Operación Colusorium
La Guardia Civil registra las instalaciones de Sener
La empresa de ingeniería Sener ha sido registrada por la Guardia Civil en relación con presunto pago de comisiones de un 3% a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de adjudicaciones públicas, dentro de una investigación sobre un cártel de empresas que presuntamente se habría beneficiado del reparto de licitaciones de la Generalidad.
Dentro de la llamada operación Colusorium, ordenada por el Juzgado Central de Instrucción número 5, se han registrado un total de ocho empresas y 13 despachos profesionales en Barcelona, Lérida, Vizcaya y Sevilla relacionadas con la supuesta comisión de una serie de delitos contra la Administración Pública.
Dentro de la misma operación, se ha entregado un mandamiento judicial dirigido a la Autoridad Catalana de la Competencia para que aporte cuantas actuaciones haya realizado en relación con el entramado de empresas que estarían involucradas en la adjudicación de determinados concursos.
Según informa la Guardia Civil, la investigación, que parte de las operaciones relacionadas con la investigación del 3%, comenzó con el análisis de una serie de correos electrónicos de uno de los investigados. Fechados entre los años 2008 al 2011, de estos emails se obtuvo que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalidad de Cataluña, se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas.
La empresa de ingeniería Sener ha sido registrada por la Guardia Civil en relación con presunto pago de comisiones de un 3% a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de adjudicaciones públicas, dentro de una investigación sobre un cártel de empresas que presuntamente se habría beneficiado del reparto de licitaciones de la Generalidad.
Dentro de la llamada operación Colusorium, ordenada por el Juzgado Central de Instrucción número 5, se han registrado un total de ocho empresas y 13 despachos profesionales en Barcelona, Lérida, Vizcaya y Sevilla relacionadas con la supuesta comisión de una serie de delitos contra la Administración Pública.
Dentro de la misma operación, se ha entregado un mandamiento judicial dirigido a la Autoridad Catalana de la Competencia para que aporte cuantas actuaciones haya realizado en relación con el entramado de empresas que estarían involucradas en la adjudicación de determinados concursos.
Según informa la Guardia Civil, la investigación, que parte de las operaciones relacionadas con la investigación del 3%, comenzó con el análisis de una serie de correos electrónicos de uno de los investigados. Fechados entre los años 2008 al 2011, de estos emails se obtuvo que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalidad de Cataluña, se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas.