La búsqueda de la máxima impunidad y de beneficios político-sociales para el entorno de la banda terrorista ETA y para la autodenominada “izquierda abertzale” que está tratando de hacer efectiva el Parlamento vasco, con la aquiescencia y el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez, se asienta sobre una clara estrategia: mezclar a las víctimas del terrorismo, de los “excesos policiales”, de los malos tratos, de torturas, de agresiones injustas e, incluso, de la dictadura franquista y de la batalla de Machichaco, con la pretensión, tan sibilina como vergonzosa, de fomentar la mentira suprema de que la actividad asesina y totalitaria que la banda terrorista ETA ejerció durante casi medio siglo es solamente “una más” de un conjunto variado de violencias ejercidas desde el Estado democrático español o desde personas, entidades u organizaciones ligadas a éste.

La existencia evidente de víctimas de diferentes organizaciones terroristas y de víctimas diferentes a las víctimas del terrorismo no debe hacernos olvidar que en el País Vasco jamás ha habido “dos bandos enfrentados” o que el único conflicto real que ha existido en nuestra tierra es el generado por ETA, que ha asesinado a casi un millar de personas, que es la responsable de algunos de los crímenes más horrendos que se han producido en Europa a lo largo de los últimos años y que todavía hoy, junto con sus adláterres, aún desea conseguir un premio político por dejar de matar.

Nada podrá reconstruirse en el País Vasco desde un punto de vista ético si, interesadamente y para acercar a los terroristas los beneficios de la impunidad, se intenta correr un tupido velo sobre la infamia y la iniquidad y se intenta difuminar el perfil testimonial, acusador y claramente definido de las víctimas del terrorismo, al mismo tiempo que se refuerza el protagonismo reivindicativo de otras presuntas víctimas que, en demasiados casos, tienen más relación con los verdugos del tiro en la nuca que con las víctimas del totalitarismo etarra.