Llevamos un tiempo de vacío constitucional y de ruptura del Estado de Derecho. La insumisión y ataque contra los jueces por parte de los sediciosos gobernantes catalanes abrió la espita al Estado de la naturaleza (Hobbes), al mismo tiempo que surgían populismos varios y potentes como el de Podemos, tan insustanciales como inconsistentes;  que ponen en jaque la estructura básica que sostiene el edificio constitucional llevándolo a una crisis agónica.

Otro hito de ruptura con los principios básicos del Estado de Derecho y las garantías procesales ha sido el caso Cifuentes. Fue condenada antes de ser juzgada, sin presunción de inocencia, en una situación francamente extraña en cuanto a la filtración de la noticia, que induce a pensar en que ha habido “fuego amigo”. El enjuiciamiento y condena popular sin procesamiento previo y sin práctica de las pruebas consiguientes; lo que, a su vez implica, el derecho a la defensa; es un linchamiento inaceptable, que implica inflamar la opinión pública para reeditar el uso de la hoguera para la quema de brujas a través  de la opinión publicada. No me voy a detener en este caso, pero está clara la lapidación que se ha hecho al personaje, y el indecente comportamiento de los partidos de la oposición que en lugar de esperar a la aclaración judicial del caso han martirizado hasta el encarnizamiento más vil y cruel a la protagonista. Todos tenemos el derecho al honor, incluso los que hayan sido pillados en delito flagrante. Mientras no haya sentencia firme nadie ha de ser condenado ni ser reo de juicio popular.

Cuando los tribunales de justicia son sustuidos por tribunales del pueblo configurados en dinámicas de masa organizadas por ingenierías sociales, el salto del Estado de Derecho al Estado totalitario está servido, pues el indivíduo deja de tener derechos para someterse al grupo o tribu que desarrolla prácticas de linchamiento.

Lo hemos observado en las manifestaciones e incluso en el intento de asalto a la Audiencia de Pamplona, y a la caza de los jueces; a la presión popular a los tribunales de justicia para condicionar su sentencia y la limpieza del procedimiento judicial; rompiendo las garantias de imparcialidad que deben conllevar los juicios, para administrar justicia. Lo hemos observado, también, en las presiones del Gobierno de Navarra y sus adláteres en el enjuiciamiento a los reos de brutal paliza a los guardias civiles de Alsasua, esta vez en sentido contrario.

El Evangelio, en palabras de Jesús de Nazaret, dice que ante la lapidación de una adúltera, éste afirmó: “Que tire la primera piedra el que no haya cometido pecado”.

El juez que ha elaborado una muy concienzuda y minuciosa pieza de voto particular para cuestionar las garantías procesales en el enjuiciamiento de “La manada” que según parece agredió sexualmente a una joven en los Sanfermines de Pamplona, reproduce jurisprudencia exahustiva para poner en cuestión la sentencia del resto del Tribunal. Eso es bueno para el Estado de Derecho pues esgrime con razón jurídica en función de su conciencia profesional, las razones por las que estima que los reos de condena deberían ser sobreseídos por no existir pruebas concluyentes de su culpabilidad.

Cualquiera que en justicia emitiera una opinión al respecto antes de criticar o condenar a este juez debería leer, si tiene capacidad para ello, con detenimiento, las más de trescientas páginas de la sentencia, de las cuales la mayor parte corresponden a los alegatos jurídico-procesales, del juez que eleva el voto particular y que debe ser no solamente respetado sino defendido por el Ministerio de Justicia, en lugar de la indignante posición de su titular que se suma al populismo con una cobardía que ya es característica de este Gobierno que ni gobierna ni ejerce su magistratura respaldando al tercer poder, el Judicial; sin dejarse llevar por la masa que normalmente piensa con las tripas y con el hipotálamo en lugar de con el córtex; sobre todo, cuando la ideología vacía e inane llamada de “género” se impone sobre el juicio sopesado y el razonamiento frío. En tal sentido resulta una ignominia legislar en caliente dejándose llevar por la corriente y modificar el código penal a “la carta”. Este Gobierno además de frívolo e inconsistente es nefasto y letal para la continuidad de nuestro Estado constitucional; vaciado, ultrajado, recortado y eliminados los más elementales derechos individuales.

Cuando una nación como es España cae en esta dinámica de liquidación de los derechos y libertades, troceando; viciando, y adulterando los principios del derecho, las garantias procesales, la presunción de inocencia, los derechos individuales, los derechos del niño, las mínimas condiciones para que haya juicios justos, etc; es pasto de la demagogia, del populismo, y al final convertido en chatarra, liquidando las garantías jurídicas y de la seguridad en su aplicación. Las consecuencias son imprevisibles, lo vienen siendo; y cualquiera de los ciudadanos puede ser víctima del apaleamiento cruel, del encausamiento sádico sin proceso, de la insidia que destroza su vida, su honor y su dignidad.

Este país ha dejado de ser un lugar seguro, y de eso tiene culpa el Partido Popular; no solamente la oposición demagógica.
 
 

Es paradógico que mientras que los mismos que decían hace poco que no había que legislar en caliente cuando un inmigrante marroquí cauchillaba a un niño y a su madre en Alcobendas, o que una dominica estrangulaba al niño Gabriel en Almería, ahora se rasguen las vestiduras y prediquen el ensañamiento con unos imputados que han tenido un enjuiciamiento con unas mínimas garantías. Y son los mismos que aplauden, jalean y dan mimos a los psicópatas agresores de Alsasua. Y nadie se ha indignado cuando docenas de asesinos etarras han sido excarcelados. Por ejemplo, cuando esto escribo está siendo “indultado” un etarra autor de ocho crímenes, condenado a 350 años. ¿Y de esto no decimos nada?