueva financiación con la que amortizar las deudas anteriores.
 

Los créditos rápidos con ASNEF no conceden préstamos a morosos de otras entidades
 

Por otro lado, conviene tener en cuenta que aquellas entidades de préstamos rápidos que aceptan a clientes que figuran en los registros de morosidad, excluyen sistemáticamente a todos aquellos que tengan pendientes deudas con otras entidades de crédito.
 

Es decir, por mucho que promocionen la concesión de préstamos aún figurando en ASNEF, no tendremos ninguna posibilidad de conseguir la financiación.
 

Aplicación de medidas judiciales
 

Ser beneficiario de un préstamo rápido implica quedar vinculado con una entidad financiera a través de un contrato.
 

Si dicha entidad financiera lo estima oportuno, dicho contrato puede ser esgrimido antes las autoridades judiciales como prueba suficiente para presentar una demanda e iniciar un proceso judicial con objeto de reclamar la deuda pendiente.
 

Aunque muchos de estos créditos no suelen solicitar la aportación de aval alguno, eso no impedirá que debamos responder personalmente de nuestras deudas con todo nuestro patrimonio, tal y como establece el Código Civil.
 

En consecuencia, los tribunales podrían llegar a emitir resoluciones judiciales que impliquen el embargo de nuestras cuentas, nóminas o bienes, si así lo estiman oportuno.
 

Conviene señalar, no obstante, que ya ha habido algunas sentencias que han considerado que los intereses gravados por las entidades de créditos rápidos eran abusivos, motivo por el cual se ha llegado a anular el contrato en los casos más graves.
 

Intervención de empresas de recobro
 

Finalmente, no debemos pasar por alto que las entidades de crédito acreedoras también están en su derecho de recurrir a empresas de recobro.
 

La función de este tipo de empresas consiste en presionar e insistir al deudor para que pague la deuda pendiente.
 

El tipo de medidas que estas empresas especializadas aplican puede ser bastante variado. No obstante, las tácticas más habituales se resumen en dos.
 

Por un lado, se procede al envío de un cobrador vestido de una forma llamativa, el cual se presenta de forma furtiva en presencia del deudor moroso. Existen muchas variedades, de las cuales la más conocida es el “cobrador del frac”.
 

Por otra parte, también es muy frecuente realizar constantes llamadas telefónicas a todos los números de teléfono que puedan estar relacionados de una u otra manera con el deudor.
 

El propósito de estas medidas no es otro que desprestigiar tanto la imagen del moroso y que éste no tenga más remedio que proceder a pagar su deuda para evitar peores consecuencias para su imagen personal y/o profesional.
 

Necesidad de ampliación del plazo
 

Finalmente, no podemos pasar por alto el hecho de que todas las empresas de préstamos rápidos procederán a realizar algún tipo de comunicación con su cliente para intentar paliar el problema, mediante una ampliación del plazo de amortización del préstamo.
 

Por supuesto, dicha ampliación también lleva aparejado un incremento de los intereses a pagar. No obstante, suele ser una situación preferible a la aplicación de penalizaciones por el impago.