España firmó en el año 1977 su adhesión al Consejo de Europa que, digámoslo desde el principio, no es ninguna institución de la Unión Europea. Es un organismo fundado en 1949 por varios países europeos, con sede en Estrasburgo, para “consolidar la paz fundada en la justicia y la cooperación internacional, salvaguardar los principios de libertad, democracia y de preeminencia del derecho, y favorecer el progreso social y económico”.

Dentro de las materias ratificadas en este organismo están la participación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la firma de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Dicha Carta consiste un tratado internacional adoptado el 25 de junio de 1992 y ratificado por España el 9 de abril de 2001. Por esta ratificación, tiene valor de ley y sus decisiones son vinculantes.

La Carta es un documento que no fue pensado para los países de Europa occidental, unas naciones asentadas y con siglos de existencia. Se reflexionó sobre ella en el contexto de las minorías nacionales de los países de Europa Oriental, ya que el establecimiento de fronteras durante el siglo XX había separado pueblos como el húngaro o el rumano en estados diferentes. Esto daba lugar a verdaderas políticas de erradicación cultural y lingüística en algunos países, al contrario de las políticas de integración que se seguían en Europa Occidental, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial.

Este tratado no es un instrumento de protección de los “derechos lingüísticos” de las personas. Lo que defiende es que las lenguas cooficiales (minoritarias, y no “minorizadas” como les gusta decir a algunos) son percibidas como elementos necesitados de un determinado grado de protección, como puede pasar con los monumentos históricos o las tradiciones culturales.

Un comité designado para defender los principios de la Carta emite cada cuatro años un informe sobre el cumplimiento, en cada país, de las directrices emanadas de este organismo. El informe se elabora con la colaboración de las autoridades autonómicas, así como con la información de la que dispone la Administración General del Estado.

El último documento elaborado es el Quinto Informe, que recoge las conclusiones del periodo 2014-2016. En su introducción, se puede leer que: “Tal y como se indicó en los informes precedentes, el mero examen de estos documentos pone de manifiesto que el plurilingüismo constituye uno de los rasgos esenciales del Estado Autonómico español, siendo dicha característica generadora de riqueza cultural, social y económica, así como un patrimonio común que debe ser respetado y promocionado, no sólo para atender los compromisos derivados de la Carta, sino para cumplir adecuadamente las prescripciones al respecto constitucionales, estatutarias y legales del Estado español”.

En realidad, lo que el Informe y la Carta pretenden es proteger la riqueza cultural, expresada a través de los idiomas cooficiales en el lugar donde sean propios. No se trata de aplicar políticas de inmersión lingüística con eliminación de la lengua española como vehicular ni de promocionar artificialmente una lengua cooficial donde nunca se ha hablado, sino de favorecer que la oferta en educación, formación y uso de la lengua cooficial minoritaria satisfaga la posible demanda de la sociedad.

Para más información:

- Quinto Informe sobre el cumplimiento en España de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias (2014-2016): https://rm.coe.int/spainpr5-es-docx/1680788433