El Tribunal Supremo acaba de notificar al equipo jurídico de la Asociación Hablamos Español, que ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Lugo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que había anulado varios artículos de la Ordenanza del Uso del Gallego en la Administración Municipal de Lugo.

Este procedimiento se inicio en 2012, cuando Galicia Bilingüe recurrió dicha ordenanza. Tras un litigio de cuatro años, por fin, en 2016, la Sala de los Contencioso del TSJG anuló total o parcialmente 12 artículos por ser contrarios a derecho.

Pero el Ayuntamiento de Lugo, empeñado en seguir imponiendo el gallego en su funcionamiento habitual, recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, y es ahora cuando el alto tribunal no solo da la razón a la asociación pro libertad de elección de lengua, sino que condena al Ayuntamiento a pagar las costas del juicio. Galicia Bilingüe se integró recientemente en la asociación nacional Hablamos Español, también presidida por la viguesa Gloria Lago, de manera que el caso del Ayuntamiento de Lugo pasó a ser de Hablamos Español.

La Ordenanza cuestionada fue aprobada por unanimidad y aplaudida con entusiasmo por el gobierno de la Xunta de Núñez Feijóo (PP), cuyo Consejero de Educación la puso como modelo de excelencia. Desde Hablamos Espaol se señala que, gracias a esta sentencia, se ha logrado lo siguiente:
 

- No se puede declarar el idioma gallego lengua oficial de un organismo público sin citar expresamente al castellano.

- En los plenos y reuniones no se puede prohibir el español en Ruegos y Preguntas.

- La rotulación de dependencias y despachos municipales tiene que incluir el español.

- No se puede prohibir el uso del español a contratistas y proveedores de los ayuntamientos, y estos no estarán obligados a usar el gallego para relacionarse con el Ayuntamiento, ni en la rotulación de sus bienes y servicios, ni con los usuarios. La ordenanza establecía, además, que debía figurar en el pliego de condiciones un compromiso de uso, y que el Gabinete de Normalización Lingüística podía incluso revisar su calidad lingüística. Todo esto queda, afortunadamente, anulado.

- Los ciudadanos podrán recibir documentos también en castellano sin tener que pedirlos formalmente, y aquellos que surtan efecto fuera de Galicia tendrán que ser enviados en español, sin hacer constar que son una traducción del gallego.

- Los funcionarios no estarán obligados a hablar siempre en gallego con los ciudadanos.

- Los cargos electos podrán usar el español en sus intervenciones públicas.
 

- En las revistas municipales,  campañas publicitarias, etc.,  habrá de usarse también el castellano.
 

- Los rótulos y señalización de la red viaria municipal han de ser bilingües.
 

- El gabinete de Normalización Lingüística no podrá formar parte del equipo que decide a quien se contrata para trabajar en las dependencias municipales.
 

- Las actividades deportivas, culturales, juveniles, o de cualquier otro tipo no tendrán que ser obligatoriamente  en gallego para recibir subvenciones del Ayuntamiento.