Tenemos un reto fundamental para la pervivencia de España como nación, y la garantía de libertad, igualdad y justicia para todos los españoles.

Estamos en la mayor acometida contra España como casa común histórica de todos los españoles que se haya conocido. La Guerra Civil del 36 se dirimió entre dos Españas: la comunista sometida a las directrices de Moscú y la Nacional, para oponerse a la conquista de nuestro territorio por la nueva ola moscovita, que convertiría a España en un satélite de la Unión Soviética. Pero aún así, la izquierda tenía una idea de España unitaria que hoy ha abandonado con su alianza con los enemigos de la España constitucional y con la destrucción de los elementos que posibilitan la igualdad entre todos los españoles ante la ley y sus lazos de cohesión.

Los principales elementos que nos han abocado a esta situación son dos: una ley electoral absurda que posibilita que las políticas nacionales pivoten en partidos que conspiran contra España como nación unitaria, y un sistema político basado exclusivamente en partidos políticos oligarcas que impiden la interacción de los ciudadanos con sus representantes. En definitiva, que vicia el sentido genuino de la democracia como sistema de participación ciudadana en la gestión de los intereses generales.

El constituyente podría haber elegido un sistema de representación de doble vuelta que garantizara la estabilidad del sistema político, como en el caso de Francia, o un sistema en el que los representantes elegidos por los ciudadanos rindan cuentas no ante sus partidos sino ante sus electores, mediante un sistema de distritos uninominales; de tal manera que esos diputados se deban a sus electores y no a sus partidos, como en el caso del Reino Unido. Se optó por el peor sistema, que nos ha llevado a que unos pocos diputados, con la misión de destruir la unidad nacional y su propia existencia, decidan el futuro de nuestra nación sin romper con nuestro pasado, con la peor de las situaciones posibles desde un punto de vista democrático.

Sánchez, en su libro “Manual de resistencia”, apunta a su objetivo de reforma constitucional sobre la base del “diálogo”, que es la mayor trampa mortal posible para la pervivencia de nuestro Estado unitario y la nación histórica. Diálogo, para él, es el pacto con los que quieren destruir España y nuestra convivencia. El planteamiento de una reforma constitucional de esta guisa supone la vuelta a la división de los españoles en dos bloques, cosa que Zapatero consiguió, destruyendo el espíritu de la Constitución del 78 y Sánchez pretende culminar mediante un nuevo consenso con lo que él llama ilusamente bloque progresista, con el consabido cinturón sanitario a la llamada derecha.

Dice Sánchez en su ominoso libro:

“A quien no le convenza en tus filas, tendrás que persuadirle, porque eso también forma parte del liderazgo. La reforma constitucional es el camino para recomponer el consenso perdido, y se debe hacer con las mayorías que marca la propia Constitución, en unos casos dos tercios, en otros tres quintos… A veces el argumento de lograr un consenso equiparable al de 1978 se vuelve absurdo y opera en contra de cualquier acuerdo [el subrayado es mío]. No dejemos que el no lograr lo mejor nos impida lograr lo bueno. A no ser que en el fondo esa renuencia a la reforma esté denotando una actitud defensiva de la derecha ante las reformas. Sin duda, la de la Constitución es una de las grandes reformas que tiene pendientes la política española.”

El bloque ideológico de su libro va orientado casi exclusivamente en esa dirección.

Pero el problema de fondo es de más hondura. El proceso de deconstrucción de nuestras esencias comunes como españoles ha ido en estas direcciones básicas:

• La destrucción del sentido y significado de la familia como núcleo de articulación de nuestras sociedades y con ello la demolición  de los roles tradicionales y universales con los que se constituye la unidad familiar. Lo que ha supuesto una modificación grave de la percepción de la maternidad, un cambio profundo de la función educadora de la familia, arrogando al Estado atribuciones que no le son propias; y un problema demográfico grave derivado, con inversión de la pirámide de población y caída de las tasas de sustitución demográficas, por inhibición de la natalidad.

• La negación de la moral, como trasunto cognitivo que guía la conducta de los ciudadanos y que en las sociedades de tradición cristiana tiene un componente civilizador. Para ello se han modificado los roles sexuales, recompuesto el imaginario colectivo y deformado el concepto de lo que es natural en los comportamientos sexuales, dando carta de naturaleza de normalidad a lo que es excepcional.

• La supresión de la igualdad ante la ley, eliminando la presunción de inocencia en casos de supuesta violencia llamada de género cuando ésta procede del varón, modificando el requisito de no discriminación de personas en función de su condición. Lo cual, en una democracia basada en derechos de las personas, es una transgresión inaceptable.

• La descomposición del sistema educativo nacional, de España, fragmentándolo en 17 entes autónomos, perdiendo el Estado el control de lo que sucede en las comunidades autónomas, convertidas en reinos de taifas donde el sistema de enseñanza se ha convertido en “madrasas” de adoctrinamiento ideológico, liquidando los fundamentos de nuestra cultura común y falseando la realidad de la historia, de la formación humanística y antropológica compartida y demás componentes cognitivas que  orientan la percepción real de las cosas en una deriva hacia un realismo mágico nacionalista, inclusive en comunidades de predominio no nacionalista.

• La práctica eliminación, por inoperante, del artículo 3 de la Constitución Española que preserva el castellano como lengua española, confundiendo lenguas de España con lengua española, y creando guetos donde prácticamente ha desaparecido la lengua común en las escuelas; provocando un fracaso escolar en amplias capas de alumnos que tienen la desgracia de tener que estudiar en centros mal llamados educativos de Galicia, Baleares, Valencia, Cataluña o País Vasco.

• La ausencia de referentes claros del concepto de dignidad humana y del derecho a la vida, dando pábulo al asesinato de niños en gestación mediante un aborto sin suficientes garantías de control; y la posibilidad de legislar sobre la eutanasia. Esto es un nuevo salto cualitativo en la idea de que las personas pueden ser transgredidas en su dignidad vital, con una supeditación del derecho natural al derecho positivo aunque éste beba sus fuentes de aquel; llevándonos a un relativismo y nihilismo antropológico que dirigen a la población hacia un existencialismo que provoca que la principal causa de muerte, por encima del cáncer o de los accidentes de carretera, sea el suicidio junto al aborto. Habría que preguntar por qué se oculta este fenómeno de nuestras sociedades y por qué no se analizan las causas.  Otra de las consecuencias es la elevación de las depresiones y de las toxicomanías, sobre todo en las etapas más incipientes del desarrollo de las personas.

Enrique Gracia Grau, cierra un artículo en la revista “Razón Española” con este magnífico colofón:

“Sabemos que la forma de curar los males de nuestra civilización es llevar a cabo una concepción real de la libertad, restaurar la dignidad del hombre y la independencia de la familia, salvaguardada de forma apropiada por la distribución de la propiedad. Europa, España, viven un momento génesis. Sin duda, debemos tomar razón de la necesidad imperiosa de luchar por el resurgimiento de los valores garantizados en nuestra cultura, en busca del sentido de la vida y de la historia de España y de la vieja Europa”

No sirve una Europa donde se liquiden las soberanías nacionales de sus viejos estados, en aras a un nuevo Orden Mundial. No sirve una Europa donde se desindustrialice a España y se liquiden sus formas de economía seculares, reservando a nuestro País la función de servicios ligados al monocultivo del turismo de playa. No deberíamos haber entrado de forma tan indigna y por la puerta de atrás en la Europa de Maastricht, cuando el modelo hubiera podido ser el del Reino Unido impidiendo que los países periféricos queden satelizados por Alemania y Francia. Ser europeísta no significa estar de acuerdo con el actual modelo de construcción europea donde gobiernan oligarquías no elegidas por los ciudadanos y poderes no explícitos. Esto está arruinando, también, nuestra forma de regirnos en democracia, pues nuestros poderes internos quedan reducidos a la mínima expresión, inclusive los órganos jurisdiccionales de nuestra Justicia, puesto al píe de los caballos en la preservación de las bases en las que se construye nuestra unidad constitucional.

Por todo ello pienso que Vox es una buena opción, para defendernos a los ciudadanos alérgicos a las revoluciones bolivarianas, mientras ese partido mantenga con firmeza y sin titubeos los principios configuradores de sus fundamentos originarios.

No me valen etiquetas que solo sirven para señalar al que piensa diferente a lo políticamente correcto. Los ciudadanos debemos pensar de forma autónoma y libre, sin dejarnos llevar por aires de estigmatización y segregación. Una concepción liberal de la política conlleva ser flexible y respetuoso con formas diferentes de ver las cosas, y quienes tratan de poner barreras al pensamiento y a la libre expresión son los que en realidad muestran una cara totalitaria.

Me solidarizo, por tanto, con Vox.