El  sistema político británico se considera el más antiguo del mundo, y el que más y mejor ha soportado las vicisitudes de la historia, ha dado origen al modelo de democracia que conocemos como de "Westminster", con un parlamento bicameral y un predominio del bipartidismo.

Sin una Constitución escrita, pero con un conjunto de normas jurídicas que constituyen un corpus constitucional que se empieza a configurar en los siglos XII y XIII, siguiendo ideas de los grande pensadores Locke y Montesquieu entre otros, y representando además de normas, unas tradiciones y usos, es derecho consuetudinario en estado puro y espejo de una histórica pugna entre la Corona y el Parlamento.

Cuando vean una imagen del parlamento británico, fíjense en la gran cantidad de libros que se ubican en el medio de las dos grandes bancadas enfrentadas; esos libros contienen el equivalente a una constitución formal o escrita a partir de la "Gloriosa revolución" de 1688, esos libros contienen textos anteriores a la Constitución de EE.UU. de 1787, la Asamblea constituyente de Francia de 1789, o la de las Cortes de Cádiz de 1812. Son una maravilla de la historia.

Actualmente, con predominio del Parlamento sobre la Corona , el sistema se considera ejemplo no solo de democracia representativa, sino de parlamentarismo activo.

Lo que está ocurriendo con el Brexit tiene consecuencias que van más allá de circunstancias económicas, fracturas sociales o un peligroso revisionismo del propio sistema, porque un elemento que se encuentra en el centro del debate está siendo poco analizado, siendo, a mi entender, uno de los más importantes que un sistema democrático se ha planteado en los últimos dos siglos.

El Brexit surge como planteamiento de unos grupos políticos y unas personas que en primera instancia plantean la cuestión en términos populistas a una población que en segunda instancia será llamada a referéndum y ratifica la decisión que no es otra que abandonar su siempre incompleta integración en la Unión Europea.

Tras percatarse de la descomunal dimensión de la aberración a la que su histórica soberbia les ha llevado y de las tremendas y nefastas consecuencias de su decisión en referéndum, se está planteando la posibilidad de un segundo referéndum que supuestamente revocaría el primero, sin detenerse a pensar que eso, en un transcurso de tiempo tan breve, sería un ataque directo a la mismísima democracia de la que se supone son modelo.

Sería revocar no solo la primera decisión, sino la decisión del pueblo en el que reside la soberanía, es el pueblo el que elige a los miembros del Parlamento que se articula y constituye en poder legislativo, nunca es el Parlamento el que decide quién es el poder legislativo en un sistema de separación de poderes, nunca al revés.

Cuidado con esto, porque sería vulnerar pilares tan básicos del sistema democrático que el concepto de soberanía quedaría dañado, cuestionado, y vaciado probablemente para siempre, para máxima satisfacción de los dictadores y de los populistas de cualquier signo, personajes que hacen 'referéndums ad hoc' cada vez que les conviene, desmontando el verdadero significado de las decisiones que en ellos se deciden, quitándoles la fuerza original y pretendida.

La entrada de Gran Bretaña en la Comunidad Económica Europea, tras iniciativa de Edward Heath y desaparición de la escena del principal opositor europeo, el general De Gaulle, siempre enfrentó a una sector de la opinión pública británica muy reticente a ceder soberanía.

El 5 de junio de 1975 se convocó un referéndum para cuestionar esa incorporación, pero el resultado confirmó su continuidad. El 5 de octubre de 1990 el Gobierno británico se adhirió al mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo (SME), y en 1993 ratificó el Tratado de Maastricht, pero quedando fuera del acuerdo la Política Social al mismo tiempo que abandonan el SME.

El artículo 50 del Tratado de Lisboa es explicito: "Todo estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la unión (Art.50-1). Tan claro como que el reingreso del país que decidiese volver pasa por la aplicación del artículo 49, que sintéticamente explica que "el que se fue a Sevilla perdió su silla" y "ponte a la cola, que es larga".

Cuando se pretende revocar la decisión que tomaron los británicos en referéndum, ejerciendo un derecho soberano y perfectamente articulado en un marco de legalidad, se pretende engañar a todo el mundo. Ocurre que se han dado cuenta de las gravísimas consecuencias económicas de su disparatada e ignorante decisión, consecuencias económicas que afectaran a los 27 miembros que permanecemos, pero en mucha menor medida de lo que les afectará a ellos (ya les está afectando), a su libra, a su FTSE 100, a sus importaciones y a su PIB, por lo tanto no debe ser nuestro problema que su absurda supremacía les empobrezca; de Gran Bretaña, al igual que de Cataluña, ya se están marchando empresas y personas, algunas vienen a España, bienvenidas sean. 

Como no lo es que se esté produciendo una fractura social en Gran Bretaña que no se recuerda desde hace siglos, desde que mandaban los reyes. En Europa ya tenemos problemas sociales suficientes y en España dos en dos partes del territorio, uno de ellos gravísimo por la irresponsable y cobarde acción del 'okupa', como para tener que cargar con lo que los británicos han creado unilateralmente, cuando les ha parecido bien seguir los consejos de unos ambiciosos descerebrados y de un desaparecido David Cameron, que en vez de estar procesado está más escondido que la cara oculta de la luna.

Es significativo que la siempre meticulosa y discreta reina Isabel II haya decidido pronunciarse al respecto, con el 29 de marzo a la vuelta de la esquina y haya dicho que: "Buscar juntos el interés común y nunca perder de vista la visión general de las cosas. Creo que este modo de enfocar los problemas es intemporal y se lo recomiendo a todos".