El Gobierno Vasco ha autorizado un gasto conjunto de 470 millones de euros para atender las necesidades de la Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda en 2019. El Ejecutivo nacionalista ha decidido adelantar la aprobación de sendos expedientes de gasto para garantizar, de este modo, el pago mensual de las prestaciones desde el mismo mes de enero de 2019 por parte de Lanbide. Según la Administración, “estos 470 millones de euros permiten ayudar a 55.600 familias que no disponen de ingresos suficientes para afrontar los gastos más básicos. Son personas que si no percibieran estos ingresos básicos estarían en situación de exclusión social. El Gobierno les garantiza una renta básica para su inclusión y protección social, así como una ayuda para financiar el alquiler o alojamiento”.

A pesar de que desde el Gobierno de Iñigo Urkullu se asegura que “la Renta de Garantía de Ingresos es una prestación periódica de naturaleza económica que se dirige a las personas integradas en una unidad de convivencia que no disponga de ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusión social”, durante los últimos meses han sido no pocos los casos en que se ha denunciado que estas partidas de los fondos públicos han beneficiado, por ejemplo, a terroristas islamistas, traficantes de drogas o bandas organizadas de delincuentes.

Según los datos más recientes a los que ha tenido acceso La Tribuna del País Vasco, la RGI la cobran alrededor de 70.000 personas en la comunidad autónoma. El 50% de los beneficiarios son inmigrantes, y entre éstos destacan mayoritariamente los originarios de Marruecos, Colombia, Argelia o Rumanía. De hecho, este periódico reveló hace algunos meses que más de un millar de inmigrantes rumanos estarían adquiriendo chalets de lujo en su tierra natal con las ingentes ayudas sociales que reciben en el País Vasco.

La RGI adopta dos modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia y, en su caso, en función de la procedencia de dichos ingresos: 

1. La renta básica para la inclusión y protección social, dirigida a las personas que no dispongan de ingresos procedentes de rentas de trabajo y cuyo nivel mensual de ingresos no alcance el importe de la renta básica para la inclusión y protección social, resultando insuficiente para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral.

1. La renta complementaria de ingresos de trabajo, dirigida a complementar el nivel e ingresos de las unidades de convivencia que, aun disponiendo de ingresos procedentes del trabajo, cuentan con un nivel mensual de ingresos que no alcanza el importe de la renta básica para la inclusión y protección social. 

Por su parte, la Prestación Complementaria de Vivienda también tiene naturaleza económica y se articula como un complemento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), en cualquiera de sus modalidades. Se dirige a cubrir las necesidades relacionadas con los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual de las personas titulares de dichas prestaciones.