El SUP recurre ante el Supremo la ley vasca de abusos policiales y carga contra la ley navarra de víctimas de “la extrema derecha”
El País Vasco y Navarra continúan blanqueando el terrorismo de ETA
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha recurrido ante el Tribunal Supremo la ley de abusos policiales aprobada recientemente por el Parlamento Vasco. En concreto el recurso se interpone contra el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco, que desestimó uno anterior planteado por el SUP contra la citada norma.
En un comunicado el SUP señala que el TSJ adoptó tal decisión por "falta de legitimación de esta organización para defender los intereses de los policías a pesar de que la ley pretende someter a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado a una justicia paralela que potencialmente permitirá declararles como torturadores sin intervención alguna en el proceso del poder judicial".
El SUP alega que ello quebranta el principio de igualdad ante la ley y la potestad exclusiva de los jueces para enjuiciar actuaciones o conductas delictivas. Ante esta situación, el sindicato anuncia que cumplirá con su compromiso de defender el honor y la imagen de la Policía Nacional y que para ello agotará cuantas instancias judiciales sean necesarias. Siempre con un fin claro: “resarcir lo que constituye en sí mismo una humillación a la totalidad del colectivo, elemento esencial en la construcción de un relato falso sobre ETA con el que se pretende blanquear la historia del terrorismo llevado a cabo por esta banda en nuestro país durante más de 40 años", añade.
Paralelamente, el SUP considera "inadmisible" la ley navarra de “reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”, aprobada por el Parlamento de Navarra, y ha afirmado que "esta ley es un intento de blanquear la historia" porque en la Comunidad foral "no hubo bandos, sino una banda terrorista".
"Aquí no hubo un conflicto ni una guerra, sino unos asesinos y unos asesinados. ETA no ha pedido perdón al conjunto de la sociedad navarra ni a buena parte de las víctimas, una banda terrorista derrotada por funcionarios públicos que esta ley intenta criminalizar", ha sostenido el sindicato.
Para el SUP, la ley aprobada por la extrema izquierda independentista que gobierna navarra "pretende reconocer como víctimas de torturas a personas que no cuentan con una sentencia judicial firme que acredite tal condición, lo que vulnera el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva que garantiza nuestra Constitución".
"Ya sólo el título de la norma es por si ofensivo hacia los servidores públicos, como los que representa este sindicato", ha expuesto el SUP, para criticar que la norma "criminaliza a la Policía, hasta cuando no lo haya hecho el poder judicial".
Según ha indicado, "aunque el carácter de esta norma es sólo administrativo y no punitivo, la comisión de expertos basará sus pronunciamientos en la recopilación de hechos, sin poder entrar en investigaciones". Y ha considerado "insultante" que "en el título de la norma funcionarios públicos vaya detrás de grupos de extrema derecha, como si fueran a correlación los unos con los otros".
Además, el SUP ha cuestionado que la ley hable de "sensibilización" poniendo en marcha ciclos, cursos, seminarios o congresos para "la reflexión de las vulneraciones de derechos humanos producidos de la violencia de motivación política", cuando EH Bildu "no ha condenado el terrorismo de la banda armada ETA o Podemos-Orain Bai no han condenado la agresión a los compañeros de la guardia civil y sus parejas en Alsasua".
También ha criticado el sindicato a Geroa Bai y "su pasividad con las víctimas del terrorismo etarra" y a un Gobierno foral que "en cuatro años no ha dado muestras de apoyo ni a las víctimas, ni a los funcionarios públicos destinados en esta comunidad".
"Estaría bien que tuvieran la misma iniciativa para la sensibilización con las víctimas de ETA, esa sensibilización que no tuvo el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, de EH Bildu, que intentó por todos los medios impedir la celebración en la Sala de Armas de la Ciudadela de la exposición 'La victoria de la libertad', que recordaba a los 186 policías nacionales asesinados en atentados terroristas de ETA”.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha recurrido ante el Tribunal Supremo la ley de abusos policiales aprobada recientemente por el Parlamento Vasco. En concreto el recurso se interpone contra el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco, que desestimó uno anterior planteado por el SUP contra la citada norma.
En un comunicado el SUP señala que el TSJ adoptó tal decisión por "falta de legitimación de esta organización para defender los intereses de los policías a pesar de que la ley pretende someter a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado a una justicia paralela que potencialmente permitirá declararles como torturadores sin intervención alguna en el proceso del poder judicial".
El SUP alega que ello quebranta el principio de igualdad ante la ley y la potestad exclusiva de los jueces para enjuiciar actuaciones o conductas delictivas. Ante esta situación, el sindicato anuncia que cumplirá con su compromiso de defender el honor y la imagen de la Policía Nacional y que para ello agotará cuantas instancias judiciales sean necesarias. Siempre con un fin claro: “resarcir lo que constituye en sí mismo una humillación a la totalidad del colectivo, elemento esencial en la construcción de un relato falso sobre ETA con el que se pretende blanquear la historia del terrorismo llevado a cabo por esta banda en nuestro país durante más de 40 años", añade.
Paralelamente, el SUP considera "inadmisible" la ley navarra de “reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”, aprobada por el Parlamento de Navarra, y ha afirmado que "esta ley es un intento de blanquear la historia" porque en la Comunidad foral "no hubo bandos, sino una banda terrorista".
"Aquí no hubo un conflicto ni una guerra, sino unos asesinos y unos asesinados. ETA no ha pedido perdón al conjunto de la sociedad navarra ni a buena parte de las víctimas, una banda terrorista derrotada por funcionarios públicos que esta ley intenta criminalizar", ha sostenido el sindicato.
Para el SUP, la ley aprobada por la extrema izquierda independentista que gobierna navarra "pretende reconocer como víctimas de torturas a personas que no cuentan con una sentencia judicial firme que acredite tal condición, lo que vulnera el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva que garantiza nuestra Constitución".
"Ya sólo el título de la norma es por si ofensivo hacia los servidores públicos, como los que representa este sindicato", ha expuesto el SUP, para criticar que la norma "criminaliza a la Policía, hasta cuando no lo haya hecho el poder judicial".
Según ha indicado, "aunque el carácter de esta norma es sólo administrativo y no punitivo, la comisión de expertos basará sus pronunciamientos en la recopilación de hechos, sin poder entrar en investigaciones". Y ha considerado "insultante" que "en el título de la norma funcionarios públicos vaya detrás de grupos de extrema derecha, como si fueran a correlación los unos con los otros".
Además, el SUP ha cuestionado que la ley hable de "sensibilización" poniendo en marcha ciclos, cursos, seminarios o congresos para "la reflexión de las vulneraciones de derechos humanos producidos de la violencia de motivación política", cuando EH Bildu "no ha condenado el terrorismo de la banda armada ETA o Podemos-Orain Bai no han condenado la agresión a los compañeros de la guardia civil y sus parejas en Alsasua".
También ha criticado el sindicato a Geroa Bai y "su pasividad con las víctimas del terrorismo etarra" y a un Gobierno foral que "en cuatro años no ha dado muestras de apoyo ni a las víctimas, ni a los funcionarios públicos destinados en esta comunidad".
"Estaría bien que tuvieran la misma iniciativa para la sensibilización con las víctimas de ETA, esa sensibilización que no tuvo el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, de EH Bildu, que intentó por todos los medios impedir la celebración en la Sala de Armas de la Ciudadela de la exposición 'La victoria de la libertad', que recordaba a los 186 policías nacionales asesinados en atentados terroristas de ETA”.
